Hay un abogado penalista por ahí, ahora en boca de todos, que lleva más de tres décadas enfrentándose, con coraje y rigor, a jueces y fiscales en los tribunales de este país.
Yo lo admiro desde que comencé en esta misma profesión, hace ya veinte años. Siempre ha sido conocido, sí, pero no por su habilidad para posar en «selfies» ni por sus vídeos virales en redes sociales.
Su fama es la auténtica: la que se gana con trabajo, talento y resultados.
Es conocido en los juzgados y en los calabozos, entre quienes han pisado el lado oscuro de la ley —una vez, muchas o ninguna—. Lo conocen desde el ladrón que roba joyerías hasta el narco que inspira series en plataformas de «streaming», pasando por ese del cuello blanco que desfalca una empresa.
Pero no se ha limitado a defender ladrones, traficantes, terroristas, Ha representado a personas acusadas de todo tipo de delitos, porque los abogados penalistas, la mayoría al menos, no elegimos defender un delito concreto ni nos gusta que nos encasillen.
Defendemos algo importante: los derechos fundamentales de quienes están acusados. Sean culpables o inocentes.
Yo también defiendo a ladrones, traficantes, terroristas…. También a violadores, asesinos o carteristas de poca monta. ¿Y por qué? Porque los abogados no defendemos delitos. Defendemos el derecho a la defensa. Una distinción que algunos, quizás, aún no entienden.
LE GRABARON EN SU DESPACHO
Hablo de este compañero porque lo que le ha sucedido podría habernos pasado a cualquiera. Le grabaron durante una reunión en su despacho, ese lugar sagrado para nuestra profesión donde un cliente debe sentirse seguro para hablar sin miedo, sin filtros.
¿Se imagina usted acudiendo a su abogado para contarle lo más delicado de su vida y que, días después, esa conversación aparezca reproducida en los medios de comunicación?
Eso no es solo una violación de la intimidad. Es una amenaza directa al derecho de defensa.
Porque cuando se vulnera la confidencialidad entre un abogado y su cliente, no sólo nos dañan a nosotros como profesionales. Están atentando contra un pilar esencial del Estado de Derecho.
Hoy ha sido él. Mañana podría ser yo o podría ser usted.
Y entonces me hago una pregunta inevitable: cuando al abogado le toca ser el vulnerado, ¿quién lo defiende?
La respuesta debería ser clara: nuestro Ilustre Colegio de la Abogacía, en este caso el de Madrid. Y el Consejo General de la Abogacía Española.
Para eso están, ¿no? Porque pagamos cuotas, cada año van subiendo, precisamente también para sentirnos protegidos si llega la hora. Y, sin embargo, salvo error u omisión, hasta ahora, mi admirado compañero no ha visto a su Colegio pronunciarse públicamente ni alzar la voz como corresponde.
LO OCURRIDO NOS AFECTA A TODOS LOS ABOGADOS
Pero a mí, me viene a la cabeza un gesto que tuvo nuestro estimado Decano en marzo de 2024 en forma de comunicado público, y después incluso de querella, a favor de un señor, novio de una señora, que con independencia de que para muchos es un delincuente confeso, lo cierto y verdad es que ni siquiera pagaba esas cuotas porque no es abogado, pero nuestro Ilustre Colegio sacó pecho y le defendió, porque consideraba, y probablemente lo era, de “extrema gravedad” que la Fiscalía hubiera podido filtrar determinada y sensible información que le afectaba sólo a él.
Pero hoy vivimos una situación igual de grave, si no más, y aún no ha habido reacción similar por parte de nuestra Institución.
Por eso, y como conclusión, yo espero lo mismo. Espero que nuestra Institución dé un paso al frente. Que no dude en presentar una querella contra quien haya cometido esta flagrante violación del derecho de defensa y del secreto profesional.
Porque si a la policía se le exige una orden judicial para intervenir una conversación, ¿por qué alguien más puede grabar y difundir impunemente una reunión entre abogado y cliente?
Lo ocurrido no afecta solo a un abogado. Nos afecta a todos. Porque si hoy miramos hacia otro lado, mañana ni siquiera podremos garantizar uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia: el derecho a la defensa.
Sylvia Córdoba, abogada penalista, reflexiona sobre el caso Leire Díez, que han conmocionado al país entero.
