El presidente del Gobierno no se anduvo por las ramas. Compareció hoy ante el Pleno del Congreso para dar explicaciones sobre el rosario de causas que cercan a su entorno político y familiar, y lo hizo con una tesis tan clara como discutible: existe, dijo, una operación para instalar en la opinión pública la idea de una corrupción generalizada que, a su juicio, sencillamente no se corresponde con la realidad.
De ahí su negativa rotunda a adelantar las elecciones. «Para mí la pregunta no es si debemos continuar, es ¿cómo no vamos a continuar?».
La frase, lanzada con voluntad de titular, provocó el previsible runrún en los escaños de la oposición.
Sánchez fue tajante en lo personal: jamás conoció ni habría tolerado ninguna de las prácticas corruptas que salpican a varios de sus antiguos colaboradores.
Y negó, sin matices, que el PSOE se haya financiado de forma irregular. Si algo ocurrió —vino a decir— fue que ciertas personas se aprovecharon de los recursos del partido para su propio enriquecimiento. Distinto, insistió, a una financiación ilegal estructural.
Acata la condena a Ábalos
Sobre la condena de 24 años de cárcel al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, conocida ayer, el presidente eligió el verbo institucional: la respeta y la acata.
No puede haber, sostuvo, «ningún espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean». Una frase que, leída con atención, marca distancia con quien fuera uno de sus hombres de máxima confianza.
El núcleo de su defensa fue una operación de deslinde. Sánchez se quejó de un «reguero de noticias judiciales» donde se entremezclan, denunció, rumores, medias verdades y bulos, generando confusión y preocupación en la ciudadanía. Y propuso separar lo que, según él, la oposición y algunos medios pretenden amalgamar deliberadamente.
Primer cajón: la corrupción flagrante. Personas concretas —Ábalos y su sucesor al frente de la Secretaría de Organización, Santos Cerdán— que, dijo, se sirvieron de su posición en el partido para hacer caja. Aquí no hubo defensa, sino condena.
Segundo cajón: el caso que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el rescate de Plus Ultra. Presunción de inocencia, pidió Sánchez, y prudencia: todavía no caben conclusiones. El rescate de la aerolínea, defendió, se hizo conforme a la ley.
Tercer cajón: lo familiar. Y aquí el tono cambió. Las causas que afectan a su mujer, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, respondían —sostuvo— a una estrategia coordinada para debilitar al Ejecutivo mediante ataques personales y campañas de desinformación.
El nubarrón
Esos tres elementos, dijo, conforman «ese nubarrón que eclipsa» el debate público. Su conclusión política fue la previsible: si quedan rescoldos de corrupción en España, será su Gobierno —y no uno de PP y Vox— quien los apague.
En el caso de su hermano, esgrimió cronología. La plaza por la que se le juzga, recordó citando a la propia Guardia Civil, se creó en octubre de 2016 y se convocó en mayo de 2017, cuando David Sánchez no ocupaba cargo alguno en el PSOE y ni siquiera era diputado.
Sobre Begoña Gómez fue más lejos. Empezó a trabajar en la Universidad Complutense en 2012, dos años antes de que él fuera elegido secretario general, subrayó, y no ingresó un solo euro ni por dirigir la Cátedra Extraordinaria ni por el software bajo investigación.
Cargó además contra la instrucción del juez Juan Carlos Peinado —quince revocaciones, recordó, por parte de la Audiencia Provincial de Madrid— y contra las últimas cautelares: retirada de pasaporte y comparecencias quincenales.
Medidas que, a su juicio, «sobrepasan todos los límites de lo razonable», sobre todo cuando se ha llegado a sugerir un riesgo de fuga con la ayuda de sus propios escoltas.
El cierre fue un equilibrio calculado. Confianza en la Justicia —»sé que la inmensa mayoría de los jueces hacen un trabajo modélico»— con una coletilla nada inocente: que la Justicia, pidió, «sea justa».
