Denuncia que "se están incumpliendo sentencias y se están generando verdaderas dinámicas sociales de acoso, discriminación, estigmatización e intolerancia política con un gobierno que lo contempla y le da la razón prácticamente a la entidad subestatal"
Pagazaurtundúa denuncia el acoso a la familia de Canet ante la Agencia Europea de Derechos Fundamentales para que ‘haga cumplir el Estado de Derecho al Gobierno central’
Para "forzar una reacción contundente que permita revertir una situación en la que es evidente la vulneración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, señala a Confilegal
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17/12/2021 11:00
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Actualizado: 17/12/2021 17:34
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«El artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) prohíbe toda discriminación por razón de lengua. Este precepto se incumple de manera sistemática en Cataluña (España) y en especial en la escuela y la universidad. La Justicia ha reconocido que debe ofrecerse al menos el 25% de español en las aulas. Pese a ello, la Administración catalana no lo cumple y se ha declarado en rebeldía, sin que el Gobierno central haga nada para evitarlo».
La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, ha denunciado el acoso a la familia de Canet de Mar (Barcelona) ante la Agencia Europea de Derechos Fundamentales para que analice la información y «asista y asesore» al Gobierno español «para tener una reacción contundente».
«Llevamos años intentando que la Agencia de Derechos Fundamentales fije su atención sobre la discriminación que está ocurriendo en España y hasta ahora siempre nos decían que era competencia nacional. Pero se están incumpliendo sentencias y se están generando verdaderas dinámicas sociales de acoso, discriminación, estigmatización e intolerancia política con un gobierno que lo contempla y le da la razón prácticamente a la entidad subestatal», señala a Confilegal Pagazaurtundúa
Destaca que «el Gobierno de España ya no disimula en que contemporiza con el Gobierno regional en Cataluña y ha dado indicios claros». «Tenemos ya muchos indicios que en este caso ya deben obligar a la UE a hacer cumplir el Estado de Derecho al gobierno central. La no discriminación, la igualdad, la libertad de los ciudadanos son parte del Estado Derecho y eso sí es competencia europea. La UE es responsable de que el Estado de Derecho se cumpla perfectamente en todos los capítulos de la carta de derechos fundamentales, en cualquier rincón de la Unión Europea; en este caso, en España», sentencia.
Por ello, Pagazaurtundúa se ha dirigido por carta al director de la Agencia, Michael O’Flaherty.
En la misiva explica el «incumplimiento sistemático» en Cataluña de la ley y de las sentencias que reconocen el derecho a ofrecer al menos el 25% de español en las aulas y cómo el Gobierno autonómico «no sólo se niega a acatar las resoluciones judiciales, sino que está protegiendo y alentando una campaña de acoso e intimidaciones de índole nacionalista excluyente contra las familias que quieren que sus hijos puedan recibir clase en las dos lenguas cooficiales constitucionalmente”.
Es el caso de la familia de Canet de Mar, la primera en reclamar judicialmente el cumplimiento del 25% de la escuela en español para su hijo de cinco años, y que «está siendo objeto de un movimiento de acoso, aislamiento y ataques por parte de otros padres de la escuela, bajo el amparo de una parte de la clase política y de las autoridades regionales, que de una manera típica del populismo más intransigente les acusan de querer terminar con la lengua catalana, cosa a todas luces, absurda”, denuncia la eurodiputada.
Explica el contexto en el que ocurren estos hechos: «décadas de una estrategia política contra el español y de uso del catalán como elemento de construcción identitaria excluyente, señalamiento al que no piensa igual y todo englobado en una falta de neutralidad política institucional».
Transmite a O’Flaherty que se está «imponiendo» el catalán como única lengua en la que realizar trámites con la Administración, «eliminando» el castellano de los medios públicos y estableciendo el conocimiento del catalán como «requisito excluyente para el acceso al empleo público».
En el ámbito educativo, «impedir» la educación en castellano en las escuelas es «uno de los eslabones de la cadena que neutraliza, de facto, los derechos fundamentales de miles de familias», pero especialmente «grave por tocar a los derechos de los menores», asevera.
«El señalamiento del disidente en Cataluña, del que no piensa igual que los que ostentan actualmente el poder, es decir, los nacionalistas excluyentes, genera un terreno abonado para todo tipo de acosos y boicots. Es la consecuencia directa de la falta de neutralidad política institucional y el origen de vulneraciones sistemáticas de los derechos fundamentales de miles de europeos, españoles y no españoles, radicados en Cataluña», detalla la vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo.
«Los ultranacionalistas secesionistas identifican una única identidad aceptable: la suya. El resto, es descalificado. Los funcionarios respetuosos de la legalidad constitucional son perseguidos y acosados para acallarlos», precisa.
Y hace hincapié en que «a estigmatización desde las instituciones del que piensa distinto, el adoctrinamiento y la vulneración de derechos fundamentales de los niños por parte de los secesionistas catalanes deben generar una reacción europea, pues si bien la educación es competencia nacional, es competencia europea velar por el cumplimiento del Estado de Derecho y la protección de por parte de los Estados miembros de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
«La Unión Europea tiene, además, obligaciones en materia de protección a la infancia y las minorías«, subraya.
Por ello, pide al director de la Agencia de Derechos Fundamentales que recoja toda la información sobre estos hechos y asesore al Gobierno de España para «forzar una reacción contundente que permita revertir una situación en la que es evidente la vulneración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.
La denuncia de Pagazaurtundúa ante la Agencia Europea de Derechos Fundamentales se suma a una batería de iniciativas por parte de Ciudadanos, que «sigue de cerca la situación de la familia de Canet y trabaja para que la UE intervenga».
Ha denunciado el caso ante la Comisaria Europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová, y ante el comisario de Justicia, Didier Reynders, con el que el eurodiputado José Ramón Bauzá y Societat Civil Catalana se reunieron la semana pasada para explicarle «la grave vulneración de derechos en Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana por querer hablar y estudiar en español».
Además, la delegación europea de Cs ha pedido a la Comisión Europea que investigue «la discriminación al español» en la Educación en Cataluña y «la persecución a las familias que la solicitan», tras el acoso que sufre esta familia en Canet de Mar. Solicita que esta situación se tenga en cuenta en el próximo informe sobre el cumplimiento del Estado de Derecho en España.
Ciudadanos también ha registrado una Proposición No de Ley en el Congreso que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a convocar de manera inmediata la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio a raíz de «las situaciones de acoso que sufren las familias que reclaman el derecho de sus hijos a recibir el 25% de las clases en castellano».
Los eurodiputados de Cs también han transmitido a la comisaria de Valores y al comisario de Justicia que «el Gobierno autonómico se niega a condenar este acoso, que está siendo investigado por la Fiscalía por si constituye delito», y sin embargo, el Gobierno de España «mira hacia otro lado y tampoco adoptará medida alguna, con la excusa de que es competencia exclusiva autonómica».
«Esta actitud no ayuda a que esas manifestaciones hispanófobas se impidan», advierten los eurodiputados, y recuerdan que la propia Comisión Europea ya en 2015, y en respuesta a una pregunta sobre este mismo asunto, apuntó que los Estados deben utilizar todos los instrumentos jurídicos para garantizar que se protegen los derechos de sus ciudadanos.
“El Gobierno no escucha a la Comisión. Esos instrumentos no se están utilizando, lo que hace que la vulneración del Estado de Derecho sea cada vez más evidente y, lo que es peor, que se produzca con la connivencia y aliento del propio Gobierno de España”, incide Cs.
Pagazaurtundúa ha presentado recientemente en Madrid ‘Cartografía del odio’, el resultado de más de dos años de investigación sobre los incidentes y delitos de odio y discriminación registrados de 2015 a 2020 en seis países de Europa, entre ellos España, que «abre los ojos sobre una realidad que crece imparable y que provoca miles de víctimas, aunque nueve de cada diez personas que sufren agresiones por odio en Europa no denuncian».
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Esta eurodiputada creció en un entorno social de intolerancia y odio político y conoce empíricamente el acoso, la hostilidad y la intolerancia. ETA asesinó a su hermano Joseba, militante del PSE, en 2003 tras años de amenazas, acoso y agresiones.
Tras el crimen, años después Pagazaurtundúa salió del País Vasco. «Nos dimos cuenta de que nuestras hijas estaban viviendo en un entorno muy hostil para identificar el bien y el mal y pensábamos que eso les iba a generar enormes problemas», explicó en una entrevista en Confilegal, en la que reivindicó que «los socialistas, los ‘populares’ y Ciudadanos tendrían que estar unidos en la defensa de la arquitectura democrática de nuestro país».
Figura destacada del asociacionismo cívico de apoyo a las víctimas del terrorismo, Pagazaurtundúa ha participado en diferentes movimientos sociales e iniciativas por la libertad tanto en España como en otros países, y lleva décadas combatiendo el terrorismo, el discurso del odio y las identidades obligatorias y excluyentes. También se ha distinguido por su labor de concienciación a nivel internacional de los peligros de la deriva independentista del gobierno catalán.
Su actividad ha sido reconocida con múltiples galardones como el Premio Sájarov a los Derechos Humanos en 2000 -como miembro fundador de ‘¡Basta Ya!’- o la Medalla de la Orden del Mérito Constitucional en 2003. En 2005 formó parte de una candidatura colectiva al Premio Nobel de la Paz.
Pagazaurtundúa dice “basta ya” a la impunidad, a la política de baja calidad, al sectarismo, a los sesgos ideológicos tramposos, al no utilizar el Gobierno para gobernar, sino para hacer propaganda electoral, o de hacer estrategias tácticas con aquellos que quieren destrozar la democracia española.
Asociaciones en defensa del bilingüismo presentaron ayer la campaña ‘Escuela de Todos- Escola de tothom’, impulsada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en Cataluña -la asociación que ha representado a la familia de Canet de Mar ante los tribunales-, Impulso Ciudadano, Societat Civil Catalana (SCC), S’ha Acabat, la Asociación por la Tolerancia, Aixeca’t, Ampas Paralelas, ‘Centro Libre. Arte y Cultura’ (CLAC), Cataluña por España, Profesores por el Bilingüismo, Plataforma La Silenciosa, y Segadors del Maresme.
Se articulan para hacer efectiva la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a garantizar que todos los centros educativos catalanes impartan un mínimo de 25% de horas en castellano y catalán, pues sostienen que «ante la anunciada desobediencia de la Generalitat y la inacción del Gobierno de España, solo los ciudadanos podemos conseguir el fin de la inmersión».
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