querella

El Grupo II de Fraude Financiero de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de Policía Judicial de la PN investiga el caso.

Torra argumentaba que determinadas conductas eran delitos sobre actividades y asesoramientos prohibidos a los funcionarios públicos y delito electoral.

Considera que podrían haber incurrido en los delitos de prevaricación, contra los derechos de los trabajadores, de odio, y contra las garantías constitucionales.

También ha presentado una contra la delegada del Gobierno en Madrid, el responsable del operativo de la UIP, los responsables de la asociación Bukaneros y Juan Carlos Monedero.

Los expertos consultados por Confilegal reclaman a Miquel Iceta, ministro de Política Territorial y Función Pública, más claridad en sus actuaciones.

Antes de interponer la querella, la PIC había encargado un dictamen jurídico al despacho Maluenda Penal sobre las conductas de la Generalitat en los procesos PESCO.

"Ni la AEAT ni la Fiscalía han abierto una inspección tributaria o una investigación penal formal", según Antón Beiras, representante de la Asamblea Republicana de Vigo, quien interpuso la querella.

La Asociación de Afectados por Inversiones por Criptomonedas, de la que es presidenta la abogada Emilia Zaballos ha interpuesto la querella.

Concluye que “los hechos no son constitutivos de ninguno de los delitos".

Polonia Castellanos denuncia trato de favor y vulneración del derecho de defensa por parte del juez del caso.