El protocolo pretende que sean las propias familias, con la ayuda de profesionales, las que resuelvan sus diferencias antes de recurrir al sistema judicial.
El TSJ de Extremadura ordena demoler todo lo que esté en fase de construcción, pero no lo ya construido y en funcionamiento por no afectar al medioambiente.
La Asociación Profesional de la Magistratura se ha impuesto en las elecciones a las Salas de Gobierno del TS, de la AN y de los 17 TSJ. Había 117 puestos.