Es la quinta denuncia que presenta contra una residencia de Madrid.
La Fiscalía denuncia a la directora y una doctora de una residencia por la falta de un ‘adecuado’ control médico
Les imputa sendos delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro
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08/6/2021 15:30
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Actualizado: 08/6/2021 15:30
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La Fiscalía de Madrid ha denunciado a la directora y una médico de una residencia privada de mayores de Chamberí, G. B. T. y L. C. P. F., respectivamente, por sendos delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro.
Para el Ministerio Público, la ausencia de un “adecuado” control médico a una usuaria de la residencia impidió que la mujer accediera a otros tratamientos o a una derivación hospitalaria o consulta ambulatoria por parte del personal especializado del hospital de referencia.
Señala que al constar “inapetencia” como causa principal del fallecimiento, un problema que no formaba parte de su situación basal, “se concluye que la falta de una adecuada alimentación e hidratación en las fechas anteriores a su fallecimiento, respecto de los que nada se pautó, influyeron, además, en el desenlace final”.
La Fiscalía explica en la denuncia que, en base a la información recibida de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, entre el 8 de marzo y el 23 de junio de 2020 fallecieron en dicha residencia 44 de sus usuarios, seis de los cuales habían sido derivados previamente a un centro hospitalario y que de los fallecidos, 21 presentaban sintomatología compatible con el COVID-19, mientras que otros tres tenían el diagnóstico confirmado.
Antes del inicio de la pandemia, el equipo sanitario estaba integrado por una médico, que comenzó una baja el 18 de marzo de 2020, si bien se informó a los familiares de su ausencia desde seis días antes, y por un médico que, tras ser despedido el 27 de febrero, fue sustituido por L .C. P. F.
“En consecuencia, se colige que desde el día 12 de marzo hasta el 18 solo atendió a los usuarios esta última doctora, que hacía turno de tarde, situación que era necesariamente conocida por la directora de la residencia, y que no consta que fuera informada a los familiares de los usuarios, ni reportada a las autoridades competentes”, destaca la Fiscalía.
Pese a que en esas fechas no había sido todavía aprobado aún un protocolo de actuación para usuarios institucionalizados, el Ministerio Público resalta que, en cambio, “sí había comenzado a fortalecerse la coordinación de las residencias con los geriatras de referencia”.
En este sentido, precisa que el 13 de marzo una doctora designada por las autoridades competentes como enlace del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz con distintas residencias de la Comunidad de Madrid, incluida la denunciada, remitió su teléfono y dirección de correo electrónico a la directora del centro, señalándole que desde ese mismo momento ya podían contactar con ella para resolver dudas e incidencias en relación con el COVID-19.
La Fiscalía explica que paralelamente, desde el 10 de marzo, las autoridades pidieron que se tratara como sospechoso de contagio por coronavirus cualquier caso de tos, fiebre o dificultad respiratoria, “por lo que eran esos supuestos, cuando por su gravedad o por su ausencia de respuesta al tratamiento así lo requirieran, los que debían ser reportados”.
Al Ministerio Público no le consta que se hiciera de esta forma con la usuaria L. S. R., que tras comenzar con síntomas inespecíficos, la doctora que se cogió la baja médica pautó en un primer momento un tratamiento con antibiótico y suero oral.
Según relata, desde el 12 de marzo, fecha en que L. C. P. F. pasó a estar a cargo de los residentes, hasta el 15 de marzo, L. S. R. fue visitada “exclusivamente” por el equipo de enfermería “que fue dejando constancia de datos de control que implicaban un empeoramiento de la salud de la usuaria”.
Añade que el 16 de marzo fue la propia enfermera quien empleó una bala de oxígeno para subir su nivel de oxígeno en sangre de la mujer ante la ausencia de valoración médica.
Tras ese episodio, la paciente fue visitada por la doctora denunciada, quien constató que esta presentaba una insuficiencia respiratoria aguda. Sin embargo, la médico decidió mantener la pauta de oxigenación y un refuerzo de la ingesta hídrica sin adoptar, “tampoco en ese momento”, según la Fiscalía, decisión alguna en torno a la forma de administrarle su medicación.
“Esa tarde, la usuaria continuó sin responder al tratamiento, manteniendo una situación hipoactiva y desaturaciones, que se prologaron el día 18 y, finalmente, condujeron a su fallecimiento, sin que se adoptara decisión médica adicional alguna, en la mañana del día 19 de marzo”, sostiene.
QUINTA DENUNCIA
En diciembre de 2020, la Fiscalía de Madrid también presentó una denuncia por homicidio imprudente contra la doctora y a la gerente de una residencia privada de ancianos, A. M. G., y M. J. A., respectivamente.
Además, denunció por denegación de asistencia sanitaria a la médico y por omisión del deber de socorro a la gerente.
Una vez practicadas una serie de diligencias, la magistrada de instrucción ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones y el archivo por considerar que no queda debidamente justificada la perpetración del delito que dio lugar a la incoación de las diligencias.
La Fiscalía ha recurrido en apelación esta decisión ante la Audiencia Provincial.
Sostiene que las actuaciones se han cerrado “prematuramente” porque aún quedan dudas sobre determinados aspectos y actuaciones que tuvieron lugar en esa semana desde los días 22 y 30 de marzo de 2020 y que pudieron provocar el fallecimiento de una mujer de 85 años pocos días después de haber ingresado por COVID en el centro.
El pasado mes de enero también denunció por homicidio imprudente al responsable médico de una residencia de ancianos, M. A. R. C., a quien imputa los delitos omisión del deber de socorro y homicidio imprudente.
Según manifiesta, no realizó un “adecuado” seguimiento de la enfermedad de un usuario, de 89 años, “ni tuvo en cuenta para su diagnóstico y tratamiento el contexto epidemiológico del país, inaplicando el protocolo vigente, y privando con ello de una adecuada atención médica al usuario”.
En mayo presentó otra denuncia contra tres médicas de la residencia pública de mayores Adolfo Suárez de Madrid, entre ellas su directora, por presuntamente privar a dos de sus usuarios de una “adecuada” atención sanitaria que influyó “razonablemente” en el “fatal” desenlace de sus enfermedades.Imputa a las tres los delitos de omisión del deber de socorro y de homicidio imprudente.
Recientemente también ha denunciado a dos doctoras de la residencia privada de personas mayores Orpea Carabanchel, K. R. V. y M. S. M., por sendos delitos de omisión del deber de socorro y homicidio imprudente.
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