Considera que el precepto incluido en la Ley de Educación de 2020 puede infringir varios artículos de la Constitución y ocasionar “un trato discriminatorio” a estos centros.
El Derecho de la Unión se opone a una normativa nacional que impone la publicidad de cualquier información comunicada por los licitadores, con la única excepción de los secretos empresariales.
