En un encuentro de trabajo que tuvo lugar ayer entre el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, y el defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ambos coincidieron en la necesidad de reformar la ley de protección de testigos para ofrecer mayores garantías a quienes deciden colaborar con la Justicia y denunciar la comisión de delitos