Al ministro de Justicia no le preocupa la amenaza de huelga de jueces y fiscales. Confilegal.
Rafael Catalá: «No parece razonable que un mismo asunto tenga un resultado distinto, según el juez que lo enjuicie»
|
17/3/2016 07:00
|
Actualizado: 21/3/2016 10:12
|
Cuando Rafael Catalá fue designado ministro de Justicia, en septiembre de 2014, tuvo que hacer frente a la «tormenta perfecta» que se había dejado su predecesor, con la mayor parte del «planeta Justicia» en rebelión abierta. El temperamento contenido de Catalá, su autocontrol, sin ninguna duda contribuyó a llevar a buen puerto la nave, superando olas de 15 metros y vientos huracanados.
A su favor jugaba que conocía el terreno de juego. Porque entre 2002 y 2004 fue secretario de Estado de esta misma cartera, cuando José María Michavila, ocupa la cartera que hoy -en funciones- dirige él. De hecho -pocas personas conocen este dato-, si el 11-M no hubiera sucedido, Rafael Catalá se habría convertido en lo que es hoy diez años antes.
En aquel periodo de tiempo, Michavila presentó en sociedad una herramienta informática que hoy ocupa muchos titulares: Lexnet. Por eso se le llevan los demonios -de forma moderada, porque en Catalá todo es moderación-, que catorce años más tarde todavía se esté poniendo en tela de juicio Lexnet cuando hace años que tenía que estar funcionando.
Su despacho es funcional, amplio, decorado con colores cálidos. Sobre una mesa dos fotos, una con la vicepresidenta en funciones, Soraya Saénz de Santamaría, riendo los dos, y la otra con «el jefe», Mariano Rajoy, con quien trabajó entre 1996 y 1999 como director general de la Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas cuando ocupaba esa cartera.
A los pocos minutos de comenzar la entrevista comienza a sonarle el Iphone 6. «Es el ‘jefe’, perdonad», nos dice, se levanta y se aleja unos metros, hasta la sala de juntas que precede a su despacho. Vuelve a los pocos minutos y nos dice con una sonrisa abierta: «Yo sólo tengo dos jefes en mi vida: mi esposa, en casa, y el presidente del Gobierno».
Catalá es para Rajoy lo mismo que Gaby o Koke para el Cholo Simeone, uno de sus peones esenciales y más polivalentes. Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1985, Rajoy -utilizando un simil futbolístico de los que le gustan- puede poner a Catalá a jugar en cualquier posición, ya sea de defensa central, de interior, de extremo o de delantero centro, porque sabe que lo va a hacer bien. Confía en él. Por eso, en estas últimas elecciones fue de candidato a diputado por Cuenca.
En nuestra conversación no hay líneas rojas previas, ni tabúes. Tampoco esperamos titulares rompedores. Sabemos que Catalá es eso, moderación, consenso, puente de entendimiento continuo, aunque luego después haga lo que piensa que tiene que hacer.
Nunca llueve a gusto de todos.
Recientemente, usted se reunió con las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales para tratar sobre la compensación del día de descanso a los jueces. ¿Ha tomado alguna decisión ya?
Estamos estudiándolo jurídica y económicamente, como me comprometí la pasada semana con las asociaciones.
La situación actual, una vez más, vuelve a poner de manifiesto que tenemos que mejorar nuestro sistema jurisdiccional. Porque que un mismo caso tenga una resolución favorable o desfavorable, según el juez que lo enjuicie, es un poco chocante.
Así es. En este caso se han producido tres sentencias de primera instancia y otra del Supremo, en una dirección, y dos sentencias, en la dirección opuesta…
Vamos a intentar resolverlo de una manera concertada y equilibrada, buscando una solución al problema que se ha planteado, reconociendo derechos a los jueces y fiscales.
Estamos ante una paradoja. Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional diciendo cosas distintas sobre lo mismo. Esto nos obliga a buscar una solución que sea sostenible. Mi intención, y la de mi equipo, es promover una solución pactada con todos.
No es la primera vez que esa paradoja se produce, ministro. Hace una semana dos juzgados de lo contencioso-administrativo de Pamplona fallaron, en varias sentencias, considerando “fraude de ley” las ikurriñas en las fiestas de la capital y en varias poblaciones importantes de esa Comunidad Autónoma, y un tercero falló en sentido contrario, siendo el mismo caso. No se extrañará si le decimos que el ciudadano de a pie no entiende que se produzcan esas sentencias…
En la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial hemos incorporado un instrumento que permite que, en los órganos colegiados haya plenos no jurisdiccionales para fijar criterios comunes que impida que esto suceda en el futuro.
Lo repito, no parece razonable que un mismo asunto tenga un resultado distinto, según el juez que lo enjuicie. Ahí tenemos que actuar, fijando criterios, respetando la independencia de los jueces, pero con una doctrina común.
No me parece que los problemas de Lexnet se vayan a resolver con una moratoria; el camino es el trabajo cotidiano, en el que, entre todos, encontraremos soluciones a los problemas. Y eso es lo que estamos haciendo
¿Por qué no acepta una moratoria de Lexnet, si hay algunas cosas que no funcionan, tal como piden abogados, jueces o funcionarios?
La utilización de las comunicaciones electrónicas es una obligación. En el año 2016, en una sociedad avanzada, como es la española, en un sistema profesional, como es el de la Justicia, no es una opción. Es una auténtica obligación que, además, está asociada con al acortamiento de los plazos, con el incremento de la seguridad, con facilitar el trabajo a los profesionales. Además, ya llevamos 15 años trabajando con el sistema Lexnet.
Por eso, no me parece que los problemas de Lexnet se vayan a resolver con una moratoria; el camino es el trabajo cotidiano, en el que, entre todos, encontraremos soluciones a los problemas. Y eso es lo que estamos haciendo.
Hemos invertido. Hemos dotado al sistema lexnet de capacidad suficiente. Hemos dotado de medios informáticos a las oficinas judiciales, la doble pantalla, a la fiscalía el visor del expediente. Hemos formado a los funcionarios…
Usted está hablando del territorio Ministerio. De las 5 Comunidades Autónomas que ustedes gestionan [Extremadura, Murcia, Islas Baleares, Castilla-La Mancha y Castilla-León], ¿verdad?
Territorio Ministerio y también algunas Comunidades Autónomas han dado pasos. Unas con más intensidad, como Navarra, Cataluña o País Vasco. Me consta que han hecho un gran esfuerzo en Madrid. Otras han hecho menos.
Al final, ponernos plazos para asumir obligaciones y compromisos es una manera de comprometernos con el proyecto. No me parece que nadie deje de estar comprometido con la modernización tecnológica de la Justicia. No he oído a nadie que diga que no debemos caminar en esa dirección. Podemos discrepar en los ritmos y en la intensidad, pero, repito, después de quince años de implantación de Lexnet, era hora de hacerlo efectivo.
¿Qué hemos hecho desde de enero? Constatar el funcionamiento del sistema. Constatar los problemas. Irlo mejorando, irlo dotando de mayor capacidad y siendo flexibles con las Administraciones Públicas que están en proceso de implantación. No ha habido ninguna crisis, ningún ejercicio, por nuestra parte, de intolerancia. En absoluto. Hemos hablado con todos.
Si toda España hubiera sido “territorio Ministerio”, ¿habrían habido menos problemas de implantación del Lexnet?
Lo que yo constato es que en las cinco Comunidades Autónomas, cuya gestión de medios materiales y profesionales es responsabilidad del Ministerio de Justicia, han habido menos problemas que en el resto del territorio.
Con grandes diferencias, porque algunas Comunidades Autónomas también han hecho su trabajo en los últimos tiempos. Yo recuerdo –y no desvelo ningún secreto- una intervención del representante de la Comunidad Autónoma de Aragón en una Conferencia sectorial en esos términos: ¡Ya está bien!. Llevamos demasiado tiempo en el proceso de implantación para que ahora queramos ver grandes problemas en Lexnet.
¿Hay dificultades en su implantación? Sin duda. En cualquier cambio organizativo de sistemas tecnológicos los va a haber. Pero la solución no es parar, metiendo una moratoria. Hay que resolver los problemas y comprometernos todos a que, cuanto antes, sea efectivo en todo el territorio.
La Agencia Tributaria, sin duda, es un ejemplo a seguir para la Justicia, aunque la Justicia es más compleja que la Agencia
Muchos magistrados cuando hablan de eficacia informática ponen como ejemplo la Agencia Tributaria. Y dicen: ‘si la Justicia funcionara como la Agencia Tributaria, otro gallo nos cantaría’. ¿Funcionará la Justicia algún día como la Agencia Tributaria?
La Agencia Tributaria se utiliza de referencia porque es un buen modelo de utilización de las tecnologías para la prestación de un servicio público a todos los ciudadanos que tenemos la condición de contribuyentes. Por lo tanto, para nosotros es una referencia, sí.
Una referencia en cómo utilizan las comunicaciones electrónicas con el ciudadano. A todos nos llega un SMS, allá por el mes de marzo o abril, diciéndonos que tienes tu borrador de declaración de la renta disponible.
La Agencia Tributaria es también un modelo de supresión del papel y de generación de un expediente digital. Por lo tanto, con todas las singularidades que tiene la Justicia, y que no tiene la Agencia Tributaria, sin duda, es un ejemplo a seguir para la Justicia, aunque la Justicia es más compleja que la Agencia.
En todo caso lo tomamos como referencia y colaboramos. De hecho, el director de Tecnologías de la Administración Pública procede de la Agencia Tributaria y está siendo un gran colaborador en todos nuestros proyectos.
Dentro de la Justicia se habla de que, para superar los problemas tecnológicos, tal vez sería conveniente crear una Agencia Estatal que asumiera esas competencias y diera servicio a todas las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas y al Ministerio. ¿Qué opina usted?
Tiene un problema relacionado con las competencias de las Comunidades Autónomas…
Saltando todos los obstáculos jurídicos, ¿cómo lo vería?
Hemos hecho un proceso, desde hace 25 años para acá, en el que las Comunidades Autónomas han asumido competencias. Dar marcha atrás en ese proceso políticamente lo veo muy complejo.
Ahora bien, incluso desde el sistema actual, de transferencia de competencias, se puede trabajar coordinadamente. Nosotros utilizamos para eso a la Conferencia Sectorial de Justicia. Hay una Comisión Técnica de la Administración Electrónica que sirve también como punto de encuentro donde todos trabajamos en proyectos comunes.
Nosotros hemos ofrecido, y espero que en los próximos meses sea una realidad, contar con una única aplicación de gestión procesal para todas las Administraciones Públicas. Por lo tanto, esa agencia, como tal organización, no es posible constituirla por reparto de competencias, pero funcionalmente, de facto, sí estamos consiguiendo el mismo resultado, que es trabajar todos con sistemas compartidos.
La función que desempeñan los vocales del Consejo es de autogobierno. No imparten justicia. Eso es importante decirlo y que los ciudadanos lo entiendan
Pero hay que tener la colaboración de las Comunidades Autónomas. Y, en este sentido, han habido dos Comunidades Autónomas que no han estado a la altura: Madrid y Andalucía. Las dos, con competencias transferidas, tenían que haber hecho sus deberes en esto de Lexnet. Y es opinión nuestra…
Yo creo que han trabajado mucho. Venían, con un atraso mayor que otros territorios. Me consta que han hecho grandes esfuerzos de ir dotando de medios tecnológicos.
La utilización de las tecnologías no es prurito de este Ministerio o de este ministro. Estamos dando un servicio al ciudadano y al profesional. A los abogados, a los procuradores y a todo el personal de la Administración de Justicia. Todos ellos van a trabajar mejor, con más eficacia, con más seguridad cuando tengan implantados estos sistemas.
Esto no se hace porque a Andalucía o a Madrid le parezca bien. O lo contrario. Se hace porque es un proyecto de mejora del servicio público y ahí estamos todos unidos.
En las reuniones con las Comunidades Autónomas hay un compromiso compartido de avanzar en esta dirección. De tener un sistema de gestión único, de implantarlo cuanto antes, que las soluciones tecnológicas avancen en este sentido. El ambiente que veo, más allá de las diferencias políticas en los gobiernos, los colores políticos, hay consenso en este sentido.
Ministro, se repite continuamente que la Justicia está politizada y usted dice que una cosa es el Consejo y otra cosa es la justicia. ¿Fue un error apartarse del programa original del PP del 2011 y no dejar que los jueces eligiesen a sus doce representantes, en vez del Parlamento, como se viene haciendo desde 1985?
Desde la aprobación de la Constitución hasta hoy hemos conocido distintos modelos del Consejo General del Poder Judicial. Todos sabemos que el CGPJ es una institución ajena a nuestra tradición jurídica. La importamos del modelo italiano y, como tantas otras piezas de nuestra Constitución, ha tenido que asentarse y consolidarse. Yo creo que el debate sobre el Consejo sigue vivo.
Insisto mucho en que el modo de elección de los vocales del Consejo no politiza la justicia. Estoy convencido de que eso es así porque la Justicia son los 5.500 jueces y todo lo que existe alrededor, fiscales, funcionarios…
La función que desempeñan los vocales del Consejo es de autogobierno. No imparten justicia. Eso es importante decirlo y que los ciudadanos lo entiendan. Dicho esto, el modelo de funcionamiento del Consejo, -si deben ser 20 vocales como dice la Constitución, o 10 como proponen en el acuerdo firmado entre PSOE y Ciudadanos- es debatible. No me parece que exista un modelo mejor que otro.
Pero fíjese, ahora hasta Jueces para la Democracia, la asociación progresista de jueces, que siempre han defendido la elección parlamentaria, proponen que los vocales sean elegidos por sus iguales.
Al final, lo que estamos intentando identificar es la legitimidad, el origen. ¿Quién tiene la legitimidad y el origen para elegir a los vocales? ¿Los propios profesionales?
El Consejo de Europa recomienda que al menos la mitad de los miembros del Consejo, jueces, sean nombrados por sus compañeros.
Es una posibilidad. Nosotros estamos abiertos a revisarlo. Hemos reiterado hasta la saciedad que la justicia debe ser un elemento de consenso. Nosotros hemos acuñado ese concepto de la “Estrategia Nacional de la Justicia”.
¿En qué consiste? Significa implicar a todos los agentes. A las Administraciones Públicas, y ahí meto al Estado y a las Comunidades Autónomas, a las instituciones, el Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía, a los partidos políticos, por supuesto, a las asociaciones, a los sindicatos… Es un concepto más amplio que el de pacto que pretende ser inclusivo y muy amplio, porque pretende incorporar todos los asuntos profesionales, organizativos, procesales, sustantivos, que nuestra justicia requiere, y también aspectos materiales.
Tenemos que trabajar con herramientas compartidas. Con una mejor dotación de medios personales y materiales. Y todo ello puede formar parte del compromiso de esa estrategia nacional en justicia en la que nosotros vamos a trabajar con toda intensidad.
No tenemos un prejuicio radical sobre cómo debe de ser el modelo de Consejo General del Poder Judicial y sobre cuál debe ser el modelo de elección. Sí creo que cada alternativa tiene ventajas e inconvenientes.
No existe un modelo necesariamente mejor que otro. Habrá que identificar si el 50 por ciento de los vocales son elegidos directamente por los jueces, por las asociaciones y en qué condiciones. ¿Sólo pueden ser vocales del Consejo los magistrados del Supremo, como algunos dicen? ¿Sólo pueden serlo los que tengan más de 25 años de carrera? Se deben perfilar muchas cosas.
No considero que la reforma del Consejo pueda tener la etiqueta final de un «Consejo presidencialista». No creo que sea así, en absoluto.
¿Fue acertada la última reforma del Consejo dando un carácter presidencialista a la institución? No sé si ha leído la entrevista con Margarita Robles en La Razón.
La he leído y, como siempre me pasa con Margarita Robles, discrepo de muchas de sus consideraciones. No considero que la reforma del Consejo pueda tener la etiqueta final de un “Consejo presidencialista”. No creo que sea así, en absoluto.
Es un Consejo que tiene una Comisión Permanente, cuyos miembros hemos ampliado para incrementar esa presencia. El actual Consejo tiene funcionamiento democrático, como lo han tenido los Consejo anteriores.
¿Sabe que existen tensiones internas entre los “vocales de primera y los de segunda”?
Esta solución, por la que hemos optado ahora, tampoco es una solución perfecta. Por eso revisamos pasar de 5 a 7 vocales en la Comisión Permanente. Y también modificamos algunas funciones. Esto demuestra que en una próxima Legislatura, -que ya hemos empezado, pero en la que el Poder Ejecutivo aún no ha comenzado su andadura- deberíamos trabajar sobre las experiencias consolidadas de 30 años de Consejo del Poder Judicial. Debemos analizar los puntos fuertes y las debilidades de cada uno.
Creo que el Consejo actual está haciendo bien su trabajo en las funciones de gobierno, en las funciones de designación y en formación.
Foro Judicial Independiente propone que, para contribuir a despolitizar la justicia, cada presidente de los 17 Tribunales de Justicia fueran elegidos por los miembros de los propios TSJ y lo mismo con los presidentes de las Audiencias Provinciales. ¿Qué le parece a usted la idea?
Tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué significa esto de la politización de la justicia. Si lo eligen los vocales del Consejo está politizado, y si lo eligen los magistrados de un territorio, no. ¿Acaso los magistrados de los distintos territorios no tienen una opinión política? No hay soluciones blancas y negras. Buenas o malas.
Podemos debatir el modelo de designación, pero ahora se designa entre miembros de la carrera judicial, como es evidente. Además, se ha avanzado cada vez más en la transparencia de los nombramientos, en la presentación de los candidatos, en las presentaciones de memorias de su proyecto profesional.
Conviene aclarar que un presidente de TSJ o un presidente de Audiencia, una vez elegido, no tiene capacidad de influencia sobre la actividad jurisdiccional de los miembros de la carrera. No deberíamos transmitir la idea de que este sistema, o el que fuere, influye en la politización de la justicia.
Nuestra justicia no está politizada, es independiente. Cada juez que está sentado en su despacho poniendo un sentencia no se ve afectado ni por el presidente de su Audiencia, ni por el presidente del TSJ, ni por ningún vocal del Consejo en su actividad jurisdiccional.
Usted ha dicho muchas veces que el Partido Popular y este Gobierno están comprometidos en la lucha contra la corrupción. ¿La asignación del refuerzo al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco es una prueba más?
Es una prueba más en el sentido de dotar de medios a la justicia. Y más en este caso, cuando hablamos de un órgano tan importante como la Audiencia Nacional. Cuando nos ha llegado una petición de un refuerzo, de una dotación de medios en la Fiscalía o por parte del Consejo siempre hemos estado dispuestos a ello.
También lo hemos hecho en las reformas procesales para romper la regla de la conexidad, para agilizar la tramitación o para utilizar las medidas tecnológicas en la investigación. Todo esto son pruebas de nuestro compromiso de dotar al sistema de los medios legales, materiales y personales que les permitan hacer bien su trabajo. En este caso ser más eficaces en la lucha contra la corrupción y contra todo tipo de asuntos que tiene la Audiencia Nacional.
Los plazos para la instrucción han existido siempre, y se han incumplido siempre. Han habido proyectos del Gobierno socialista que eran más exigentes en los plazos que los que nosotros hemos planteado
El martes, casi por unanimidad, el Congreso de los Diputados aprobó una comisión contra la corrupción y por la regeneración democrática, ¿servirá para algo?
Ayer [por el martes] la votamos. Yo, que estoy debutando como diputado, y votando por primera vez, me sentí muy satisfecho de que una de mis primeras votaciones fuesen para promover el fortalecimiento de la unidad de España y para hacer las reformas necesarias para mejorar nuestra capacidad de lucha contra la corrupción.
Creo que sí que servirá. ¿Sirven las reformas legales? Claro que sirven, lo que pasa es que hay que dejarlas que se consoliden. El nuevo sistema de transparencia, el nuevo sistema de financiación de los partidos políticos, el nuevo sistema de investigación de los delitos, las nuevas penas que se han creado durante toda esta legislatura, van servir. Es verdad que servirán de futuro, que no sirven hacia atrás.
Y eso cuenta mucho explicárselo a los ciudadanos. Cuando ven casos de hoy piensan que existe mucha acción contra corrupción pero sigue pasando. Hay que explicarles que todo esto viene de atrás. En el futuro, estoy seguro de que todo lo que estamos haciendo –y esta nueva Comisión forma parte de ello- serán pilares que nos legitimarán a todos en la lucha contra la corrupción.
Cuando atacan sus reformas, como por ejemplo los plazos de instrucción -y usted sabe que en el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que hizo el PSOE en 2011 estaban mucho más restringidos esos tiempos de instrucción-, ¿qué piensa?
Entiendo la crítica política y el debate en el ámbito político-parlamentario. Sin embargo, en el ámbito profesional lo entiendo algo menos. Se baja el foco y debería haber un análisis más profesional, más objetivo y, por eso, algunas críticas me parecen un tanto infundadas.
Como bien dice los plazos para la instrucción han existido siempre, y se han incumplido siempre. Han habido proyectos del Gobierno socialista que eran más exigentes en los plazos que los que nosotros hemos planteado. En última instancia, poner plazos al funcionamiento de la justicia es un compromiso de todos con los ciudadanos.
Los ciudadanos también tienen un plazo ante la justicia cuando tienen que reclamar sus derechos.
También soy consciente de que no basta con regular los plazos en la instrucción. También hay que regular los plazos en la fase de enjuiciamiento, hay que regular los plazos en la obtención de las pruebas, de las periciales, hay que ver el proceso en su conjunto.
Esto estaba en el proyecto de la Comisión de Expertos de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Utilizar este elemento nos pareció que era un elemento demostrativo de nuestro compromiso para poder agilizar la justicia. Hemos trabajado con la Fiscalía, hemos dotado de refuerzos para que se pueda cumplir el plazo de que en el mes de junio se hayan revisado todas las causas. La información que tengo es que son muchas decenas de miles de asuntos ya han sido revisados. Se puede hacer el trabajo si hay una buena coordinación entre el juez, el fiscal y la Oficina Judicial.
¿La afirmación repetida de que la justicia está colapsada es un mito? Usted tiene información que tampoco saca como que algún TSJ no llega al uno por ciento de carga de trabajo o que la mayoría de los TSJ no llegan al 50% por ciento de su carga de trabajo, y usted lo sabe.
Ustedes se están refiriendo a la Sala Civil y Penal de los TSJ. Hay muchos juzgados que resuelven en pocos meses. Ustedes tienen esos datos, que vienen del Punto Neutro del Poder Judicial, donde se aprecia que no existe ese colapso. es verdad.
No están tan colapsados a nivel general. El problema es que acabamos haciendo frases únicas que pretenden recoger una realidad tan diversa y tan compleja como es la de la justicia en España. Hay juzgados que sí están colapsados, hay juzgados que están tardando un año y medio en señalar o más, y eso es una mala calidad de la justicia, pero también hay muchos juzgados que van al día y que resuelven asuntos en tres o cuatro meses.
Estamos utilizando la provincia de Cuenca -y no es porque yo sea diputado de allí- como experiencia piloto para el expediente electrónico y me decían que asuntos que entraron en el mes de septiembre estaban sentenciados en el mes de diciembre. Y todo ello con tramitación digital y sin papel. Eso también es la justicia.
La justicia son los macrosumarios de la Audiencia Nacional, pero también los mieles de asuntos que se resuelven todos los días. Tenemos que trabajar porque lo que va bien siga yendo bien y dotar de medios suficientes a aquello que no va tan bien para acortar los tiempos. Es verdad que un asunto que tarda cinco años en sentenciarse no es una justicia de calidad en la que estemos conformes ninguno.
Recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por un caso que se ha prolongado durante más de ocho años y medio.
Eso es una barbaridad.
El volumen de asuntos que conocen los Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos no llena su carga de trabajo, por eso se ha ampliado el ámbito territorial
También ustedes tienen datos de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos en los que se puede ver que tampoco están al cien por cien de la carga de trabajo…
Por eso en la reforma de la Ley Orgánica les hemos ampliado su ámbito territorial, para que no se limiten al partido judicial sino a la provincia.
Hemos constatado que ese compromiso en la lucha contra la violencia de género ha llevado a la creación de un número importante de juzgados especializados, algo que está muy bien, pero el volumen de asuntos que conocen no llena su carga de trabajo y por eso se ha ampliado el ámbito territorial, para descargar a los juzgados de instrucción y a los juzgados mixtos de ese territorio.
¿No tiene previsto publicar los datos de carga de trabajo de los órganos judiciales de toda España?
Son datos del Consejo General del Poder Judicial y están en la memoria se pueden consultar. También hace unos días se presentó el estudio que hace todos los años el Observatorio de Wolters Kluwer ,que también facilita muchos datos. Hay publicaciones que hacen transparentes esos datos.
Es muy difícil analizar los datos que facilita el CGPJ o la propia Wolters Kluwer porque son datos que se pierden en macroinformes de doscientos folios. Eso a los ciudadanos no les llega. A los ciudadanos les llegan los datos concretos.
En mis intervenciones siempre suelo incorporar el dato de los tiempos medios. Sé el valor que tienen. Por ejemplo, cuando decimos que el Tribunal Supremo resuelve en el plazo de un año ese es un buen dato. Es un dato de calidad.
Cuando decimos que los juzgados de primera instancia resuelven, de media, en un plazo de ocho meses es bueno. Al final, las medias y los grandes números nos tienen que ayudar para saber lo que funciona bien y para detectar aquello que tenemos que mejorar.
Nos permiten identificar también los cuellos de botella.
Se han colapsado los juzgados mercantiles y los juzgados de lo social como consecuencia de la crisis económica. Eso se remansará como fruto del reequilibrio de la situación, pero habrá que crear nuevos órganos judiciales o revisar las leyes procesales. Tenemos unas leyes procesales muy garantistas.
A veces intentamos meterles sistemas de gestión procesal a unas leyes del siglo XIX y por ello debemos revisar ese modelo.
El otro día en la presentación del Observatorio de la Justicia nos decían que el 80 por ciento de las sentencias de revisión, en las Audiencias, eran confirmatorias de la primera instancia. Ese es un dato que nos debe dar un concepto de calidad importante, pero me preocupa que dedicamos muchos esfuerzos y muchos recursos a la revisión, cuando ésta es confirmatoria en la mayor parte de los asuntos.
A lo mejor hay que revisar también nuestras normas procesales adecuándolas a la nueva realidad.
La ampliación de las tasas en el año 2012 fue fruto de una coyuntura económica. En ese sentido no fue un error
¿La introducción de las tasas en 2012 fue un error?
La ampliación de las tasas en el año 2012 fue fruto de una coyuntura económica. En ese sentido no fue un error. Fue coherente con una política de Gobierno donde tuvimos que subir los impuestos –algo totalmente contrario a nuestro modelo económico-m e incrementar unas tasas, que también es contrario a nuestro modelo de entender la participación del ciudadano en la justicia.
Fue fruto de una situación concreta. Nos encontramos un presupuesto de 9 puntos de déficit sobre el PIB. Esto significaba que nos gastábamos 90.000 millones más de lo que ingresábamos. Había que equilibrar las cuentas. Había que superar ese grave colapso de nuestra economía.
Todos los sectores tuvimos que contribuir. También la justicia. En cuanto hemos podido abordar las reformas económicas y reequilibrar la situación económica, hemos derogado esas tasas para personas físicas y hemos vuelto a dejarlo en donde estaban las tasas del año 2003.
Nosotros pensamos que los usuarios de la justicia tienen que tener una cierta contribución. La justicia es un servicio público. Se financia con los impuestos de los ciudadanos. Me parece razonable que quien hace de la justicia un uso singular –me estoy refiriendo a las personas jurídicas, que utilizan la justicia para la reclamación de sus deudas- paguen por ello. No me parece razonable que eso no se pague con los impuestos de todos los españoles.
¿Cómo lleva presión de grupos como la Brigada Tuitera en la red?
Les sigo. Les leo. Me interesa lo que dicen y entiendo cómo funcionan. Son un grupo de presión legítimo que defiende unos intereses y que trata de ejercer esa presión ante el Ministerio para que las reformas se adecúen a sus intereses.
A mí, la identificación de los problemas en la justicia me parece importantísimo. Que alguien te diga lo que va mal, lo agradezco. Si entrásemos en las descalificaciones personales me podría ofender, pero como lo que hacen es decirnos lo que deberíamos hacer, lo entiendo como una llegada de información fresca, del que está en el día a día.
A mí me interesa mucho la opinión del notario que me dice lo que va bien o no, la opinión de un juez, que lleva tres años en la carrera y que me cuenta sus impresiones, o la opinión de los abogados que nos dicen si Lexnet funciona, o el tema de las tasas. Son una opinión de parte y ellos ven el mundo desde su punto de vista.
Los datos de litigiosidad no me acreditan que la implantación de tasas en el 2012 haya generado una lesión a la tutela judicial efectiva, ni al acceso de los ciudadanos a la justicia. Los datos no demuestran eso.
No creo que pueda haber un retorno inmediato al ejercicio de las funciones jurisdiccionales [de aquellos jueces que han estado en la política], porque ahí estaríamos contaminando la independencia judicial
Usted ha dicho hace un momento que es diputado y está compartiendo el parlamento con cinco jueces diputados. Uno de ellos es Juan Pedro Yllanes, por Podemos. Yllanes iba a ser el presidente del tribunal que iba a juzgar a la infanta y a su marido en el caso Nóos. ¿Qué le parece que ahora opine sobre el juicio?
Con el juez Yllanes tuvo un cierto debate. Recuerdo que fue cuando nosotros planteamos que convendría que hubiera una mayor separación entre el ejercicio de la función jurisdiccional y el ejercicio de la función política. Y que quien optaba por una de esas alternativas pues eso debía tener unas consecuencias.
Porque es verdad que el retorno inmediato quizá no es muy razonable. Tiene que ver con esa separación de funciones político-jurisdiccionales.
El juez Yllanes fue muy vehemente al criticarme, como haciendo ver que yo quería expulsar de la carrera a los que hacían un ejercicio democrático de la política.
Yo no he expulsado a nadie de ningún sitio. Lo que sí creo es que hay que separar claramente esa función. Porque es una opción personal y está en nuestra constitución de participar en la política cualquier ciudadano. Pero eso no creo que pueda haber un retorno inmediato al ejercicio de las funciones jurisdiccionales porque ahí estaríamos también contaminando la independencia judicial.
Haríamos un flaco servicio a uno de los pilares fundamentales de nuestro modelo democrático.
Este sería, por lo tanto, uno de los puntos a incluir en el futuro hipotético pacto por la Justicia…
En nuestra opinión es uno de los asuntos que hay que abordar. No sé si lo que hay que hacer es un periodo de descompresión de 5 años, de 10 años, generando incompatibilidad para siempre. Bueno, pretendo no ser radical en casi nada, pero si creo que este retorno inmediato a la función jurisdiccional de quien ha hecho una opción legítima de ejercer la política, no ayuda a la percepción social de la independencia judicial.
El hecho de que las cuatro asociaciones actúen unidas, ¿ayuda a la comunicación?
Yo me reuní la pasada semana con todas las asociaciones, no sólo de jueces sino también de fiscales. Ayuda a integrar posiciones. Lógicamente, cada asociación puede tener su singularidad, su enfoque particular, pero al final hay un tronco común, de planteamientos, de debate.
Los documentos que han elaborado las asociaciones judiciales son un buen punto de partida para el debate, para la negociación, tanto para la independencia como para el pacto por la justicia que reclaman.
A mí me parece que el planteamiento que han hecho de sentarse juntos ayuda a integrar la interlocución. Me parece que es un buen instrumento.
Noticias Relacionadas:
