El partido de Santiago Abascal propondrá en el Congreso regular por ley las redes sociales que 'censuran' y 'cercenan la libertad'. Foto: EP
VOX se querella contra Twitter tras suspender su cuenta, por ‘vulnerar’ su libertad de expresión en periodo electoral
Solicita que se ordene el desbloqueo de la cuenta como medida cautelar
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02/2/2021 10:10
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Actualizado: 02/2/2021 10:42
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VOX se ha querellado contra Twitter y su representante en España, Nathalie Picquot, por la suspensión de la cuenta oficial del partido durante una semana, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral en Cataluña.
La tiene suspendida desde el pasado jueves.
Denuncia que se está vulnerando el derecho a la libertad de expresión de la formación en un periodo electoral, causando «graves perjuicios contra su imagen y contra su capacidad de difundir su programa para los comicios» del próximo 14 de febrero.
Es por ello por lo que solicita como medida cautelar que se ordene el desbloqueo de la cuenta.
El mensaje que ha motivado la suspensión está encuadrado en la campaña ‘Stop Islamización’ que lanzó la semana pasada VOX para denunciar a los partidos políticos por haber promovido «la peligrosa islamización de Cataluña».
«Suponen aproximadamente un 0,2% y son responsables del 93% de las denuncias. La mayoría son procedentes del Magreb. Es la Cataluña que están dejando la unánime indolencia y complicidad con la delincuencia importada. ¡Sólo queda Vox», señala en el mensaje que ha motivado que la red social haya limitado «de forma temporal» algunas de las funciones de su cuenta oficial.
El mismo día y a la misma hora que el PP, con sus medios subvencionados, lanza una burda campaña de desinformación contra VOX, esta red social @TwitterEspana censura nuestra cuenta oficial @vox_es impidiéndonos lanzar nuestro mensaje y explicar nuestras posturas.
HILO ⬇️ pic.twitter.com/tOrhnI7JNQ
— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) January 28, 2021
El partido de Santiago Abascal considera que el bloqueo de su cuenta supone una lesión de sus derechos fundamentales, la imputación falsa de un delito de odio y la comisión de otro de injurias y calumnias.
En la querella ha pedido la comparecencia de la responsable de la red.
VOX ha explica que los derechos fundamentales afectados por la decisión de Twitter son el derecho a la información y el pluralismo político, «al aplicar una medida desproporcionada que se aparta de la interpretación constitucional de los límites de la libertad de expresión»; el derecho a la participación política, «al cerrar un cauce de participación de afiliados y simpatizantes y prohibir la difusión de unas determinadas ideas políticas»; y el principio de igualdad, «al no interpretar del mismo modo las publicaciones de otras formaciones políticas».
También considera que se comete una vulneración del derecho al honor al «imputar falsamente un delito a VOX, difamando a esta formación al imputarle falsamente un delito de odio».
VOX reitera que todo esto se produce en un periodo electoral, «lo que causa un daño añadido» al impedir a sus candidatos «competir en igualdad de condiciones que los del resto de formaciones».
Del mismo modo, sostiene en que «Twitter no puede sustituir una decisión judicial, una facultad que se ha arrogado sin ser competente para ello».
El portavoz del Comité de Acción Política de VOX, Jorge Buxadé, abogado del Estado en servicios especiales, detalló ayer en una rueda de prensa en la sede de VOX el contenido de la querella, en la que ha calificado «ilegal» e «injerencia extranjera» la actuación de las grandes corporaciones tecnológicas, dirigidas por «bandas de multimillonarios» a los que ha acusado de que querer «acumular poder» e «imponerse a las democracias nacionales» mientras los ciudadanos son «cada vez más pobres y con menos libertad».
Es la segunda vez que Twitter suspende la cuenta de VOX. La vez anterior ocurrió en enero del año pasado tras publicar un comentario en respuesta a la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra.
«No soportan al colectivo LGTBI, no soportan el matrimonio entre personas del mismo sexo, no soportan la igualdad entre mujeres y hombres, no soportan que sus ideas retrógadas no sean las de toda la sociedad», publicó la dirigente socialista.
«Lo que no soportamos es que os metáis en nuestra casa y nos digáis cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y menos aún que con dinero público promováis la pederastia», respondió VOX en su cuenta de Twitter, que gestiona su responsable de Comunicación, el diputado por Toledo Manuel Mariscal.
Tras ese tuit, la compañía comunicó a VOX que había vulnerado sus normas internas en el apartado de incitación al odio y bloqueó la cuenta hasta que el partido borrara el comentario.
VOX manifestó entonces que su tuit «en ningún momento» hacía referencia al colectivo LGTBI y reclamó poder ejercer su «derecho a la libertad de expresión». Finalmente, borró el mensaje y recuperó el funcionamiento de su cuenta.
El partido también está llevando a cabo varias iniciativas en el Parlamento Europeo para «denunciar las prácticas empleadas por Twitter y Facebook». Según ha informado Buxadé, el próximo jueves pedirán en la Conferencia de Presidentes, el órgano de gobierno del Parlamento Europeo, que se debata de forma extraordinaria sobre la violencia que están sufriendo en sus actos políticos, «que viene impulsada por la demonización en redes sociales».
La semana pasada, VOX también registró una pregunta para que la Comisión Europea responda sobre las medidas que va a adoptar para «impedir la censura de opiniones libres en Europa por parte de Twitter» y «la intoxicación y la intromisión de multinacionales extranjeras en procesos electorales en la UE».
Los eurodiputados de VOX también enviaron una misiva al presidente del Comité Especial sobre Interferencia Extranjera en los Procesos Democráticos de la Unión, Raphael Glucksmann, denunciando la suspensión de la cuenta.
También remitieron la carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y al presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar.
Además, la secretaria general del grupo parlamentario de VOX en el Congreso, Macarena Olona, también abogada del Estado en servicios, anunció ayer que VOX registrará próximamente en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para «prohibir y sancionar» a las grandes empresas tecnológicas y de redes sociales que pretendan «censurar» voces «libres» y «suplantar» el papel de los parlamentos nacionales.
Lo avanzó en su intervención en un desayuno informativo, donde denunció la existencia de un movimiento para «controlar la opinión pública» y así condicionar a la ciudadanía.
Puso el ejemplo de Twitter, que suspendió la cuenta del expresidente de Estados Unidos Donald Trump o la la de VOX.
Olona ha destacado que VOX tiene una actividad «muy intensa» en esta red social y que la suspensión coincide con la campaña de las elecciones al Parlamento de Cataluña.
«Se compartan o no las opiniones Trump o de VOX, cualquier demócrata tiene que estar en la casa común de preservar los derechos y libertades», ha subrayado Olona, quien acusa a las grandes plataformas tecnológicas de intentar «suplantar la voluntad soberana de los parlamentos nacionales».
En este intento de controlar la opinión pública, Olona ha incluido también a las denominadas agencias de verificación de datos y a la Comisión para el control de la desinformación creada por el Gobierno y que VOX ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.
ESPAÑA, COMO VENEZUELA EN 1999
Olona ha manifestado que todo ello se enmarca «dentro de la estrategia del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos de hacerse con el control de todos los poderes del Estado».
Y ha comparado la situación de España con la de Venezuela en 1999, cuando Hugo Chávez inició un camino «que ha acabado en miseria».
«Cuando el poder Ejecutivo prueba las mieles del poder absoluto, luego es muy difícil desandar ese camino», advierte.
Olona ha recordado que ha interpuesto hasta 11 recursos de inconstitucionalidad durante los últimos 12 meses, y ha anunciado que próximamente se sumarán tres más: Contra la Ley Celáa, la Ley de eutanasia y a reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impulsada por PSOE y Unidas Podemos.
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