Un juzgado ha abierto diligencias previas tras la querella presentada por el Consistorio, que dirige la 'popular' Sandra Turégano, por el "bloqueo continuado" en la construcción de esta carretera; la Consejería de Agricultura (Compromís) muestra "absoluta confianza en la gestión", mientras que la Diputación (PSOE) achaca la judicialización a la "inacción" de Consejería. Foto: PP
La Justicia abre una investigación por la paralización de la Variante Sur de Pedralba (Valencia)
A raíz de una querella del Ayuntamiento contra el presidente de la Diputación y la secretaria de Medio Ambiente de la Consejería por supuesta prevaricación
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23/7/2021 14:10
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Actualizado: 23/7/2021 14:10
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El Juzgado de Instrucción número 11 de Valencia ha abierto una investigación por la paralización de la Variante Sur de Pedralba, tras una querella del Ayuntamiento de este municipio valenciano contra el presidente de la Diputación, Toni Gaspar Ramos, y la secretaria autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat, Paula Tuzón Marco, por supuesta prevaricación.
El Consistorio de Pedralba denuncia el «bloqueo continuado» en su construcción.
Según señala en la querella, presentada el pasado 25 de junio, el 13 de noviembre de 2014 la Diputación Provincial aprobó el proyecto de la carretera y han transcurrido más de cinco años sin que las obras se hayan iniciado.
Explica que «la importancia y necesidad» de dicha infraestructura se justifica en todos los informes previos a la aprobación del proyecto, y se debe a que es «una solución a un problema endémico que padecen los vecinos de la localidad, que ven cómo a diario circulan por las arterias más emblemáticas del municipio camiones de gran tonelaje portadores de productos alimenticios de cooperativa y de canteras mineras, así como la inutilización de la vía para el uso de los peatones con el consiguiente riesgo y perjuicio en su calidad de vida», como se señala en el incumplido acuerdo del Pleno de la Diputación de Valencia del 27 de octubre de 2020.
Otra imagen que ejemplifica esta problemática. Foto: PP
El Ayuntamiento expone en la querella que según se desprende del citado acuerdo del Pleno de la Diputación, «existen tres poderosos argumentos que hacen del proyecto y el trazado de la variante sur el idóneo para poner fin a la problemática y dar solución definitiva».
El primero de ellos es la existencia de una Declaración de Informe Ambiental positivo, «que permite y avala desde un punto de vista medio ambiental acometer las obras con todas las garantías». El segundo responde a que ese proyecto cumple con las exigencias de la normativa vigente, y el tercero atiende a que el trazado de la variante sur ha cumplido de forma exquisita con la tramitación administrativa.
El Consistorio manifiesta que ha tenido que recurrir a la vía judicial «ante el incumplimiento reiterado de la legislación y de los acuerdos adoptados para la construcción de esta carretera», unos hechos que el Ayuntamiento considera constitutivos de un delito de prevaricación de funcionario público.
Indica que «en el caso del presidente de la Diputación lo sería en su modalidad omisiva», al decidir conscientemente «no ejecutar el proyecto de la Variante Sur de Pedralba en la carretera CV-377, cuando no existe impedimento legal alguno para ello», y en el caso de Tuzón, «por dictar conscientemente resoluciones injustas que han provocado artificialmente la paralización del proyecto de la variante».
«Si la Generalitat y la Diputación se limitasen a cumplir sus propias leyes, la obra estaría hecha y el problema resuelto», manifiesta la regidora, Sandra Turégano, y apunta que la querella supone «un paso más en un camino que, lamentablemente por motivos políticos, está siendo muy largo y lleno de obstáculos y penalidades».
En un auto dictado el 12 de julio, la magistrada María Rosa Olarte Madero, titular del Juzgado de Instrucción 11 de Valencia, ha señalado que los hechos expuestos presentan características que pueden apuntar a la posible existencia de una infracción penal, y que al no estar determinadas las circunstancias ni las personas que han intervenido, procede instruir diligencias previas y practicar aquellas acciones encaminadas a determinarlo.
La juez acuerda esta decisión con carácter previo a la admisión de la querella, una resolución contra la que cabe recurso de reforma.
Sandra Turégano Cabañero, alcaldesa de Pedralba desde el 15 de junio de 2019.
EL RELATO DE HECHOS DEL AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento expone en la querella que el 17 de abril de 2015, la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial de la Generalitat Valenciana aprobó la Declaración de Impacto ambiental (DIA) correspondiente al Proyecto “Variante sur de Pedralba a la CV-377”, que fue publicada en el Diario oficial de la Generalidad Valenciana (DOGV) una semana después.
Señala que se inició a continuación el correspondiente procedimiento de licitación y adjudicación de las obras, contando con la correspondiente consignación en los presupuestos de la Diputación de Valencia, y que el 26 de febrero de 2016 se declaró la urgente ocupación de los terrenos incluidos en el expediente de expropiación.
Esta declaración de urgente ocupación fue publicada en el DOGV el 15 de marzo de 2016.
El Ayuntamiento denuncia que «a partir de esa fecha, el expediente quedó totalmente paralizado, con motivo de la suspensión del proyecto», motivada por una Orden la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, la número 4/2016, de 9 de marzo, por la que se acuerda iniciar el procedimiento de revisión y aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Turia (PORN), aprobado en el DECRETO 42/2007 de 13 de Abril.
Dicha orden, publicada en el DOCV el 11 de marzo de 2016, ordena la revisión y aprobación del PORN vigente, en los siguientes términos: iniciar el procedimiento de revisión del Plan de ordenación de los recursos naturales del Turia; y aplicar el régimen de protección preventiva del artículo 28.1 a) de la Ley 11/1994 de 27 de diciembre, de Espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana, y “proceder a la suspensión cautelar de aquellos proyectos que puedan tener una repercusión negativa e irreversible sobre los parques naturales hasta la revisión de sus documentos de ordenación y gestión. Su vigencia es de tres años”.
El Consistorio señala que «una prueba de la gestión llevada a cabo por los querellados», como responsables de la Diputación y la Consejería de Medio Ambiente, es «el cruce de escritos entre ambas instituciones en relación a la necesidad y extensión de la suspensión de la ejecución del proyecto de la Variante de Pedralba».
Informa que el 11 de marzo de 2016 tuvo entrada en la Diputación de Valencia un escrito del Secretario Autonómico de Medio Ambiente por el que solicita al presidente de dicha institución “que se adopten las medidas necesarias para garantizar que las medidas cautelares previstas en el artículo 28 de la Ley 11/1994, se apliquen a cualquier parte del procedimiento relacionado con la ejecución del proyecto de la variante Sur de Pedralba que implique la habilitación para realizar cualquier acto de transformación de la realidad física o biológica en el ámbito de Plan”.
El Ayuntamiento indica que «siendo esta una cuestión sobrevenida, y contando el Proyecto de la variante Sur de Pedralba con todas las autorizaciones e informes favorables, el oficial mayor y la directora de Carreteras de la Diputación de Valencia requieren para que la Consellería de Medio Ambiente “determine y motive, en base a los objetivos de la revisión del PORN, si la ejecución del proyecto puede tener una repercusión negativa e irreversible y las consecuencias que, en su caso, procede aplicar al presente caso”.
Según relata, el presidente de la Diputación envió un escrito a la Consejería transmitiendo la necesidad de adoptar el acuerdo correspondiente, y el 28 de abril de 2016 la Diputación de Valencia recibió contestación de la secretaria autonómica de Medio Ambiente, y el Ayuntamiento destaca que dicha respuesta «adolece de una clara e intencionada indeterminación, según pone de manifiesto el Informe del Oficial Mayor y del director de Carreteras, del 3 de mayo de 2016».
En dicho informe se señala que «dicho escrito, aun estando suscrito por el secretario autonómico, mantiene unas valoraciones de la que no se tiene constancia si se sustentan o no en informes técnicos y jurídicos, pero en cualquier caso, no tiene la forma de acto administrativo lo que sitúa a esta administración provincial en una situación de indefensión, por lo que, a la vista de las importantes consecuencias que el acuerdo de suspensión van a acarrerar, se reitera en la necesidad de que se adopte por el órgano competente de la Generalitat el acuerdo o resolución que proceda para garantizar la seguridad jurídica de todas las partes intervinientes en el proceso».
«Se pone así de manifiesto que las apreciaciones del secretario autonómico no se apoyan en informes técnicos ni jurídicos que permitan comprobar en qué va a afectar el Proyecto de Revisión del PORN al proyecto de la variante ya aprobado, que sí tiene su apoyo en los correspondientes informes técnicos u jurídicos», subraya el Consistorio, y explica que ello determinó que la Diputación reiterara la necesidad de que la Consejería adoptase el correspondiente acuerdo.
Afirma que la respuesta de la secretaria autonómica, del 30 de mayo de 2016, «lejos de explicar todos los extremos requeridos por la Diputación», se limitó a recordar la necesidad de que por esta institución se proceda a adoptar medidas cautelares.
«Lo anterior es importante porque evidencia que, sin justificación ni informes jurídicos o técnicos que lo apoyen, y una vez dejadas sin efectos las medidas cautelares que tuvieron paralizada la ejecución del proyecto de la variante Sur de Pedralba, las obras siguen sin ejecutarse incumpliendo con ello la Diputación de Valencia su obligación de actuar de acuerdo con un proyecto que ella misma ha aprobado en el año 2014, y de cuya urgencia y necesidad es perfectamente consciente», explica el Ayuntamiento en la querella
Informa que las medidas cautelares de paralización del proyecto, comunicadas repetidamente a la Diputación por parte del director general del Medio Natural y por el secretario de Medio Ambiente, y aceptadas por dicha institución, dejaron de tener vigencia al haber trascurrido el plazo de tres años desde que se dictó la Orden 4/2016.
Destaca que en consecuencia, habiendo finalizado el plazo máximo de los tres años previstos en la citada orden el 11 de marzo de 2019, sin que se haya aprobado la revisión del documento de planeamiento, el PORN actualmente vigente sigue siendo el que fue aprobado por el decreto 43/2007 de 13 de abril del Consejo de la Generalitat Valenciana y en el que se basó el proyecto de la Variante Sur de Pedralba y la declaración de impacto ambiental.
Añade que en noviembre de 2019 la Diputación provincial de Valencia presentó una petición de prórroga de la Declaración de impacto ambiental del proyecto Variante Sur de Pedralba, que fue concedida el 30 de julio de 2020 mediante resolución del director general de Medio ambiente y Evaluación ambiental, Benjamín Pérez Rocher, ampliando la vigencia por dos años adicionales, hasta el 20 de octubre de 2022.
Este acuerdo fue objeto de impugnación mediante recurso de alzada presentado por la Asociación de defensa del Paisaje de Pedralba que, sin embargo, fue desestimado en virtud de Resolución de la secretaria autonómica de emergencia climática y transición ecológica, Paula Tuzón Marco, del 19 de noviembre de 2020, relata el Ayuntamiento.
Afirma que este recurso «nunca debió ser admitido a trámite» por la Consejería «al tratarse de una resolución de trámite (concesión prórroga de la DIA) contra la que no cabía recurso».
El Consistorio ha exhortado a la Diputación de Valencia «en más de una ocasión» el dictado de las resoluciones que permitan la continuación del proyecto, «lo que ha sido rechazado en todos los casos».
Por tanto, sostiene que «a fecha de hoy no existe razón legal alguna que justifique la inactividad de la Diputación de Valencia que preside el querellado, quien de forma consciente y por intereses imposibles de justificar, ha decidido no proseguir en la tramitación del expediente de la Variante Sur de Pedralba».
«Dicha inactividad consciente se produce pese a que no existe ninguna orden de suspensión cautelar del proyecto, y siendo consciente la Diputación de Valencia de que los obstáculos que de forma reiterada plantea la secretaria autonómica de Medio Ambiente son artificiales y no cuentan con informes técnicos, lo que resulta contrario a la obligación de toda Administración Pública de actuar con eficacia, impulsando de oficio la tramitación de sus expedientes», expone el Consistorio.
Añade que finalizado el periodo de suspensión de tres años y concedida la prórroga de la DIA, el 21 de marzo de 2019 la Diputación de Valencia dirigió un escrito a la Consejería de Medio Ambiente reiterando la solicitud de informe a los efectos de poder continuar con los trabajos de ejecución de la Variante Sur de Pedralba y que no es hasta el 18 de noviembre de 2020 que la secretaria autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica da respuesta acompañando un Informe del Servicio de Gestión de Espacios Naturales.
Apunta que en dicha contestación, «de nuevo se hacen valoraciones que no tienen apoyo en informes técnicos o jurídicos», porque el informe que se acompaña «es simplemente una referencia genérica a los objetivos del proyecto de revisión del PORN, sin concretar lo más mínimo en qué va a afectar al proyecto aprobado de la Variante sur de Pedralba en la carretera CV-377 que sí cuenta con los correspondientes informes técnicos favorables».
«Más allá de referencias genéricas a los objetivos de conservación, consolidación de redes ecológicas, o el propósito de dar continuidad al Parque Natural actual, no se justifica en qué se va a ver afectado el proyecto actual o, lo que es más importante, en qué resulta incompatible con el proyecto de revisión del PORN en trámite desde el año 2016», añade.
El Ayuntamiento sostiene que «no existe justificación alguna que ampare la inactividad del querellado, que es perfectamente consciente de que su obligación legal es dictar las resoluciones necesarias para proseguir con la ejecución del proyecto de la Variante sur de Pedralba en la carretera CV-377; obligación impuesta legalmente y también en respuesta a los distintos requerimientos realizados» por el Consistorio.
«Y ello, pese a la posición obstruccionista de los responsables de la Consejería de Medio Ambiente, en la que no puede ampararse el querellado», afirma.
También expone que la Diputación de Valencia y la Consejería de Medio Ambiente han sido demandadas y hay un procedimiento contencioso abierto, y que en la pieza de medidas cautelares instada por la Asociación de Defensa del Paisaje de Pedralba en la que se pedía, de nuevo, la paralización de la ejecución de la variante sur de Pedralba, «la Diputación no se ha personado ni ha formulado alegaciones a las medidas cautelares», mientras que la Consejería de Medio Ambiente, a través de la abogacía de la Generalitat, «se ha opuesto a dicha medida cautelar si bien con evidente falta de interés y limitándose a cubrir con el trámite».
Señala que «ante la evidente inacción por parte de la Diputación en este procedimiento», el Ayuntamiento le pidió que justificara con apoyo en todos los informes solicitados la razón por la que se había decidido no personarse ni oponerse a la solicitud de medidas cautelares en defensa de los intereses públicos, y que la respuesta «no pudo ser más elocuente», pues «sin haber solicitado ningún tipo de informe jurídico, la Diputación de Valencia decidió que como había otra administración ya personada no hacía falta que ella lo hiciera, siendo que, como hemos visto, los intereses de esas dos administraciones no siempre han coincido, y que se corría el riesgo de que por la Consejería se apoyara la adopción de medidas cautelares tal y como pedía la demandante».
Informa que el pasado 21 de mayo, «la Sala concluyó que no existen razones legales o jurídicas que impidan la ejecución inmediata de la variante, lo que permite concluir que la decisión de paralizarla es merecedora de reproche penal».
Analizando la conducta de la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Paula Tuzón, el Ayuntamiento afirma que «con su actuación ha provocado la artificial e injusta paralización del proyecto de ejecución de la variante, contribuyendo eficaz y conscientemente a la situación actual».
«Ejemplo de ese irregular proceder fue la admisión a trámite sin consulta previa a la Abogacía de la Generalitat, del Recurso de Alzada interpuesto por la Asociación en Defensa del Paisaje de Pedralba contra la Resolución de concesión de la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental, y la estimación de la solicitud de medidas cautelares que suponían una nueva paralización del proyecto de ejecución de la variante sur de Pedralba. Omisión de consulta que fue evidentemente intencionada, ante el temor de que por este servicio jurídico se informara negativamente sobre la admisión de las medidas cautelares tal y como después defendió ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana», manifiesta.
LA VERSIÓN DE LOS QUERELLADOS
Desde la Consejería de Agricultura y Transición Ecológica muestran «absoluta confianza en la gestión realizada». Manifiestan que en noviembre de 2020 se resolvió el recurso de alzada que presentó la Plataforma en Defensa del Paisaje de Pedralba y que la declaración de impacto ambiental está vigente.
Asimismo, señalan que la revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Turia (PORN) del Turia que se aprobará en breve recomendará que el proyecto de la carretera -que es de la Diputación de Valencia- se contemplen otras alternativas que no afecten al parque del Turia, lo que no imposibilita que se realice la obra.
Por su parte, la Diputación de Valencia ha lamentado la judicialización de la Variante Sur de Pedralba, que achaca a «la inacción» de la Consejería de Agricultura y Transición Ecológica.
El presidente de la institución provincial, Toni Gaspar, considera «lamentable» la actitud de la Consejería y sus responsables, aunque no se muestra sorprendido y afirma que la Diputación «ha demostrado sobradamente durante los últimos años que siempre ha querido ejecutar, desde la legalidad y la prudencia, esta obra tan importante» para los vecinos.
Toni Gaspar fue reelegido presidente de la Diputación de Valencia en septiembre de 2019 con el respaldo de PSPV, Compromís y la Vall ens Uneix, cargo que ostenta desde julio de 2018 a raíz de la dimisión de Jorge Rodríguez tras su detención en el marco de la ‘Operación Alquería’. Foto: Jorge Gil/EP
«La prueba más evidente de esta intencionalidad es que la Diputación ha retomado el proceso de expropiaciones necesario para poder iniciar la obra, como demuestra el escrito fechado el 1 de junio del presente año en el que el jefe de servicio de Carreteras comunica a su homólogo de la sección de Expropiaciones que ‘queda levantada la suspensión temporal de la tramitación del expediente expropiatorio, debiendo continuar con el procedimiento'», ha expuesto en un comunicado.
Añade que el área provincial de Carreteras realizó este movimiento tras rechazar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana un día antes dictar medidas cautelares sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la Variante de Pedralba, lo que permitía al proyecto de la Diputación seguir su curso.
En paralelo, dice que Gaspar remitió un tercer escrito a la Consejería, esta vez dirigido a la máxima responsable de Agricultura, Mireia Mollà, solicitando de nuevo el informe favorable del ente autonómico para ejecutar la obra.
Reprocha que al igual que en las dos ocasiones anteriores en que la Diputación solicitó a la Consejería luz verde para acometer la obra y desviar los 3.000 vehículos diarios que atraviesan Pedralba, desde que en marzo de 2019 finalizara la suspensión cautelar de tres años por la revisión del PORN, «no ha obtenido respuesta» de la Consejería, «más allá de sendos escritos firmados por la jefa de servicio de Gestión de Espacios Naturales y el director general de Medio Natural, primero, y por la secretaria autonómica de Emergencia Climática, más tarde, en los que se admite la legalidad del proceso pero se insta a buscar alternativas en previsión de la futura aprobación del PORN».
Añade que ante la «confusa situación» generada por la inacción de la Consejería, responsable de validar medioambientalmente el proyecto, y la presión de los vecinos para ejecutarlo y de colectivos ecologistas para pararlo, presentando recurso contra la prórroga de la DIA, Gaspar decidió preguntar al Consejo Jurídico Consultivo (CJC) sobre la conveniencia de seguir adelante con la Variante Sur de Pedralba.
Según expone, el CJC reconoció igualmente la legalidad del procedimiento y la viabilidad de acometer la obra, si bien recomendó «prudencia» a la Diputación en espera de una futura revisión del PORN que pudiera afectar al proyecto. «Los principios de responsabilidad, prudencia y legalidad han marcado la acción de la Diputación de Valencia en un proceso que se mantiene activo con las expropiaciones, mientras el máximo responsable provincial sigue esperando respuesta del ejecutivo autonómico», recalcan desde esta institución.
Explica que en su último escrito, dirigido a la consejera Mollà y fechado a 15 de junio de este año, Gaspar insiste en que se emita el preceptivo informe que avale la obra o, en su defecto, que «se especifique con claridad si la DIA favorable y la concesión de su prórroga debe entenderse como sustitutiva de dicho informe».
El presidente provincial advierte a la Consejería que, «en el supuesto de no atender de manera urgente y sin demora el requerimiento previo ante la inactividad de esa administración, la Diputación, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se reserva el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales que considere oportunas». «Estamos hartos de tantas trabas y muy molestos con la actitud de la Conselleria que ni hace ni deja hacer», concluye el comunicado.
SUSTOS A DIARIO
«El pasado lunes, una madre y su hijo de seis años estuvieron a punto de ser atropellados como consecuencia de lo estrecha que es esta calle por la que pasan los camiones, pues en el momento en el que salían de su casa se cruzaron un camión de grandes dimensiones y una furgoneta, que al ver que no tenía espacio, se subió a la acera, teniendo la madre y el hijo que meterse en casa para evitar el accidente», relata este diario la alcaldesa de Pedralba, Sandra Turégano.
Señala que «desgraciadamente no se trata de un suceso puntual, sino que ocurre a diario».
Según informa, 1.200.000 vehículos cruzan al año la calle Acequia del pueblo, y 3.300 a diario.
Pide que «se saque de inmediato el tráfico pesado y se ejecute el único proyecto que la Diputación Provincial ha puesto sobre la mesa en 20 años».
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