querella

Por supuestamente negarse a designar abogados de oficio y a abrir expedientes disciplinarios a letrados investigados.

También contra su exasesora Dina Bousselham, la exjefa de los servicios jurídicos de Podemos y diputada Gloria Elizo y la abogada Marta Flor.

Afirma que no existen "indicios suficientes" de que los hechos sean constitutivos de un delito de prevaricación.

Dada la "manifiesta indeterminación" de los hechos atribuidos.

Descarta que estas protestas supongan hostigamiento o coacciones.

Denuncia que las manifestaciones del teniente fiscal del Supremo en las que "justificaba la acción del Gobierno y cargaba la responsabilidad de los hechos en los ejecutivos autonómicos" muestran "un claro sesgo ideológico en la resolución de la Fiscalía".

Afirma que son "fiscales de altísima consideración", de lo penal, que en mayo acudieron a su despacho e intentaron influenciarle en el sentido del informe.

Le "sorprende" que "con el importante número de querellas presentadas por este asunto, resuelva tan rápido que no ha habido ningún tipo de negligencia, imprudencia o algún tipo de actuación dolosa".

Ahora corresponde a la Sala de lo Penal del Supremo decidir si sigue el criterio de la Fiscalía o abre un procedimiento penal.