El presidente de ACS, Florentino Pérez, responde así al juez, que el pasado 27 de enero dio traslado a las partes para que se pronunciaran sobre la posibilidad de aplicar al exdirectivo de Iberdrola José Antonio del Olmo la Directiva 'Whistleblowing'. Foto: ACS

Florentino Pérez pide al juez de Tándem que aplique a un exdirectivo de Iberdrola la Directiva ‘Whistleblowing’

Considera que "está siendo represaliado" por su antigua compañía mediante acciones legales por el informe que elaboró en 2004 sobre presuntas irregularidades en la eléctrica en relación con la contratación de Villarejo

Rosalina Moreno

04/2/2022 16:14

Actualizado: 04/2/2022 16:24

El presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García-Castellón, instructor del ‘caso Tándem’, que aplique la Directiva ‘Whistleblowing’, diseñada para proteger a quienes informan sobre infracciones del derecho de la UE, al exdirectivo de Iberdrola José Antonio del Olmo, al considerar que «está siendo represaliado» por su antigua compañía mediante acciones legales por el informe que elaboró en 2004 sobre presuntas irregularidades en la eléctrica en relación con la contratación del comisario José Manuel Villarejo.

La representación de Florentino Pérez, quien tiene la condición de perjudicado en esta pieza separada de Tándem, también denominado ‘caso Villarejo’, responde así al juez, que el pasado 27 de enero dio traslado a la Fiscalía y a las partes para que se pronunciaran sobre la posibilidad de aplicar a Del Olmo la figura reconocida en la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 23 de octubre del 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

En esta pieza separada de Tándem, el juez investiga los trabajos ilícitos que el comisario jubilado habría llevado a cabo para Iberdrola desde 2004 y por los que habría cobrado más de un millón de euros. Entre los identificados por el magistrado, se encuentran los proyectos ‘Posy’ y ‘Black Board’, con los que habría espiado a Pérez y al entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro, respectivamente.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, negó ante el juez el pasado 18 de enero cualquier conocimiento de Villarejo y Cenyt y descargó la responsabilidad de contratar con el comisario y sus empresas en el exjefe de Seguridad de la eléctrica Antonio Asenjo.

ACCIONES PENALES, CIVILES Y LABORALES CONTRA DEL OLMO

Del Olmo, que fue director de Control de Funciones Corporativas de Iberdrola, es el autor de un informe, fechado a 1 de diciembre de 2004, en el que plasmó supuestas irregularidades vinculadas a la contratación con Cenyt, el grupo empresarial de Villarejo.

Para el magistrado instructor, este ‘dossier’, que la eléctrica califica de falso y que ha dado pie a distintos procedimientos judiciales, podría situar al antiguo ejecutivo como «uno de los testigos claves para sostener la acusación».

Florentino Pérez alega en su escrito que es «posible» otorgar tal protección a Del Olmo porque la norma europea está destinada a los denunciantes y testigos protegidos, pero también al «investigado/colaborador con la Justicia», estatus en el que encuadra al exdirectivo.

También cree que es «necesario» proteger a este exdirectivo porque «existen indicios en la presente causa que apuntan a que Iberdrola está dirigiendo las acciones (penales, civiles, laborales, etc.) contra Del Olmo -tanto en éste como en otros procedimientos- como represalia por estar colaborando con este juzgado para denunciar una estrategia continuada de espionaje empresarial».

En este sentido, alude a la querella presentada por Iberdrola contra Del Olmo en Bilbao por supuesta falsedad documental que ha sido absorbida por la Audiencia Nacional en esta pieza separada, donde la eléctrica ha solicitado ampliarla a delitos de revelación de secretos; una demanda mercantil en los juzgados bilbaínos por revelación de secretos empresariales y su difusión; un procedimiento penal en los juzgados madrileños por descubrimiento y revelación de secretos; y un procedimiento laboral.

Pide al juez que, además de reconocer que Del Olmo es merecedor de la protección que otorga la directiva ‘whistleblowing’, acuerde medidas concretas, como la suspensión cautelar de los procedimientos en los que figura como querellado o demandado, puesto que «el primer riesgo del que tiene que ser protegido el informador en un proceso penal es el de la responsabilidad penal propia derivada de haber proporcionado dicha información a la autoridad judicial».

En concreto, solicita al magistrado que envíe oficio a los juzgados que llevan esos casos para que los suspendan cautelarmente y, en previsión de que sus colegas se nieguen, avanza que «se verían obligados a plantear una cuestión prejudicial europea» que implicaría paralizarlos hasta que el TJUE la respondiera. Y reclama que «al menos» se deduzca testimonio del auto del pasado 27 de enero en el sentido de que Del Olmo está sujeto a la protección de la citada directiva.

Florentino Pérez destaca en su escrito que la norma comunitaria es aplicable a Del Olmo porque está ideada para amparar a quienes informan sobre infracciones del derecho de la UE y sostiene que este es el caso porque el supuesto espionaje que Iberdrola habría encargado a Villarejo contra rivales de la eléctrica sería «incompatible» con «el correcto funcionamiento del mercado único».

«Nos encontramos en un supuesto en el que de forma sistemática Iberdrola ha contratado servicios con el fin de espiar a empresas de la competencia o a directivos y administradores de empresas competidoras, convirtiendo el espionaje empresarial en una política o estrategia de empresa a lo largo de más de diez años», argumenta.

También señala que aunque la Directiva ‘whistleblowing’, aprobada en 2019, no se ha transpuesto al derecho español, es perfectamente aplicable desde el pasado 17 de diciembre, cuando expiró el plazo para incorporarla a la normativa nacional, «en todo lo que beneficie a los denunciantes». El plazo venció el 17 de diciembre de 2021 y de los 27 Estados, 22 no han llegado a tiempo.

«Como es sabido, las directivas europeas, si no están transpuestas, no pueden generar obligaciones para los particulares, pero sí generan, a partir del plazo de transposición, derechos para los particulares», recuerda.