El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha confirmado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la denominada ‘Operación Kitchen’ que pidió a un compañero de prisión destruir varios audios, entre ellos uno relacionado con “MR”, en referencia a Mariano Rajoy.
Durante su declaración como testigo, Bárcenas ha explicado que conoció a este interno en la cárcel madrileña de Soto del Real, donde le realizó “un encargo puntual y remunerado” aprovechando sus conocimientos informáticos.
El objetivo era eliminar información almacenada en la nube vinculada tanto a la trama Gürtel como a grabaciones que implicaban al expresidente del Gobierno y al exdirigente ‘popular’ y actual senador Javier Arenas.
“Le doy la instrucción de que una grabación en concreto la tenga localizada, le doy las claves de acceso a esa documentación y que yo le daré la instrucción de cuándo hay que destruir esa información”, ha señalado. Según ha indicado, las indicaciones se las facilitó por escrito “en una nota”, y ha añadido que, tras recuperar la libertad, comprobó que “en la nube no tenía nada”.
En la vista oral se ha exhibido la nota que presuntamente fue intervenida por la Policía al preso: “Alex, hay que destruir todos los audios de MR cuando yo te dé la orden. No debe de quedar nada, es mi compromiso, haz el favor de ir recuperándolos”.
Las conversaciones de Bárcenas
Bárcenas también ha detallado el contenido de una de las grabaciones, correspondiente a una conversación mantenida con Mariano Rajoy en su despacho, tras haber hablado previamente con Javier Arenas sobre la “contabilidad extracontable” del partido.
Según su relato, acudió al entonces presidente para informarle de un saldo existente: “Le entrego la última hoja de esos movimientos donde figura el saldo que le llevo en un sobre, que le hago entrega y él se lo queda y ve los documentos”.
El extesorero ha señalado que Rajoy reaccionó con sorpresa: “Dice ‘cómo es posible que llevéis estos papeles’. Yo le digo: ‘Porque era la garantía de Álvaro (Lapuerta) de que se recibían y se empleaban correctamente’”.
A continuación, ha indicado que el expresidente destruyó el documento: “Se da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación; lo introduce en el destructor de papeles, el papel acaba destruido y ahí acaba la conversación”.
Asimismo, ha explicado el contenido de otra grabación, correspondiente a una conversación con Arenas en un restaurante de Sevilla, que también pretendía eliminar y que almacenó junto a la anterior en un ‘pendrive’. En ella abordaban la gestión de los fondos extracontables del partido, recogida previamente en un acta notarial tras hablar con Álvaro Lapuerta.
El supuesto ofrecimiento del fiscal del «caso Gürtel»
Durante su declaración, Bárcenas ha afirmado además que el exfiscal ya fallecido Ignacio Peláez le ofreció en 2013 la posibilidad de intentar anular el procedimiento judicial del ‘caso Gürtel’ a cambio de un pago de entre 6 y 12 millones de euros.
Según ha relatado, Peláez le visitó en prisión para trasladarle que parte de la información del procedimiento podría estar manipulada, en concreto las grabaciones que dieron origen a la causa.
“Me dijo que algunos policías lo pueden acreditar y que eso cambiaría el discurrir del procedimiento judicial”, ha indicado.
Bárcenas ha asegurado que el exfiscal le habló de “tres policías de alto rango” que podrían demostrar que se estaban aportando pruebas “que no son reales, que son manipuladas”. En ese contexto, le planteó que, si varios implicados en Gürtel estaban dispuestos a pagar, él se encargaría de organizar la operación junto con esos mandos.
El extesorero ha explicado que Peláez le facilitó por escrito los nombres de los agentes implicados y la cantidad requerida, que situó entre un mínimo de 6 y un máximo de 12 millones de euros. “Yo le dije que si eso era así, que contase conmigo, que yo tenía el máximo interés por ese tema”, ha declarado.
Finalmente, Bárcenas ha señalado que uno de los policías mencionados era el comisario jubilado José Manuel Villarejo, también acusado en el juicio y para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita 19 años de prisión.
