Noviembre de 2024 quedará marcado en la memoria del magistrado Eloy Velasco. Durante su intervención como ponente en la V Semana Internacional del Compliance, pronunció unas palabras sobre Irene Montero y la ley del «solo sí es sí» que desatarían una tormenta mediática y un procedimiento disciplinario que aún continúa.
Pero ¿qué ocurrió realmente ese día?
Conviene recordar que el evento donde Velasco hizo sus declaraciones no fue un acto judicial, ni una rueda de prensa institucional, ni siquiera un foro público abierto.
Se trató de un congreso profesional organizado por CUMPLEN, el Instituto de Oficiales de Cumplimiento y la World Compliance Association: tres asociaciones privadas sin ánimo de lucro.
Un evento dirigido a profesionales del Compliance, con formato híbrido y una audiencia especializada.
Si voy a una boda, voy como amiga o familiar, no como abogada por mucho que lo sea. Pero si me invitan a participar en un congreso, realizar una ponencia, etc., es precisamente por mi «expertise» en la materia.
Eloy Velasco estaba allí en ese congreso concreto, más que como Magistrado de la Audiencia Nacional, como experto en Compliance y en casos de corrupción empresarial, ámbitos en los que tiene reconocida solvencia tras más de 30 años de carrera judicial.
Su presencia no era casual, pero tampoco representaba formalmente a la judicatura.
El estilo Velasco
Conozco a Eloy Velasco desde 2005, cuando era juez del Juzgado de Instrucción nº 24 de Madrid, en Plaza Castilla. Desde entonces le he escuchado en numerosas conferencias, ponencias, presentaciones de libros y otros eventos profesionales.
Incluso coincidimos como ponentes en un congreso hace más de una década en la Universidad de Salamanca. También le he oído en ambientes informales, sociales y privados.
Si algo caracteriza a Velasco es su excepcional dominio de la oratoria. Habla siempre sin notas, con una memoria envidiable, y tiene esa capacidad de captar y mantener la atención del auditorio que no todos los juristas poseen. Y recurre, consciente o inconscientemente, al humor.
Hace bromas cuando expone. Es su estilo. Y funciona: relaja la tensión que generan temas áridos, mantiene al público enganchado, y cuando arranca una sonrisa o carcajada, el público lo agradece.
Ayer mismo, 9 de febrero, acudí a la presentación de su último libro. Entre el público había fiscales, jueces, abogados, estudiantes y personas ajenas al mundo jurídico.
Se le notaba relajado, a gusto, entre amigos. Y soltó varias de sus gracias características: bromeó sobre que los mejores colaboradores/autores del libro eran los que no habían venido a la presentación, se quejó con humor de los pasajeros del avión que no le dejaron dormir, a colación de su reciente viaje a México.
Nos pidió que nos acordáramos de él cuando viajáramos. Todos entendimos perfectamente que eran bromas, aunque «criticara» a alguien.
La broma que no gustó
Es cierto que Irene Montero no es amiga suya, ni coautora de ningún libro conjunto, y que el tono de broma que empleó aquel día no era exactamente el mismo de un ambiente entre colegas. Pero analicemos lo ocurrido con perspectiva acerca de sus palabras y contexto:
«De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar que es consentir, a un jurista que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es consentimiento. Y el expreso y el consentimiento tácito y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona ni nos podrá dar clases a los demás».
A esto diré sólo tres cosas:
Primero: no dejó de ser una guasa para reforzar su discurso como jurista con tantos años de experiencia: la idea de que alguien sin formación jurídica no puede dar lecciones de Derecho a quienes llevan décadas estudiándolo y aplicándolo.
Puede gustarnos más o menos, puede parecernos desafortunada, pero era eso: un recurso retórico con tintes humorísticos.
Segundo: de sus palabras no se desprende odio, ni machismo, ni una intencionalidad deliberada de dañar el honor de la eurodiputada, que ni siquiera ha sido cajera del Mercadona, sino de otro establecimiento.
Lo que se desprende es una crítica —compartida por muchos juristas— a una ley que muchos consideramos mal elaborada técnicamente.
Ley que, de hecho, tuvo que ser reformada 6 meses después debido a los conocidos problemas prácticos que conllevó, así como consecuencias no previstas que generaron una fuerte polémica política y social, debido a reducciones de penas y excarcelaciones inesperadas.
Tercero: el contexto importa: no se trató de un evento público institucional, sino de un congreso profesional privado de pago, aunque abierto a quien quisiera inscribirse.
La respuesta de Irene Montero
Pues ella optó por responder días después, y lo hizo públicamente en redes sociales, pero no presentó queja alguna ante el Consejo General del Poder Judicial. Fue un particular anónimo quien activó el procedimiento disciplinario.
Su respuesta decía: «Que los jueces necesitáis formación en violencias machistas lo mandatan las leyes y lo dice la ONU: ‘los estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa’. De cajera a juez Velasco: cumpla la ley y póngase a estudiar.»
Tampoco fue muy acertada, a mi juicio. No solo por el error gramatical al decir: «lo mandatan las leyes”. «Mandatar» significa, según la RAE, «conferir a alguien la capacidad para ejecutar un mandato», no «ordenar» o «imponer». Hubiera sido más apropiado utilizar las frases «lo mandan las leyes» o «por mandato de las leyes».
Pero es que, además, su respuesta insinuaba que Velasco puede incurrir en errores al aplicar las leyes por sus supuestas carencias formativas, lo que puede suponer una acusación grave dirigida a un magistrado con una larga trayectoria profesional que ha demostrado sobrada capacidad técnica durante décadas. Y, además, le exhortaba a cumplir la ley y a estudiar, algo del todo innecesario siendo precisamente el trabajo de un juez.
«La separación de poderes no convierte a los jueces en ciudadanos de segunda categoría sin derecho a la crítica técnica, al menos, a mi juicio».
Y en cuanto a la libertad de expresión judicial, me viene a la cabeza, entre otras muchas cosas, que hace unos días, el juez de Santander Luis Enrique García Delgado publicaba una columna titulada «La problemática libertad de expresión de los jueces», donde señalaba algo fundamental:
«Ello es curioso porque una de las críticas que se nos suele hacer en España a los jueces es que tendemos a opinar sobre la bondad de leyes aprobadas por las Cortes (…) como si el hecho de que los poderes estén separados, o la obviedad de que el juez deba aplicar la ley aunque no le guste, fuera incompatible con censurar su inconsistencia, los defectos que pueden derivarse de su aplicación o incluso el riesgo que puede generar para el propio sistema democrático».
Ahí está el quid de la cuestión. ¿Pueden los jueces, en su ámbito profesional privado, opinar sobre las leyes que aplican? ¿Deben autocensurarse incluso cuando no actúan en representación institucional?
La separación de poderes no convierte a los jueces en ciudadanos de segunda categoría sin derecho a la crítica técnica, al menos, a mi juicio.
Y por supuesto no estoy diciendo en estas letras que me pareciera afortunada su expresión hacia Montero, creo no lo fue. Pero, tampoco me parece proporcionado que se enfrente a una sanción por falta grave.
Se debe analizar muy bien la proporcionalidad y el contexto de estos hechos.
El CGPJ ha rechazado por dos veces archivar el caso y finalmente ha abierto expediente disciplinario por falta grave (artículo 418.5 LOPJ). Mientras tanto, ¿Fueron sus palabras desafortunadas? Probablemente. ¿Merecían la reacción (a todos los niveles) que han tenido?
Eso ya es más discutible. Entre el humor mal calibrado de un magistrado en un evento privado profesional y la apertura de un expediente disciplinario por falta grave, media un abismo que debería invitarnos a reflexionar sobre hasta qué punto estamos dispuestos a coartar la libertad de expresión de quienes, precisamente, tienen el deber de protegerla.
La línea entre la crítica legítima a una norma y la desconsideración personal es fina, pero también lo es la línea entre proteger el decoro judicial y ahogar el debate técnico sobre las leyes que los jueces deben aplicar.
Y en este caso, se pudiera haber cruzado la segunda.
