Educación

Piden la nulidad del acuerdo, como paso previo a exigir responsabilidades ante el Tribunal de Cuentas y la jurisdicción penal si se destinase dinero público para financiar el incumplimiento de las sentencias o coaccionar a las entidades que se oponen a la imposición lingüística.

Alerta de presiones a los docentes y destaca que el responsable de la ejecución de la sentencia que pone fin a la inmersión es el gobierno catalán.

"Se están incumpliendo sentencias y se están generando verdaderas dinámicas sociales de acoso, discriminación, estigmatización e intolerancia política con un gobierno que lo contempla y le da la razón prácticamente a la entidad subestatal".

Incluye la creación de un cuerpo de Alta Inspección Educativa "para garantizar el fin de la segregación lingüística", y una ley de Lenguas que blinde, tutele y defienda la libertad de elección y de acceso a la función pública, sin que el idioma sea un requisito.

Denuncia violación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe la discriminación por lengua, y la actitud del gobierno catalán, "que da alas a los que quieren la confrontación”.

Señala que "sentir el odio, la intimidación, las amenazas, el señalamiento en la propia piel es muy duro", pero destaca que "para que nuestra sociedad sea libre debemos vencer esta espiral de silencio que nosotros mismos creamos".

Denuncia que en esta encuesta del Defensor del Pueblo catalán "se pide a los alumnos fiscalizar la lengua usada por los profesores y recaba de los menores datos que afectan a la intimidad, como el idioma empleado con sus padres y amigos".

"Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian", reza uno de ellos.

Considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación, y añade que "la prevaricación también se produce cuando grosera y deliberadamente se actúa contra lo resuelto por sentencia firme".

Este sociólogo e historiador catalán, promotor de 'Somatemps', explica en Confilegal "el terror que implantó" Lluis Companys (ERC) como presidente de la Generalitat.