La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray, ha lanzado una advertencia clara: los juzgados de la región están al límite en materia de violencia de género. Y las víctimas lo están pagando.
El motivo principal es la falta de personal.
Aprovechando el Día Internacional de la Mujer, Astray reclamó «medidas urgentes, activas y materiales» para que el compromiso institucional con las víctimas se traduzca en hechos concretos.
La magistrada ya ha trasladado sus peticiones de refuerzo tanto al Ministerio de Justicia, por pertenecer esta región al territorio Ministerio, como al Consejo General del Poder Judicial —el órgano que gobierna la carrera judicial en España—, pero asegura que no ha obtenido «ni respuesta ni valoración», según informa Europa Press.
«El tiempo se nos echa encima», advirtió, recordando que un caso sin atender puede tener consecuencias irreparables.
La saturación tiene varias causas. Estos juzgados no solo tramitan denuncias por agresiones: también gestionan asuntos civiles relacionados, como divorcios con medidas de protección.
El resultado es que, ante la avalancha de trabajo, solo se priorizan los casos más urgentes, mientras el resto se demora, alargando la angustia de las víctimas.
A ello se suma que cada día llega una nueva oleada de detenidos que exige atención inmediata, dificultando cualquier planificación.
A pesar de que se han creado nuevas plazas en la región, Astray subraya que de poco sirven sin personal que las cubra: las plantillas llevan años sin actualizarse y la escasez de jueces y funcionarios es un problema estructural que ninguna reforma organizativa puede resolver por sí sola.
Más dotación
Aunque Astray ha recordado que ya se han tomado medidas para cubrir vacantes y que la región dispone de nuevas plazas de creación reciente en la sección de Violencia de Género, «necesitan más dotación no sólo por la nueva estructura de los Tribunales de Instancia, sino porque las plantillas en Castilla-La Mancha llevan años sin dimensionarse y nos enfrentamos a una escasez de jueces y funcionarios».
En concreto, Ciudad Real ha sido dotada con una nueva plaza de Violencia de Género pero «la creación no ha venido con ninguna plantilla», necesitando personal especializado para optimizarla.
En Toledo, la creación de una segunda plaza ha llegado «con déficit y sobre mínimos», requiriendo de más personal al atender poblaciones con alto volumen de casos como Illescas, además de los de la capital de provincia.
La situación se ha agravado tras padecer recientemente bajas de funcionarios cuya cobertura «no ha sido fácil», ya que la sección «exige un trabajo constante y prolongación de jornadas, sin compensación económica alguna», por lo que los candidatos intentan evitar este tipo de destinos.
Otro de los Juzgados que ha señalado la presidenta han sido los de Ocaña, donde «hay un gran atasco y la plantilla está pensada en otra época», impidiendo llegar a los mínimos exigidos «por mucha buena voluntad y flexibilidad que tenga esta nueva organización».
Talavera también ha notificado recientemente que su servicio de guardia está sobrepasado en casos de Violencia de Género, a lo que se suma, junto a Guadalajara, la necesidad de una sala de vistas.
Otro de los desafíos a la hora de cubrir las plazas necesitadas es la aparente baja litigiosidad de algunas zonas con escasa población, «uno de los problemas de la España vaciada y que juega en nuestro detrimento», al ser preferentes las nuevas asignaciones en las grandes localidades.
Esto hace que haya «plazas muy necesarias en la región que no se benefician de la nueva creación» de puestos en comparación con otras comunidades autónomas.
La saturación de los casos de violencia machista llega en un momento delicado para la justicia castellanomanchega, que atraviesa, según ha comentado Astray, «un periodo de acoplamiento» al nuevo sistema por la implantación de los Tribunales de Instancia, que ha producido incidencias en lugares como Albacete ante las nuevas asignaciones de tareas y los cambios de dirección y extensiones.
Esto ha generado unas semanas en las «que los profesionales no sabían ni a quién ni a dónde llamar», aunque la presidenta ha confiado «en que poco a poco se vaya regulando». No obstante, la magistrada ha reafirmado «que habrá cosas que no podamos solventar si nacemos con una plantilla infradotada por muy eficaz que sea la implantación».
Astray ha resumido que necesitan «medidas de choque por unos cuatro meses» para «solventar el gran volumen de asuntos atrasados», solicitando que el Ministerio de Justicia les escuche.
