Denuncia que el CGPJ está "perjudicando gravemente" el interés público, que exige cubrir las plazas vacantes, así como los legítimos intereses de los candidatos propuestos.
Señala que el disfrute de ese permiso no puede comportar ningún perjuicio económico porque dificultaría la corresponsabilidad y el desarrollo de profesional de la mujer.
