Un abogado de Santiago, condenado a cuatro años y medio de prisión por estafar 34.650 euros a un cliente vulnerable con falsos depósitos judiciales durante cinco años.
La infracción deontológica no exige la existencia de un daño efectivo, sino la mera vulneración de las reglas que garantizan la lealtad profesional y la correcta relación entre letrados.
