Entre los demandados está el periodista Mariano Sánchez Soler, autor de una amplia obra sobre el régimen franquista y los negocios de la familia Franco.

Libertad de expresión vs. derecho al honor: Los nietos de Franco demandan a un grupo de periodistas

El juicio se celebrará el próximo 18 de marzo

Redacción Confilegal

30/12/2020 15:23

Actualizado: 30/12/2020 16:06

El Juzgado de Primera Instancia número 43 de Madrid celebrará el próximo 18 de marzo el juicio a un grupo de periodistas que el 23 de julio de 2018 participaron en el programa de televisión En el punto de mira, de Cuatro, que aquel día versó sobre la herencia de los Franco.

Siete nietos de Francisco Franco presentaron una demanda civil contra ellos.

La demanda se dirige contra los dos directores del programa, Juan Serrano y Lorena Correa; tres reporteros -Pablo de Miguel, Juan Carlos González y Carla Sanz; los periodistas de investigación Mariano Sánchez Soler y Javier Otero Bada; el exconcejal de Sada (La Coruña) Carlos Babío; y el periodista Jimmy Giménez Arnau, quien estuvo casado con una nieta de Franco.

También dirigen la demanda contra Mediaset España Comunicaciones.

El pasado 16 de diciembre se celebró una audiencia previa en la que los nietos de Franco ratificaron la demanda.

Según ha informado a Confilegal el abogado alicantino Enrique Botella, que representa legalmente al periodista Mariano Sánchez, los nietos de Franco manifiestan que en dicho programa se virtieron afirmaciones que suponían una intromisión en el honor, a la intimidad, a la propia imagen personal y familiar en relación con la sucesión hereditaria de los demandantes, y que eso les ha supuesto «una situación de hostilidad, incitando a la discriminación, el odio o la violencia» que desde su emisión habrían venido sufriendo.

Reclaman 50.000 euros de indemnización.

Asimismo, piden que se declare que la información aparecida en el programa supone una intromisión ilegítima en el derecho al honor, la retirada de dicho programa en su totalidad o parcialmente en cualquier medio de comunicación en el que pudiera aparecer.

También solicitan la destrucción del reportaje y la prohibición de la utilización del mismo en el futuro.

Y piden que se condene a la cadena a la difusión a su costa de la sentencia en la misma franja horaria.

Seis nietos de Franco -los mismos anteriores, salvo Carmen Martínez-Bordiú- también presentaron dos querellas por injurias y calumnias.

Una de ellas contra los demandados por el citado programa de Cuatro y la otra por el programa Equipo de Investigación, de La Sexta, sobre el mismo tema.

Ambas fueron archivadas.

La familia Franco interpuso entonces un recurso de apelación, y el pasado mes de agosto, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó la reapertura de una de ellas, la relativa al programa de Cuatro.

Tras ello, el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, que en su día archivó la querella, acordó citar a los querellados para el 27 de agosto de 2020 en calidad de investigados, aunque la citación se suspendió y les citaron nuevamente para el 3 de diciembre, comparecencia que se llevó a cabo.

EL PROGRAMA DE CUATRO

Según ha señalado a este diario el periodista Mariano Sánchez Soler, en el programa aseguró que el apellido Franco «les sirvió para hacerse multimillonarios» y que el cálculo de su patrimonio no se puede saber, aunque en muchas informaciones se ha estimado en torno a los 500 millones de euros.

Además, habló de «los regalos que dos veces por semana, en audiencia, recibió Franco durante cuatro décadas; sus posesiones en el extranjero; la aparición de sus familiares en los Papeles de Panamá o en la amnistía fiscal de Montoro».

Sánchez Soler es autor de una amplia obra sobre el régimen franquista y los negocios de la familia Franco. El mes pasado publicó la última de ellas, Los ricos de Franco (Roca Editorial).

«Yo fui invitado a participar en el programa por un libro que había publicado 16 años antes, titulado Los Franco S.A., y me limité a reproducir las investigaciones recogidas en este libro y que jamás fueron objeto de querella o denuncia por parte de la familia», explica Mariano Sánchez, que ha investigado a Franco y «los negocios desarrollados en torno al Palacio de El Pardo desde 1988, año en el que murió Carmen Polo».

Durante todo este tiempo ha publicado reportajes y libros sobre el franquismo, y sus informaciones han sido recogidas por muchos historiadores, como Paul Preston, en su biografía sobre Franco.

«Nunca he escrito ningún dato del que no tuviera documentación o información de fuentes fidelignas», señala Sánchez Soler.

Según ha informado eldiario.es, el periodista Javier Otero Bada cuestionó en el programa el origen de los 12 millones de pesetas con los que Franco compró «una única finca» y apuntaba a un supuesto desvío para uso personal de Franco de donativos de guerra o para la reconstrucción del Alcázar, o ayudas a huérfanos, «afirmaciones tan miserables como inciertas».

El citado diario también recoge que el abogado de los demandantes dice que se ha difundido recientemente el testamento de Franco «y que éste dejó en herencia oficialmente a su viuda e hija 28,5 millones de pesetas, apenas 171.290 euros».

ENRIQUE BOTELLA, ABOGADO DE MARIANO SÁNCHEZ: «TODAS LAS DECLARACIONES QUE HIZO MI CLIENTE ESTÁN AMPARADAS POR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN’

El abogado Enrique Botella manifiesta que todas las declaraciones que hizo su cliente «están amparadas por el derecho a la información y a la libertad de expresión».

«Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, tiene prevalencia el derecho a la información respecto al derecho a la intimidad, siempre y cuando se trate de información veraz y de interés general, como ocurre en este caso», señala el letrado.

Además, Enrique Botella cuestiona la legimitimación activa de los demandantes porque «no han acreditado en el procedimiento judicial ni ser familia de Franco, ni de Carmen Franco, ni herederos de ellos».

Por otra parte, señala que Mariano Sánchez Soler no se refirió en sus manifestaciones a ninguna cuestión de carácter privado de los demandantes. «Ni siquiera hace una referencia a ellos por su nombre», apunta.

Además, destaca que todas las declaraciones que hizo su cliente ya se habían realizado con anterioridad en otros medios y que, sin embargo, no se había actuado antes.

Botella señala que su representado en ningún momento aludió con sus comentarios a la «esfera privada» de los demandantes.

En este sentido, alude también a reiterada jurisprudencia del Supremo, según la cual, cuando las manifestaciones no se refieran a la esfera privada, sino a la empresarial o pública no supone una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad, ni al honor, ni a la propia imagen.

Respecto al procedimiento penal, no se pronuncia porque todavía no se les ha dado traslado del auto de la Audiencia y no conoce los motivos de la reapertura.

«En ambos procedimientos judiciales lo que se trata es de defender el derecho a la información veraz y a la libertad de expresión sin que existan cortapisas para que estos temas puedan ser conocidos por la sociedad», concluye.