La plataforma Escuela de Todos denuncia la ‘instrumentalización política’ de varios claustros y consejos escolares de centros educativos de Cataluña

La plataforma ‘Escuela de Todos’ ha denunciado hoy la «instrumentación política» de varios claustros y consejos escolares de los centros educativos de Cataluña. Además, alerta de presiones a docentes, a los que defenderá, y destaca que el responsable de la ejecución de la sentencia que pone fin a la inmersión es el gobierno catalán.

Asociaciones en defensa del bilingüismo se articularon el pasado 16 de diciembre en la plataforma ‘Escuela de Todos-Escola de tothom’ para hacer efectiva la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) que obliga a garantizar que todos los centros educativos catalanes impartan un mínimo de 25% de horas en castellano y catalán, pues sostienen que «ante la anunciada desobediencia de la Generalitat y la inacción del Gobierno de España, solo los ciudadanos podemos conseguir el fin de la inmersión».

Está integrada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en Cataluña -la asociación que ha representado a la familia de Canet de Mar ante los tribunales-, Impulso Ciudadano, Societat Civil Catalana (SCC), S’ha Acabat, Asociación por la Tolerancia, Aixeca’t, Ampas Paralelas, ‘Centro Libre. Arte y Cultura’ (CLAC), Cataluña por España, Profesores por el Bilingüismo, Plataforma La Silenciosa, y Segadors del Maresme.

Escuela de Todos ha publicado hoy un comunicado reclamando que cese de inmediato el debate y votación de manifiestos de carácter político en los claustros y consejos escolares de Cataluña, y que las autoridades educativas den cuenta de cuáles han sido las circunstancias que explican que se haya procedido a los debates y votaciones ya producidos.

Asimismo, reclama que la Alta Inspección Educativa abra una investigación sobre esta «inadmisible instrumentalización» de los centros educativos, y que todas las autoridades implicadas, tanto en la defensa de los trabajadores como de los menores, adopten las medidas necesarias «para poner fin a estas prácticas deleznables» y para investigar las ya producidas.

Escuela de Todos hará llegar su denuncia y reivindicaciones al presidente del Gobierno y al presidente de la Generalitat, a las Cortes Generales, al Parlamento de Cataluña, al Defensor del Pueblo, al Defensor del Pueblo catalán, a los presidentes del Parlamento y de la Comisión de la Unión Europea y al presidente del Consejo de Europa. 

LA SITUACIÓN, AL DETALLE

Esta plataforma señala que según un reciente comunicado de prensa del Gobierno de la Generalitat, en su sesión de 4 de enero de 2021 aprobó un acuerdo destinado a la defensa del catalán, de la escuela catalana, de toda la comunidad educativa y de la cohesión social de Cataluña.

Destaca que según dicha nota informativa, «plagada de palabrería y de apelaciones épicas», el gobierno catalán «trasladaba la responsabilidad del incumplimiento de las normas y de las resoluciones judiciales a los empleados públicos a los que el Gobierno pretende garantizarles su seguridad jurídica con la apelación al principio de indemnidad».

Añade que al mismo tiempo, el gobierno catalán aprovecha el comunicado «para advertir de que exigirá responsabilidades de todo tipo (políticas, penales…) a las personas o entidades que ellos consideren que atacan a otras personas o colectivos por la defensa y el uso del catalán».

La plataforma Escuela de Todos denuncia que «es desolador que el Gobierno catalán trate de amparar a los desobedientes y vierta amenazas de represalias sobre los que denuncien las irregularidades«. Dicho lo anterior, advierten que no se arredran y por ello consideran conveniente advertir sobre «las graves disfunciones democráticas» que aprecian «en el funcionamiento del propio Gobierno de la Generalitat y en el caso que ahora nos ocupa, de los órganos colegiados de algunos centros educativos catalanes».  

«Las amenazas del Gobierno de la Generalitat no limitarán nuestra voluntad de denunciar la vulneración de los derechos fundamentales», sostiene.

También alerta de «mociones ilegales» en los claustros y en los consejos escolares de algunos centros educativos. Según informa, en las últimas semanas, varios claustros y consejos escolares de centros educativos de Cataluña han adoptado «mociones críticas» con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 16 de diciembre de 2020 que establece la necesidad de que todos los alumnos catalanes reciban un mínimo de un 25% de la enseñanza en castellano.

En algunas de esas mociones «se acuerda de manera expresa desobedecer la mencionada sentencia y mantener los proyectos lingüísticos de centro que excluyen el español como lengua de aprendizaje», explica.

Esta plataforma subraya que el debate y aprobación de estos manifiestos en los claustros y consejos escolares «no solamente es ilegal, sino que supone la quiebra de principios democráticos básicos y supone la instrumentalización de la administración pública, una inadmisible presión sobre los profesionales de la enseñanza y la utilización política de los menores».

«Estos manifiestos son ilegales y suponen la quiebra de principios democráticos básicos en tanto en cuanto declaren que no se obedecerán las sentencias judiciales; sentencias judiciales que, además, lo que hacen es declarar que el régimen relativo a los idiomas que se aplica en la escuela no es compatible con la Constitución y supone una vulneración de los derechos lingüísticos de los alumnos», remacha.

Estas entidades constitucionalistas hacen hincapié en que una administración pública, como son los centros educativos dependientes de la Generalitat, «no puede actuar al margen o en contra de lo que establece la Constitución, no puede desobedecer o animar a la desobediencia de las decisiones judiciales o las leyes; lo que no implica, por supuesto, que las personas que forman parte de los órganos administrativos no puedan tener, a título individual, opiniones discrepantes de las decisiones judiciales, opiniones que pueden expresar con toda libertad, pero sin comprometer la posición de la administración como tal».

Señalan que es por ello que «ninguna declaración ni del claustro ni del consejo escolar puede deslegitimar decisiones judiciales, animar a su desobediencia o dar por bueno el incumplimiento de la Constitución o de las leyes».

Asimismo, esta plataforma destaca el derecho de los empleados públicos a no manifestar su ideología política en el marco laboral. Según expone, en el caso de los manifiestos aprobados por los claustros de profesores de los centros educativos nos encontramos, además, con que «se está obligando a los trabajadores públicos a pronunciarse públicamente sobre un tema de carácter político en el que hay una toma de partido clara por parte de las autoridades que dirigen la administración en la que desempeñan sus funciones las personas llamadas a debatir y votar los mencionados manifiestos».

«Los profesores no han de verse obligados a manifestar su ideología en el marco laboral, y menos aún en reuniones en las que están presentes sus jefes directos (equipo directivo de los centros) y en las que pueden participar también miembros de la inspección educativa. El debate y votación de los manifiestos es, por tanto, una vulneración del derecho a la libertad ideológica, que incluye el de no manifestar ésta más que cuando así lo desea el individuo (art. 16.2 de la Constitución)», sostiene Escuela de Todos.

Y alerta que los profesores ya han visto conculcado ese derecho cuando han tenido que pronunciarse sobre una cuestión, el acatamiento a las sentencias judiciales, «que no es legítimo que sea objeto de tratamiento en el ámbito laboral, en el que se incardinan los claustros de los centros educativos».

Además, recuerda que el código deontológico de la profesión docente, además de vincularles con los alumnos, familias y compañeros, también obliga a los profesionales de la enseñanza a asumir y cumplir los deberes de ciudadanía, actuando con lealtad a la sociedad y a las instituciones en el marco de la Constitución española y la normativa vigente.

PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA DE MENORES EN EL DEBATE POLÍTICO

Según informa, «es aún más grave, el planteamiento y debate de estos manifiestos en los consejos escolares», que además de estar integrados por miembros del equipo directivo, representantes de los ayuntamientos y de las familias y profesores, en los de los centros de educación secundaria también se integran alumnos, pudiendo participar, incluso, alumnos que cursen primero o segundo de ESO, y sin que se descarte la participación con voz y sin voto de alumnos de tercer ciclo en los colegios de educación infantil y primaria; esto es, niños de entre 10 y 12 años.

Explica que los manifiestos que critican la sentencia del TSCat de 16 de diciembre de 2020 o animan directamente a desobedecerla tienen un contenido claramente político, y advierte que «resulta de todo punto inapropiado que sean debatidos en órganos en los que participan alumnos menores de edad, en algunos casos, como vemos, de no más de 10 años de edad».

Esta plataforma asevera que «introducir a los niños en el contexto escolar en un debate político promovido por las autoridades públicas de las que depende el sistema educativo no puede ser calificado más que como adoctrinamiento y debería ser rechazado de manera directa y contundente».

Escuela de Todos hace un llamamiento a la búsqueda leal de la recuperación de la convivencia en los centros educativos de Cataluña, «una convivencia que no es posible fuera del respeto a la Constitución, a la ley y a las decisiones de los tribunales».