En un encuentro de trabajo que tuvo lugar ayer entre el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, y el defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ambos coincidieron en la necesidad de reformar la ley de protección de testigos para ofrecer mayores garantías a quienes deciden colaborar con la Justicia y denunciar la comisión de delitos.
La reforma de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales está entre las recomendaciones contenidas en el Informe anual correspondiente al año 2017 del Defensor del Pueblo y es, asimismo, una de las propuestas que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, expuso en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el pasado día 11 de julio.
Como explicó la ministra en la Cámara, es imprescindible actualizar la norma y reforzar las acciones del Estado para asegurar la integridad de todos aquellos que colaboran con la Justicia.
En el entorno internacional, la figura del denunciante o alertador es conocida como el whistleblower y hasta ahora, solo 10 Estados miembros de la UE (Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Holanda, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido) cuentan con legislación específica para proteger y garantizar plenamente su seguridad. Precisamente, los mejores índices de protección a todos los niveles los presentan Holanda, Irlanda y el Reino Unido.
Acomodar la norma a las ‘nuevas formas de delincuencia’
Dolz y Fernández Marugán estuvieron también de acuerdo en la conveniencia de reformar una norma que nunca ha sido actualizada ni tampoco ha sido objeto de desarrollo reglamentario y que, por tanto, ha quedado obsoleta y se ha visto superada por las nuevas formas de delincuencia.
El secretario de Estado incidió en que las denuncias realizadas por los ciudadanos ante la comisión de un delito, así como las declaraciones judiciales de los testigos en el curso de las investigaciones penales, son una importante forma de colaboración con la Justicia que debe poder prestarse con todas las garantías.
Propuesta de Directiva sobre los whistleblowers
La Comisión Europea propuso el pasado mes de abril una nueva regulación para que los denunciantes de irregularidades o whistleblowers de los Estados miembros tengan un marco de protección que garantice su seguridad y puedan desempeñar un importante papel a la hora de sacar a la luz actos ilegales o casos de corrupción.
La nueva ley establecerá canales seguros de notificación tanto dentro de una organización como a las autoridades públicas. También protegerá a los denunciantes contra el despido y otras formas de represalia, y exigirá que las autoridades nacionales informen a los ciudadanos y formen a las autoridades públicas sobre el trato que deben dispensar a los denunciantes de irregularidades.
Además, en la Quinta Directiva antiblanqueo se incorporó una referencia a los denunciantes donde se señala que las personas que revelen información sobre blanqueo de capitales podrán beneficiarse de protección, incluido el derecho al anonimato.
