La fiscalía General del Estado ha dictado oficio a todos los fiscales de España para que “emitan dictámenes uniformes” sobre todas las causas que están pendientes, dado que “el número de asuntos y su entidad impide un análisis pormenorizado”, para cumplir con el plazo de calificación de las causas penales en cumplimiento del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
A través de un oficio, fechado el 31 de mayo, el fiscal jefe inspector, Fausto Cartagena, asegura que «se están presentando en dependencias de los órganos fiscales numerosas causas procedentes de los juzgados y en otras ocasiones amplios listados de procesos pendientes».
Por ello, para afrontar esta situación y cumplir con el plazo máximo que finaliza el próximo lunes, el fiscal jefe les ordena que emitan «dictámenes uniformes» sobre todas las causas penales «ante la entidad y número de pendencias que impide su análisis pormenorizado«, y acepten ampliar el plazo para continuar con las investigaciones y que no sean archivadas como establece la ley, a partir del próximo día 6 de Junio.
Los fiscales deben dar cuenta de esta clasificación de causas que determina el tiempo que tienen los jueces para la instrucción, seis meses en los procesos sencillos y 18 en los complejos.
Según la fiscal de valencia Susana Gisbert, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), “las tres asociaciones de fiscales ya advertimos que esto iba a pasar”.
Para Gisbert, «el problema va a seguir», no es solo este momento (el 6 de junio que marca la Ley).“Se ha realizado un esfuerzo enorme para llegar a revisar y calificar todas las causas, pero aún así existen juzgados con volumen de trabajo donde esto es realmente imposible de cumplir».
En este sentido indice que “los fiscales no despachamos un solo juzgado, vamos a juicios, hacemos guardias, es decir, nuestro trabajo diario sigue entrando. La gente no ha dejado de delinquir porque nosotros estemos revisando causas. Se va acumulando lo nuevo y volveremos a entrar en lo mismo”. «No tenemos el don de la ubicuidad”, concluye Gisbert.
Sin embargo, aclara que pese a las dificultades que conlleva la aplicación del citado artículo, “no necesariamente hay que archivar las cusas, lo que ocurre es que se paraliza la investigación. Nos arriesgamos a calificar con lo que hay, que quizás sea insuficiente, o quizás nos veamos a obligar a pedir archivos que no se hubieran producido. Aunque el archivo automático, respecto del plazo tampoco es automático”
Los fiscales, según el oficio firmado por el fiscal jefe inspector, Fausto Cartagena Pastor, tendrán que elaborar sus informes a toda prisa porque el plazo vence el próximo lunes, alegando “la circunstancia transitoria y extraordinaria” ante la entidad y numero de pendencias que impide su análisis pormenorizado”.
Según Salvador Viada, portavoz de la Asociación Profesional e Independientes de Fiscales (APIF), el problema con esto es que «los fiscales no son los responsables finales de la calificación de las causas como sencillas o complejas sino que es el juez de cada caso, ‘previa audiencia de las partes’, es decir, tanto el abogado defensor como la acusación particular y o popular, si la hubiera. Es lo que dice la ley».
«Esto va a complicar mucho las cosas», añade Viada. «El resultado, el momento en el que ahora nos encontramos, es fruto de una absoluta falta de previsión tanto del Ministerio como de la Fiscalía. El ministro, además, no puede decir qué causas se quedan fuera y qué causas se quedan dentro porque no tiene ninguna competencia en esto».
