El Partido Popular, VOX y Cs han exigido hoy al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que el Gobierno que reconsidere su posición de los indultos a los condenados por el ‘procés’ tras el informe del Tribunal Supremo.
Se lo han reclamado en la comparecencia de Campo, a apetición propia, en el Senado para presentar su proyecto Justicia 2030.
¿La respuesta del ministro? El titular de Justicia ha insistido en la necesidad de ver los indultos con «naturalidad»: «No nos tiene que asustar».
«Aplicar la ley no es revancha, las sentencias judiciales no son venganza”, ha subrayado el portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Senado y exvicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa Torner, magistrado en servicios especiales, como Campo.
«La Constitución establece como unos de sus valores fundamentales la Justicia, que es dar a cada uno lo suyo, y el que delinque y no se arrepiente y, además, afirma que insistirá en el delito, no puede obtener el perdón de la sociedad, por mucho que un Gobierno dependa políticamente de sus votos”, ha agregado.
El portavoz de Justicia del PP ha afeado al ministro que hablara de darle «normalidad» a estos indultos y le ha recordado que «su obligación es defender la Constitución y a los tribunales».
De Rosa también ha hecho referencia a las palabras del Gobierno para justificar esta decisión, acerca de olvidar la revancha, y ha asegurado que, si unos presos «no se arrepienten, no pueden obtener un perdón por mucho que un Gobierno dependa de sus votos».
«Acepte el informe del Tribunal Supremo, de esta manera se eviten las crisis constituyentes», ha subrayado el senador del PP, que también ha reclamado al ministro que renuncien a su pretensión de reformar los delitos de sedición, rebelión, de opinión, y de enaltecimiento del terrorismo.
“¿Por qué su Grupo Parlamentario apoya que no se suspenda a los cargos que desobedezcan al tribunal constitucional? ¿Pretende debilitar a el órgano encargado de evitar las crisis constituyentes?”, ha preguntado al ministro.
También ha preguntado a Campo si el Gobierno va a aceptar la Proposición de Ley del Grupo Popular para prohibir los homenajes a terroristas y ampliar los controles para los acercamientos de presos. “De esta manera garantizaríamos la memoria, la dignidad y la justicia con las víctimas”, ha asegurado.
De Rosa ha destacado que Campo habla constantemente de la agenda 2030, de hecho, afirma que “es de lo poco que se la ha escuchado argumentar desde que comenzó la Legislatura», y que «por si no fuera suficiente, el presidente del Gobierno parece haber superado esa fecha y hablar de los objetivos a alcanzar con el programa España 2050». «Han puesto en marcha de nuevo la propaganda», le ha espetado.
El portavoz ‘popular’ de Justicia en el Senado también ha puesto de manifiesto «las dudas de Europa acerca de la política del Gobierno contra el Poder Judicial». “Sabe cuál es nuestra posición, la misma que la de Bruselas: Independencia”. Por eso, ha añadido el senador, “a su objetivo de lograr una Justicia accesible, eficaz y sostenible, le falta una cuarta premisa: una justicia independiente”.
Fernando de Rosa también ha reprochado al ministro la “agresión constante al Partido Popular”, a pesar de que se le llena la boca con las palabras «consenso y gratitud». “Su Gobierno ha insultado a este grupo en el BOE, acusándonos de eliminar derechos y desmantelar libertades, como han hecho en el preámbulo de la ley de Reforma del artículo 315 del Código Penal, realizando una soflama política», ha denunciado, y ha preguntado al ministro si «va a pedir disculpas al Grupo Popular por los insultos que su partido ha proferido en el BOE”.
El senador valenciano también ha denunciado que el Ministerio “tiene abandonados a los abogados, procuradores y graduados sociales”, ya que ha demostrado una “gran insensibilidad”, no pactando que fueran incluidos en los planes de vacunación preferente, cuando han sido esenciales durante lo más duro de la pandemia, sosteniendo el Estado de Derecho.
También ha señalado que es necesario trabajar en la conciliación de la vida profesional y familiar de estos profesionales, y que aunque han llegado a un acuerdo, el cual apoya el PP, “en él no han tenido en cuenta la maternidad o paternidad entre las medidas de conciliación previstas”.
Además, el senador del PP ha reprochado a Campo la “obsesión del Gobierno” con los nombramientos que pueda realizar el Consejo General del Poder Judicial, y “sin embargo, justifiquen y miran hacia otro lado, con los nombramientos que se están haciendo en la Fiscalía».
«Miran hacia otro lado con los nombramientos sectarios, que está realizando la Fiscalía», ha denunciado De Rosa, y ha reivindicado que urge una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
Acto seguido, ha preguntado al ministro si conoce “los incumplimientos constantes de la fiscal general del deber de abstención”. Según ha apuntado, la última ocasión ha sido al rechazar abstenerse en un recurso de la ministra Irene Montero en el Supremo.
“Cesen a Dolores Delgado y contribuirán a mejorar la imagen de su Gobierno y la de la Fiscalía”, ha concluido De Rosa.
El senador de VOX por Murcia, José Manuel Marín Gascón, ha condenado los indultos que el Gobierno de España quiere conceder a los golpistas catalanes. A su juicio, «el único interés del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es mantenerse en el poder a toda costa».

Marín ha hecho hincapié en que tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía se han pronunciado en contra del indulto a los condenados por el ‘procés’.
El Miniterio Público se opuso a la concesión de la medida de gracia debido la gravedad de los hechos y al entender que no existen razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen su aplicación, como concluye el Supremo.
Además, la Fiscalía sostiene que los condenados deben cumplir las penas sin «atajos» y por eso se ha opuesto de manera tajante a la concesión de esta medida que, según ha subrayado, no puede operar «como moneda política de cambio» para la «obtención de apoyos parlamentarios».
Asimismo, ha asegurado que «los indultos serán concedidos a petición del Senado, y no lo han solicitado; que hayan reconocido el delito cometido, que no lo han hecho; y que hayan mostrado su arrepentimiento, cuando han indicado que lo volverían a hacer».
Por otro lado, el senador de VOX ha criticado el Plan Justicia 2030, del que afirma que «está vacío de contenido», y lo ha comparado con el Pacto de Estado por la Justicia de 2001, del que ha lamentado que «no sirvió para nada».
Marín ha explicado que el término «cogobernanza» no existe en el ordenamiento español, sino que es un «invento» de Sánchez «para hacer un uso alternativo del derecho».
Por último, ha acusado al Campo de, «bajo la dirección de Sánchez», haber estado coordinando todas las actuaciones dirigidas a socavar el Poder Judicial. «Por todo ello, dudamos de que tanto usted como su Gobierno sean demócratas», ha dicho al ministro.
El portavoz de Ciudadanos Miguel Sánchez López, licenciado en Derecho y en Criminología, también ha cargado contra el Ejecutivo afirmando que tienen «un problema» con los indultos y afeando al ministro de Justicia que hable de verlos con «naturalidad».

Ha acusado al Gobierno de «reescribir» la sentencia del ‘procès’ y ha insistido, como los grupos de la oposición, en pedir al Gobierno que escuche al Supremo y reconsidere su posición respecto a concederlos.
El senador de Ciudadanos por Murcia ha reiterado que Supremo concluye en su informe que no existe arrepentimiento por parte de estos condenados.
«No cometan este disparate», ha insistido.
EL MINISTRO INSISTE EN QUE EL INDULTO DEBERÍA VERSE CON NATURALIDAD
En su intervención, el ministro de Justicia ha subrayado que el indulto debería verse con «naturalidad» porque «está en nuestro ordenamiento jurídico».
«No nos tiene que asustar. Esto no es una pelea del Ejecutivo contra el Poder Judicial», ha asegurado durante su comparecencia.
En respuesta a las críticas de la oposición, Campo ha recordado que el Ministerio tiene la obligación legal de dar tramitación a las peticiones de indulto. Ha remarcado que se respetará el proceso establecido por la ley para estudiar las solicitudes de los condenados y que no se pronunciará al respecto hasta que el Consejo de Ministros evalúe los informes del Supremo y la Fiscalía y adopte una decisión.
Campo también ha dicho que confía «ciegamente» en el Alto Tribunal y que estudiará el informe emitido ayer por la Sala de lo Penal sobre los indultos.
«No creo que haya habido nunca una sola palabra que pudiera entenderse como una sospecha o duda hacia el Tribunal Supremo», ha señalado tras insistir en que solo tiene «reconocimiento y admiración» para los jueces.
Asimismo, Campo ha aprovechado para reiterar que España es una «democracia plena» en la que «no existen presos políticos».
Durante su intervención, el ministro ha descartado que el Gobierno esté trabajando en un cambio de la Constitución. Ha explicado que «nunca» invocó un cambio del texto constitucional al hablar de «crisis constituyente» durante una intervención en el Congreso de los Diputados el pasado mes de junio».
El titular de Justicia ha presentado a los senadores el plan ‘Justicia 2030’, «un plan clave para modernizar la Administración de Justicia», que el pasado 19 de mayo también presentó en el Congreso,
«Justicia 2030 es el plan de transformación de la Administración de Justicia, basado en la accesibilidad, la eficiencia y la sostenibilidad”, ha explicado, y ha detallado las iniciativas más relevantes del plan, entre las que destacan la ley de eficiencia procesal, organizativa y digital.
También ha hecho hincapié en que este es un proyecto conjunto y en cogobernanza que permite pensar “a 10 años en la Justicia, que es lo que la sociedad y nuestra Administración de Justicia necesitan”.
El ministro ha destacado la “enorme unanimidad” con la que se están aprobando los acuerdos en Justicia y ha indicado que hay que “potenciar el trabajo compartido porque es el que está dando frutos”.
Por otro lado, en respuesta a los grupos parlamentarios, Campo ha instado a la renovación de los órganos constitucionales porque “es lo que da solidez a nuestra democracia”. Y ha añadido que “la primera obligación que tiene un demócrata es servir al Estado de Derecho y eso se hace cumpliendo las leyes”.
El vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terol, advertió ayer al Ejecutivo, en un entrevista en RNE, que si concede los indultos, tienen un «motivo más» para no llegar a un acuerdo para renovar el CGPJ.
«¿Ahora somos unos chantajistas por pedir que se respeten las decisiones del Tribunal Supremo?», preguntó.