La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado al juez instructor Juan Carlos Peinado la suspensión del procedimiento judicial que se sigue contra ella hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos presentados contra la decisión de reconducir la causa hacia un eventual juicio con jurado popular.
Según el escrito presentado por su abogado, Antonio Camacho, la defensa pide “acordar la suspensión del procedimiento ante el tribunal del jurado, con paralización de todos los plazos procesales actualmente en curso hasta tanto la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos interpuestos”.
Camacho sostiene que continuar con la tramitación mientras siguen pendientes dichos recursos podría provocar una situación “procesalmente insostenible”, ya que el procedimiento avanzaría “de forma irreversible” antes de que el tribunal superior se pronuncie sobre la validez de las resoluciones recurridas.
La petición de la defensa se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid frenara en febrero la decisión inicial de Peinado de orientar la investigación hacia un juicio por jurado.
Entonces, los magistrados estimaron un recurso de Gómez al considerar que no existían “indicios racionales de criminalidad” suficientes para justificar esa vía procesal.
Sin embargo, un mes después, el magistrado instructor dictó un nuevo auto en el que afirmaba que “se ha podido comprobar la concurrencia de indicios de los elementos de los delitos que son competencia del tribunal del jurado”.
El escrito de la defensa de Begoña Gómez
En su escrito, la defensa considera “lógica y jurídicamente incoherente” la continuación del procedimiento mientras se resuelven los recursos pendientes, especialmente cuando se está requiriendo a las partes la presentación de sus escritos de defensa y se avanza hacia la apertura de juicio oral.
Asimismo, Camacho señala que aún quedan diligencias por practicar, entre ellas al menos cuatro informes solicitados a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la declaración, prevista para esta semana, del empresario José María Torres.
La defensa advierte de que permitir que el procedimiento continúe podría suponer, a su juicio, una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, comprometer el derecho a un proceso con todas las garantías y generar un riesgo de nulidad de actuaciones “de imposible subsanación posterior”, además de provocar una situación de “indefensión material”.
El abogado añade que, desde el punto de vista de la economía procesal, no resulta aconsejable continuar con la tramitación mientras persista la incertidumbre sobre la validez de las resoluciones que sustentan el procedimiento.
A su entender, la eventual estimación de alguno de los recursos obligaría a retrotraer las actuaciones, con el consiguiente “dispendio de tiempo y medios judiciales”.
En abril, el juez Peinado planteó juzgar a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, aunque descartó el delito de intrusismo profesional.
En la causa también figuran como investigados Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Por su parte, la acusación popular encabezada por Hazte Oír ha solicitado la apertura de juicio oral y reclama 24 años de prisión para Begoña Gómez, además de la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte al apreciar “evidente riesgo de fuga”.
La asociación también pide 22 años de cárcel para Cristina Álvarez y seis años para Juan Carlos Barrabés. En la causa ejercen igualmente la acusación popular organizaciones como Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política de España.
