Expertos en Derecho Administrativo y Constitucional consideran que las CCAA no tienen la potestad suficiente para tomar decisiones que limiten los derechos fundamentales de los ciudadanos tras el estado de alarma.
El Gobierno plantea la reforma de la subcontratación y la revisión de las bonificaciones a las contrataciones, en la que confía ahorrarse 2.000 millones.
