A pesar de que los cuatro han salido condenados a penas de prisión, dos de ellos han logrado rebajar la condena.
Confirmada condena a cuatro delincuentes que se hacían pasar por agentes del CNI para apoderarse de dinero
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18/11/2022 06:48
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Actualizado: 18/11/2022 05:11
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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha estimado parcialmente los recursos de casación de dos de cuatro condenados que extorsionaban a personas haciéndose pasar por agentes del CNI y de la inteligencia militar para apropiarse de dinero haciendo uso de identificaciones falsas.
A pesar de que los cuatro siguen estando condenados a penas de prisión, dos de ellos han logrado rebajar la pena.
La sentencia número 849/2022 de 27 de octubre de 2022 ha sido dictada por el tribunal formado por Manuel Marchena, Andrés Palomo, Carmen Lamela, Leopoldo Puente y Javier Hernández.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería investigó a siete personas por un delito de pertenencia a grupo criminal, tres delitos de extorsión en grado de tentativa, dos delitos de usurpación de funciones públicas, dos delitos de falsificación de documento oficial y una falta contra el orden público y se una vez finalizada, el caso se remitió a la Audiencia Provincial de Almería.
La Audiencia de Sevilla condenó a cuatro
De las siete personas investigadas, la Audiencia de Sevilla condenó a cuatro de ellos por delitos de extorsión en grado de tentativa y, a dos de ellos, delito de falsedad de documento público en concurso medial y un delito de usurpación de funciones públicas.
Por lo que los dos primeros fueron condenados a ocho meses y quince días de prisión, otro a tres años y un mes y, el cuarto, a dos años y medio.
Según los hechos probados por la Audiencia de Almería, los acusados se dedicaban a realizar negocios inmobiliarios y hoteleros. En uno de sus encuentros, uno de los condenados hizo alusión a que sabía que un ciudadano de Almería disponía de 128.498.700 dinares iraquíes a pesar de que no le conocía. Una cantidad que, en euros, ronda los 90.000 euros.
Por ello, uno de los implicados se ofreció a ponerse en contacto con él al ser un conocido suyo y éste accedió a reunirse con dos de ellos. También accedió viajar con ellos a Madrid, donde conoció a otros dos integrantes.
A uno de ellos le otorgó un poder notarial para que gestionase la venta de los mencionados dinares, los cuales estaban depositados en una empresa de seguridad y que había adquirido en representación de la sociedad limitada Segaly en 196, de los que sólo 60.000 pertenecían al hombre.
A pesar de que dejó constancia a uno de ellos de que no era viable la venta de los dinares, le comunicaron que pertenecían a un importante grupo de gobierno con poder para gestionar la venta en Estados Unidos, que, según ellos, era el único país autorizado para tal operación. Por lo que le dieron indicaciones sobre una apertura en una cuenta en Suiza, pero decidió no ir.
Mostraban placas del CNI que aparentaban ser oficiales
Al ver frustrada la operación, volvieron a concertar una segunda cita con él en una cafetería, donde uno de ellos manifestó pertenecer a un cuerpo de inteligencia del Estado, siendo capitán del ejército.
En esos momentos, le mostraron unas placas de identificación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que aparentaban ser oficiales. Con tono amenazante y con ánimo de obtener beneficio económico injusto, le explicaron que la tenencia de los dinares era ilegal, que no estaba en prisión por deferencia a uno de ellos y que, o renunciaba a la mercancía y les entregaba además a ellos 200.000 euros en metálico en unas horas, o le detenían y le trasladaban a Madrid.
Asimismo, le advirtieron de que el teléfono que portaba estaba intervenido por ellos.
Repitieron la operación en varias ocasiones
Pero no es la única vez que lo hicieron. Otros condenados se reunieron con una familia en Mazarrón (Murcia) y Vera (Almería) para “solucionar sus problemas económicos” dándoles a entender que tenían información privilegiada sobre sus negocios.
Tanto en las llamadas telefónicas como en los encuentros, uno de los condenados exigió que realizaran entregas de dinero de 100.000 euros que fueron rebajadas a 25.000.
Al negarse, uno de los condenados reaccionó de forma agresiva y violenta asegurando que le iba a meter en la cárcel porque pertenecía a “La Casa” (expresión con la que se conoce vulgarmente al CNI), dando a entender que pertenecía a algún cuerpo policial. Finalmente no le entregaron el dinero.
En otra ocasión, se pusieron en contacto con un inspector de trabajo en Málaga y, en su despacho, uno de los condenados le expuso sobre la mesa un documento con la bandera de España y las siglas del CNI, también, una tarjeta de identificación del CNI de las Fuerzas Armadas y serigrafía de Sección de Contraespionaje y Seguridad, junto con una identificación y una placa del Estado Mayor de la Defensa.
También le entregó un papel que simulaba una querella formulada por un empresario contra el inspector con un sello de entrada en el Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga con los sellos del CNI.
A la salida de la reunión fue detenido por la Guardia Civil con todos los documentos citados en su poder.
Detenidos con todos los documentos en su poder
Dos de ellos fueron detenidos con todo el material falso en su poder.
Tras la condena de la Audiencia de Almería, se presentaron cuatro recursos de casación ante el Tribunal Supremo que han sido estimados parcialmente puesto que dos de las cuatro penas han sido reducidas.
El motivo por el que se les ha rebajado la condena es porque a ambos se les ha absuelto del delito de usurpación, tipificado en el artículo 402 del Código Penal, han dejado sin efecto la condena como autores de un delito de falsedad en documento oficial y otro de extorsión en grado de tentativa.
En su lugar, se condenó como autores de un delito de amenazas condicionales del artículo 169.1º en concurso medial con un delito de falsedad en documento privativo. Con la atenuante de dilaciones indebidas, les dejó en una pena de un año de prisión.
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