denuncia

Abre una pieza separada de las diligencias iniciales que se instruyen contra 36 personas físicas y jurídicas.

Reclama que desde un medio público se eviten este tipo de situaciones, porque "se corre el riesgo de que se dé alas a los violentos y se les incite a apedrear a guardias civiles".

Entiende que "destinar dinero público a defender a funcionarios o políticos que han cometido ilegalidades manifiestas constituye un supuesto claro de prevaricación y malversación de caudales públicos".

El promotor de la Acción Disciplinaria recuerda que la vía para responder a situaciones como la que tuvo que pasar Juan Santana es la judicial

Imputa a la responsable y a la auxiliar cuatro delitos de homicidio imprudente, otros cuatro de omisión del deber de socorro y otro delito continuado de trato degradante.

Les imputa sendos delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro.

Concluye que no hay indicios de la comisión de un delito de odio, delito electoral o de infracción penal alguna.

Lo acusa de predeterminar genéticamente como violentos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por manifestar que "la Policía comparte con los delincuentes una especie de tara genética que los hace violentos".

Recuerda que el Ministerio del Interior dictaminó en 2018 que Puigdemont no tiene derecho a escolta, y señala que el coste de ese servicio de protección "ilegal", que lleva efectuándose "más de tres años", ascendería a unos 792.000 euros.