Una tercera enmienda transaccional presentada por el PSOE a su propia proposición de ley sobre mutualidades alternativas de previsión social introduce por primera vez una fórmula concreta para resolver uno de los nudos gordianos más difíciles de la negociación: cómo integrar en el sistema público de pensiones a los profesionales que cotizaron durante décadas en una mutualidad privada.
Una propuesta que podría ser abordada en una reunión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados, donde se constituyó una ponencia específica para tramitar la proposición de ley sobre mutualidades alternativas, que podría tener lugar el próximo 22 de abril. Un dato que no hemos podido confirmar, todavía.
La propuesta abre la llamada «pasarela» —el mecanismo de traslado voluntario al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)— a todos los mutualistas. Los mutualistas posrteriores a 2013 que en el texto anterior no se lñes permita optar a la pasarela con la enmienda transacional ahora se abre la pasarela a todos los mutualistas siempre y cuando cumplan el resto de condicioines.
Hasta ahora, ese acceso estaba limitado. La nueva redacción elimina ese filtro y amplía el derecho a solicitarla a cualquier mutualista en activo, con una excepción: quienes ya hayan acumulado cotizaciones suficientes para generar derecho a pensión pública quedan excluidos de esta vía.
El mecanismo de conversión es el siguiente. El ahorro acumulado por el mutualista se transforma en años de cotización equivalentes al sistema público, calculados con el IPC como referencia y aplicando un coeficiente corrector del 0,77 a la cantidad resultante de los años de cotizacion más el IPC. Y esa cantidad se compensará con el ahorro que aporten ellos de la Mutualidad.
A partir de ese cómputo, el profesional obtiene una antigüedad de cotización que determinará el porcentaje de pensión al que tendrá derecho en el momento de jubilarse.
Para los mutualistas que se acojan a la pasarela y que a 31 de diciembre de 2025 tuvieran más de 55 años, en el momento de la jubilación cada mes cotizado en la mutualidad se computará como un mes en el sistema público, exclusivamente a efectos de calcular el porcentaje de pensión aplicable sobre la base reguladora.
Fuentes socialistas califican la propuesta como «muy buena».
La propuesta llega en un momento crítico. La ponencia parlamentaria podría convocarse en torno al día 22.
Todos los actores implicados —mutualidades, el Consejo General de la Abogacía Española, grupos parlamentarios y el propio Gobierno— saben que si la reforma no cruza la línea de meta antes del verano, las posibilidades de sacarla adelante en lo que queda de legislatura son casi nulas.
Porque los diez meses que quedarían hasta las próximas elecciones estarían marcados precisamente por ese horizonte. La gestación de acuerdos bajo ese marco competitivo sería muy difícil de conseguir.
El PP todavía no se ha pronunciado sobre esta tercera transaccional que lleva por título «Enmienda transaccional 3. Ampliación y mejora de la pasarela al RETA». La está estudiando.
Junts, por su parte, mantiene como condición innegociable la preservación de la alternatividad —el derecho a seguir cotizando en una mutualidad privada en lugar de hacerlo en el sistema público—.
Sin ese respaldo, la mayoría necesaria para aprobar el texto no está garantizada.
El Consejo General de la Abogacía Española, respondiendo a la petición de asociaciones y grupos, ha convocado una reunión urgente para el próximo martes, 21 de abril, con el objetivo de debatir sobre esta ventana de oportunidad que se cerraría en junio, cuando llega a su fin este periodo de sesión ordinario.
