Más de 200 normas diseñadas por el Gobierno dirigido por Pedro Sánchez desde 2018 podrían ser susceptibles de derogación o reforma profunda. Así lo determina el informe «Desenredar España» elaborado por el Instituto Juan de Mariana y el Centro de Estudios, Formación y Análisis (CEU-CEFAS).
En concreto, este informe auditor examina 243 leyes orgánicas, ordinarias, reales decreto-ley y reales decreto legislativos que se han aprobado desde la llegada del Ejecutivo socialista al poder en 2018.
Y el resultado es claro: «España afronta un problema estructural de hipertrofia normativa». Algo que provoca más de 90.000 millones de euros anuales de costes asociados a cargas administrativas, cumplimiento regulatorio, litigiosidad e inseguridad jurídica.
Una sobrerregulación que no sólo provoca efectos económicos. Y es que, tal y como explica el informe «Desenredar España», esto supone un problema de primer orden nacional, con efectos «directos sobre empleo, vivienda, inversión y competitividad».
En concreto, de las 243 normas aprobadas desde 2018, 204 normas, un 84% del total, «serían susceptibles a una derogación total o reforma profunda», debido a su carácter «innecesariamente intervencionista, deficiencias técnicas o débil justificación funcional».
Las normas de Pedro Sánchez «a examen»
Así pues, el informe realizado por el Instituto Juan de Mariana y el Centro de Estudios, Formación y Análisis (CEU-CEFAS) ordenan en cinco bloques las más de 200 normas cuestionables del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
En primer lugar, se encuentran las normas susceptibles de derogación completa, siendo un 23% de las normas aprobadas por el Gobierno nacional desde 2018.
Derogación que afectaría, entre otras, a la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022. Norma que, según el informe, «afecta al ámbito de la libertad de expresión, sin resolver problemas materiales de convivencia».
El bloque 2 se compone de aquellas normativas que afectan a los compromisos del Plan de Recuperación y Fondos Next Generation EU. 16% de las normas totales que necesitan modificación, previa negociación con Bruselas. Entre ellas, la reforma del sistema de cotización de los autónomos.
Las regulaciones afectadas por transposiciones sobredimensionadas de directivas europeas ocupa el tercer lugar, con un 13% de las normas. Normativas que añaden obligaciones a la normativa europea, pero sin beneficios proporcionales.
El 48% de las normativas estudiadas requerirían una reforma profunda, por su diseño excesivamente rígido o intervencionista, siendo el bloque 4 del estudio. Un porcentaje entre las que se encontraría la eliminación del despido por absentismo o la Tasa Google.
Por último, apenas un 16% de las normas requerirían una revisión que no se considera prioritaria a corto plazo.
Informe que muestra que, pese a la proliferación de normas por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, éstas no están consiguiendo solventar la problemática nacional. Por el contrario, la sobrerregulación aumenta costes, acorta libertades, y dificulta el cumplimiento normativo.
