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El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia del Tribunal Militar Central dictada en abril de 2017 que condena a cuatro militares a penas de entre seis meses y tres años de prisión por amañar contratos de la Inspección General de Sanidad (IGESAN) y repartir comisiones con un empresario.
El Colegio de Abogados de Ávila recurre la decisión del CGPJ sobre su juzgado de cláusulas suelo y pide la suspensión de su ejecución.
El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha infligido un fuerte correctivo al CGPJ anulando el nombramiento del presidente del TSJ de Murcia.