Sobre estas líneas, la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, contra la que la asociación Gobierna-te dirige la querella por tratar de encubrir a su ya exmarido, Luis Eduardo Ramírez Icardi, que ha sido condenado a 5 años de prisión por un delito de abusos sexuales continuados a una menor de 16 años. Fotos: EP.
Querella contra la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, por tratar de encubrir a su exmarido, condenado por abuso sexual a una menor
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09/5/2021 06:50
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Actualizado: 10/5/2021 10:22
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La asociación Gobierna-te, de la que es presidenta la periodista Cristina Segui, ha presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, por cuatro delitos.
Un delito contra la integridad moral, otro delito contra la Administración de Justicia en las modalidades de encubrimiento y obstrucción a la justicia, un delito por prevaricación administrativa y otro de malversación de fondos públicos.
Gobierna-te acusa a Oltra, vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, de tratar de encubrir a su ya exmarido, Luis Eduardo Ramírez Icardi, empleado como educador de menores en el Centro Niño Jesús, quien fue condenado el pasado mes de marzo a 5 años de prisión como autor de un delito de abuso sexual continuado con prevalimiento sobre una menor de 16 años.
Los hechos por los que fue condenado Ramírez Icardi ocurrieron entre octubre de 2016 y enero o febrero de 2017.
Según figura en la sentencia 159/2021 de 17 de marzo de 2021, dictada por el tribunal formado por los magistrados Dolores Hernández Rueda, como presidenta, José María Gómez Villora, como ponente, y Sandra Schuller Ramos, «no se aprecian contradicciones esenciales en las declaraciones prestadas por la perjudicada a lo largo del procedimiento, en particular en la exploración en Fiscalía de Menores» y en una segunda, en el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia.
«En todas las ocasiones relata la menor en términos prácticamente idénticos a los expresados en el plenario el inicio de los abusos, la ocasión en que tenían lugar y en lo que consistieron, no apreciándose la contradicción con lo declarado en el plenario», señala.
En todas ellas, Ramírez Icardi, educador encargado del turno de noche en una de las dos plantas del Centro, entró algunas noches en la habitación de la joven.
La ayudaba a dormirse dándole masajes por la espalda. Cuando percibía que se había dormido, tomaba una de sus manos y se masturbaba.
«La primera vez que esto ocurrió ella se quedó muy rallada y aunque ocurrió en ocasiones posteriores continuó sin reaccionar porque le daba cosa y no iba a abrir los ojos», relató la joven en el curso de la exploración judicial que le hicieron el 26 de septiembre de 2017 en la Fiscalía de Menores.
«En su exploración ante el Juzgado de instrucción 15 de Valencia (folios 126 a 128), Gabriela [nombre figurado] describe igualmente el lugar y la ocasión en que tenían lugar los abusos y en qué consistían estos, «le daba unos masajes para comprobar si lo estaba (dormida) y cuando creía que era así le cogía la mano y le hacía una paja», repite la sentencia.
«Cuando el educador se hacía la paja llegaba a correrse ya que la explorada notaba como si tuviera mocos en la mano. Que en un par de ocasiones el educador Alberto, además de darle masajes en la espalda llegó a tocarle la entrepierna, puesto que fue bajando y se la tocó por detrás», refieren las exploraciones a la menor.
La niña le contó lo sucedido a su novio y después a su madre y eso provocó la denuncia que desembocó en un primer juicio por el que fue condenado, que se anuló parcialmente y en su repetición se mantuvo la condena.
MÓNICA OLTRA TRATÓ DE AYUDAR A SU MARIDO AFIRMA GOBIERNA-TE
De acuerdo con la asociación Gobierna-te, la sentencia revela que estando suspendido el expediente disciplinario al marido de Oltra, ésta articuló un expediente paralelo y extemporáneo «con el objeto de construir una imagen distorsionada de la víctima, de denigrarla y hacerla pasar por una mentirosa y una perturbada, cuando en realidad es todo lo contrario».
Un «expediente informativo» que tiene fecha de 22 de noviembre de 2017 y que el tribunal califica de «instrucción parajudicial».
El fallo, dice, literalmente que «si bien no está del todo clara su naturaleza («Información Reservada»), parece emular una suerte de instrucción parajudicial, llevada a cabo por una técnico jurídica de la Consellería de Igualdad a la que se encomienda iniciar su tramitación para ‘conocer las circunstancias concretas en que se pudieran haber producido los hechos y determinar la veracidad de las acusaciones…'».
«Con independencia de lo anterior, llama la atención del Tribunal el marcado sesgo de que adolece el citado informe, de principio a fin. Tampoco nos pasa desapercibido el que solo las personas ajenas al ámbito de la Consellería dotan de credibilidad el relato de la menor, en tanto que todas las testificales del personal del Centro de Menores y la Consellería que trataron a Gabriela se la niegan, apreciándose también aquí un claro sesgo de confirmación en toda la actuación de dicha Conselleria, a partir de la inicial percepción (consigna en realidad) de que Gabriela es una niña problemática, mentirosa e incluso violenta)», escriben los magistrados.
«En cuanto a la extemporaneidad de este ‘informe’, la propia instructora reconoce que ‘La primera noticia que se tuvo en el centro de los hechos…fue el 20 de febrero de 2017″, dice el fallo. Poco después de conocerse la denuncia contra el marido de Oltra.
A juicio de la querella de esta Asociación, articulada en su nombre por Vicente Tomás Martínez, de Delgado Abogados, «la consigna –palabra empleada por la propia Audiencia Provincial– era que la menor no debía otorgársele credibilidad alguna» .
El Ministerio Fiscal, representado por Isabel Beneyto LLoris, solicitó la imposición de una pena de 5 años de prisión, como autor de un delito continuado de abusos sexuales a la menor, y una medida de libertad vigilada durante 5 años, con la obligación de participar en cursos formativos de educación sexual. Además de la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conllevara contacto con menores por el periodo de 10 años.
LA VICEPRESIDENTA VALENCIANA NO ES LA ÚNICA QUERELLADA
Junto a la vicepresidenta, Gobierna-te acusa también a ocho personas más: la señora Gascó, quien habría sido a persona que ordenó la práctica del expediente parajudicial; Carmen Fenollosa Egea, directora territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas de Castellón, de la consejería de Oltra; Francisco Soriano, jefe de la Sección del Menor de la Consellería; María José Navarro, técnico jurídico de la Consellería e instructora del expediente parajudicial; Isabel Añón Miranda, psicóloga del Servicio de Atención Psicológica a menores víctimas de abusos sexuales de la Consellería, firmante del informe; Inmaculada Martín, psicóloga de la secciono del menor de la Dirección Territorial de Igualdad de la Consellereía; Isabel Domingo Martín, directora del Centro Niño Jesus, donde sucedieron los hechos ; y Ana Isabel Junquera Márquez, psicóloga del Centro Niño Jesús.
Estas dos últimas, según la querella, conocieron los hechos, pero «jamás los abordó con la menor ni denunció los mismos a Fiscalía, Policía o Juzgado».
La querella se encuentra en fase de admisión en la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV. Toda una patata caliente para el magistrado ponente, Vicente Torres, exfiscal anticorrupcion de Valencia, cuyo nombramiento fue propuesto al Consejo General del Poder Judicial por la Generalitat valenciana en 2019 por el turno de juristas de reconocido prestigio.
El mismo gobierno autonómico del que Mónica Oltra es la vicepresidenta.
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