Los casi dos millones familias afectadas por el IRPH (ndice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) en España tendrán que esperar al menos dos años hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) aborde la cuestión prejudicial planteada por el juzgado 38 de Barcelona.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado la multa de 100.000 euros que la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) impuso el año pasado al Colegio de la Abogacía de Bizkaia por negarse a inscribir en el turno de oficio a una letrada con despacho principal en Madrid.
Tres años después de la puesta en marcha de la plataforma Seguir Creando el problema de la compatibilidad entre las pensiones y derechos de autor de estos creadores jubilados se mantiene sin que el Gobierno haya aportado una solución para resolver este asunto.
A menos de dos meses para la puesta en marcha del nuevo Reglamento Europeo de Protección de datos (RGPD) que viene a reemplazar la Directiva 95/46, aún vigente, y a superar la Ley Orgánica de Protección de Datos española (LOPD) , parece evidente que nos encontramos ante un cambio cultural.
Ya lo explicó en su última comparecencia pública, Sebastián Albella, presidente de la Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV), cuando presentó el Plan de Acción de este regulador para este ejercicio, que iba a estar muy encima del mercado financiero para sus operadores jurídicos ofrecieran transparencia.
El Borrado de los Presupuestos recoge una partida negociada entre PP y Ciudadanos de 20 millones para compensar a las víctimas de la talidomida. Mientras que desde esta asociación de afectados AVITE se hacen los cálculos y se habla de 56 euros al mes para cada afectado.
En un fallo reciente de unificación de doctrina 1121/2015 de 8 de febrero, la Sala Social del Tribunal supremo, en su conocida “sentencia Inditex” sobre el control de los medios informáticos por la empresa, aclara la necesidad de una proporcionalidad de dicho control hacia el trabajador.
La Familias numerosas presentaban este lunes sendas reclamaciones ante el Ministerio de Industria y el Defensor del Pueblo por las dificultades que este colectivo, más de 640.000 familias en toda España, tiene de acceder al nuevo Bono Social.
Gómez-Acebo & Pombo eligió a Carlos Rueda, un abogado muy comprometido con el despacho desde primeros de los años noventa, para gestionar el cambio de la firma y seguir haciéndolo competitivo.
