El balance del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) cierra el 2025 con cifras que marcan un nuevo máximo histórico: 204.342 denuncias registradas en los tribunales.
Ello supone un incremento del 2,64 % respecto al ejercicio anterior. Además, de este total, siete de cada diez denuncias (71,61 %) fueron interpuestas directamente por las víctimas, mientras que el entorno familiar apenas aportó el 1,96 % de los casos (4.006 denuncias).
Para Esther Rojo, presidenta del Observatorio, estos datos son un termómetro de la confianza que las mujeres depositan en las instituciones, pero también una señal de alarma sobre el silencio cómplice o temeroso del entorno: «No debe cargarse toda la responsabilidad de denunciar sobre la propia mujer, especialmente cuando existen dependencias emocionales o económicas», señala.
El reto de la dispensa y la eficacia judicial
Uno de los puntos que más preocupa al Observatorio es el aumento del 12,60 % en el número de mujeres que se acogieron a la dispensa del deber de declarar.
En 2025, el 11,33 % de las víctimas (20.977 mujeres) optó por no testificar contra su agresor, una decisión que complica la obtención de pruebas de cargo, especialmente en delitos cometidos en la intimidad.
A pesar de estos obstáculos probatorios, la judicatura muestra una robustez notable. De las 60.942 sentencias dictadas, el 82,36 % fueron condenatorias, un ligero aumento frente al 80,55 % de 2024. Esta eficacia es especialmente alta en los Sección de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia, donde las condenas alcanzan el 92,93 %.
La nueva frontera: la violencia sexual fuera de la pareja
El último trimestre de 2025 estuvo marcado por la implementación de las nuevas competencias en materia de violencia sexual ajena al ámbito de la pareja, según la Ley Orgánica 1/2025. Entre octubre y diciembre, los juzgados tramitaron 3.272 denuncias por este concepto, resultando en 3.306 víctimas identificadas.
Los delitos más frecuentes bajo esta nueva competencia fueron contra la libertad e indemnidad sexual (2.796 casos), seguidos del acoso sexual y la trata con fines de explotación. Esther Rojo se muestra cauta ante este incremento de carga de trabajo, señalando que «habrá que esperar a los datos de 2026 para realizar una valoración definitiva».
Disparidad territorial
El informe vuelve a dibujar un mapa de España desigual. La tasa media nacional se situó en 74 víctimas por cada 10.000 mujeres. En el extremo superior se encuentran Baleares (115,8) y Navarra (100,3), duplicando prácticamente la ratio de comunidades como Castilla y León (48,4) o Galicia (49,8), que presentan los índices más bajos de victimización registrada.
En cuanto a las medidas de protección, aunque las solicitudes de órdenes descendieron un 2,68 %, los jueces acordaron el 68,4 % de las 47.944 peticiones recibidas. Las medidas civiles, como la suspensión del régimen de visitas (3.911 casos) o de la guardia y custodia (2.583), siguen siendo herramientas clave para la protección de los menores, quienes también figuran como víctimas directas en 452 expedientes durante el año
