El juez Fernando Presencia se ha querellado por falsedad en documento público, contemplado en el artículo 390 del Código Penal, al considerar que el segundo nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, realizado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es nulo de todo derecho al no haberse publicado el cese previamente en el Boletín Oficial del Estado.
«El Reglamento de la Carrera Judicial lo dice muy claro en su artículo 353: ‘Los jueces y magistrados cesarán en sus destinos el día siguiente hábil a aquél en que se publique en el «Boletín Oficial del Estado» la resolución que lo motive, salvo que en ella se disponga otra cosa’. Miguel Pascual del Riquelme fue nombrado, por segunda vez para ese cargo, en el Pleno del pasado 26 de mayo. Y su cese se publicó en el BOE el 13 de junio pasado. Es decir, 25 días después», explica Presencia.
Lo lógico, según este magistrado, es que el BOE hubiera publicado el cese, ordenado por el Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Y luego que el Pleno hubiera procedido al nuevo nombramiento.
«Desde mi punto de vista, dicho nombramiento es nulo», añade.
UN CESE PUESTO EN TELA DE JUICIO
El cese de Pascual de Riquelme fue puesto en tela de juicio por los vocales Roser Bach Fabregó, María Victoria Cinto Lapuente, Concepción Sáez Rodríguez, Clara Martínez de Careaga y Enrique Lucas Murillo en la adición al voto particular que emitieron contra ello, el 31 de mayo pasado. Porque ‘jamás tuvo lugar’.
La inexistencia de tal acuerdo “resulta fácilmente constatable mediante de la audición de la grabación” del Pleno del pasado 26 de mayo, añadían los cinco vocales en su voto particular.
Una grabación que, además, piden que se custodie para que “su contenido sea preservado y conservado fiel e íntegramente”, como prueba de lo sucedido.
Por ello, solicitaron al secretario general, Joaquín Vives de la Cortada Ferrer-Calbetó, que rectificara el acuerdo en el que así figura, que les fue remitido en formato Word.
En el mismo se puede leer “el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado disponer la ejecución de la mencionada sentencia en los siguientes términos”.
“Es evidente que lo certificado por el Secretario General, con el visto bueno del Presidente, no se corresponde con la realidad ya que el Pleno no adoptó acuerdo alguno sobre el cese del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia”, se puede leer en el documento de los vocales.
“Esta cuestión ni siquiera se debatió ya que, cuando se planteó, al comienzo de la sesión, el Presidente pospuso su tratamiento al momento en que se abordara el punto 10º del orden del día”, continúan el texto.
“Sin embargo, llegado éste sólo se discutió acerca del nuevo nombramiento finalmente acordado”, remacha el voto particular.
De acuerdo con los vocales, no se podía efectuar nombramiento alguno, como así se produjo, hasta que el cese no estuviera formalizado y publicado, “en ejecución de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo”.
La misma tesis que ahora esgrime Presencia en su querella ante el Tribunal Supremo, ampliación a otra recientemente presentada contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y otros altos cargos.
LA RESPUESTA DEL CGPJ
Cuando Confilegal se puso en contacto, en su momento, para inquirir sobre los argumentos de los cinco vocales, fuentes oficiales del CGPJ afirmaron que lo que se había producido -la ausencia del obligado acuerdo del Pleno para cesar a Miguel Pascual del Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), tal como había decretado la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo- era una “mera discrepancia”, que zanjaron con la publicación, el 13 de junio pasado, del cese en el BOE.
El juez Presencia fue inhabilitado por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Castilla-La Mancha recientemente por un delito de prevaricación en un caso de accidente de trafico. La sentencia ha sido recurrido al Tribunal Supremo.
