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¿Para cuándo una Justicia para los ciudadanos?

¿Para cuándo una Justicia para los ciudadanos?
Juan Carlos Campo, diputado por el PSOE y magistrado en servicios especiales. Carlos Berbell/Confilegal.
13/10/2014 10:44
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Actualizado: 30/7/2019 13:32
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“Cuando tiendo a un objetivo necesito en principio querer ir, y, en segundo lugar, que mis pies pueden llevarme….”, escribió Jean Jacques Rousseau en “El contrato social”.

Traigo a colación la cita del autor ginebrino pues el objetivo se me antoja fácil y diáfano: la modernización de la Justicia; pero no lo es tanto que queramos ir, y menos aun que nuestros pies puedan llevarnos en las actuales condiciones.

Todos, sin excepción, queremos una Justicia acorde a los tiempos, que se imparta, como expresa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en tiempos razonables, y que resuelva nuestros  conflictos con eficacia y eficiencia. Pero tras casi cuarenta años de vida democrática, la plena modernización de nuestro sistema de Justicia sigue siendo una tarea pendiente, constantemente reclamada por la ciudadanía y demandada por los distintos colectivos profesionales.

La necesidad de empeñarse decididamente en un proceso de modernización  es  reconocida por todos.

Y es que la Justicia, o si lo prefieren, el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, es uno de esos vectores estratégicos de nuestro progreso como sociedad, tanto por ser pieza basilar del funcionamiento del Estado, y de la protección de los derechos y libertades, como por su contribución al crecimiento económico garantizando la seguridad del tráfico jurídico.

Por ello, apostar por modernizar la justicia es apostar por un futuro de mayor bienestar y prosperidad.

Pero siempre nos trabamos, ya sea en el querer ir, ya sea en que nuestros pies puedan llevarnos. Y es que es así, nunca hemos contado con una Justicia de aquellas características.

Desde la época de las Cortes de Cádiz no han faltado proyectos de reforma de la Administración de Justicia.

Proyectos que la propia evolución política impidió llevar a término.

La Ley Provisional del Poder Judicial de 1870 o la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 fueron hitos de una modernización esperada que no llegó a concretarse.

Los intentos de reforma de la Justicia reflejaban el conocido mito de Sísifo, como metáfora del esfuerzo inútil e incesante del hombre.

Y lo que es peor, en ese eterno retorno, la provisionalidad se ha terminado estableciendo como la forma permanente de la organización judicial hasta nuestros días.

Por eso, y quiero insistir en este aspecto, no se trata de recuperar una Justicia ágil y moderna sino que debemos hacerla, fundarla y eso es así, pues  sencillamente, nunca existió.

Para conseguir ese objetivo se precisa de diálogo, diálogo como único mecanismo civilizado para aunar esfuerzos, para comprender lo diferente y al diferente.

Sin este sustrato, elevado a categoría ontológica fundamental, creo que cualquier proyecto político, también el de la construcción de un sistema de Justicia moderno, está llamado al fracaso.

A través del diálogo podemos acordar ciertas bases fundadas en principios compartidos y a las que todos los afectados pueden prestar racionalmente su consentimiento.

Este modelo de hacer política, una política dialogada que busca los consensos es, desde luego, exigente para todos porque obliga a anteponer la visión del conjunto a las preferencias inmediatas y a los intereses de las partes.

Obliga también a todos a comprometerse y a asumir responsabilidades.

Dos ideas encierran el comienzo del todo, diálogo y colegiación de esfuerzos. De otro modo estaríamos viviendo, como en El día de la marmota, una implicación en un juego de fuegos fatuos.

Y es que sabemos que la arquitectura de la Justicia es muy compleja y donde ni siquiera los perfiles competenciales son siempre fáciles, ni nítidos.

Los esfuerzos de todos, Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial,  Comunidades Autónomas con transferencias asumidas, asociaciones profesionales de Jueces, Fiscales y Secretarios Judiciales, funcionarios y todo el entramado de la administración de la administración de Justicia con Abogados, Procuradores y Graduados Sociales y la sociedad civil, han de converger y aportar cuanto esté en sus ámbitos para lograr el fin propuesto.

Somos conscientes que habitamos un tiempo de complejidad, incertidumbres y estrecheces.

En sociedades policéntricas, como la nuestra, se despliega eso que Maffesoli denomina una socialidad confusa, intestable a veces.

Vivimos, justo es reconocerlo, un tiempo en el que se percibe un cierto desencantamiento del Derecho como categoría central de la teoría de la sociedad.

Pero del mismo modo resulta ineludible superar esa tendencia, y eso solamente será posible con el esfuerzo colectivo y la cohesión de voluntades.

Y con ese basamento como método de trabajo y con el objetivo claro de mejorar los niveles de cooperación y coordinación con las diferentes instituciones competentes del Sector Justicia tenemos que saber adónde querer ir.

No debería ser muy complejo, auna Justicia donde las personas son el referente. A una Justicia con una estructura más racional, con nuevas y más eficaces unidades procesales.

Unidades que aprovechen mejor los recursos, con más profesionales y mejor formados.

Una Justicia adaptada a las necesidades de hoy, que trabaja en red y utiliza las mejores tecnologías disponibles, y donde se de respuesta a los conflictos y problemas de los ciudadanos, en tiempo razonable y ello con procedimientos procesales ágiles y adecuados a nuestros tiempos.

Cuando cotejamos que nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal vio la luz cuando aun no había teléfono, cine, turismos, internet…., sobran las palabras.

Pero este esfuerzo, en sí mismo importante, debería ir más allá, debería ser un mecanismo, uno más, para reactivar nuestra economía.

Una tutela eficaz de los derechos y un marco jurídico que incentive la actividad económica a través de la seguridad jurídica.

Sí, y es que  hoy sabemos que el crecimiento económico y la innovación dependen de que un número cada vez mayor de ciudadanos se incorporen al proceso productivo.

Esas transformaciones deben servir para ampliar la base social de la economía.

Y para ello resulta indispensable el reconocimiento y tutela de los derechos y libertades de la ciudadanía.

Necesitamos, y más en este momento, anclar el desarrollo económico en el reconocimiento de derechos.

Aquí radica el otro gran pilar en el que se sustenta la contribución de la Justicia al desarrollo de los mercados,  la seguridad jurídica y la igualdad.

La Justicia es también un mecanismo corrector de desigualdades.

Solo nos falta que nuestros pies puedan llevarnos. Aquí habrá que acometer un paquete de acciones que deben centrarse en reformas legales y normativas, reformas de tipo organizativo y reformas tecnológicas, y ello acompañado de presupuestos adecuados para tales menesteres.

Pero la realidad más reciente no ha dibujado un escenario de cambio. La situación actual dista mucho de la expuesta.

En apenas tres años importantes medidas han llevado al ciudadano a desconfiar un poco más de la Justicia, alejándola de ella,  y al sector a un estado que podríamos situar entre la desilusión y la resignación. 

La falta de políticas inversoras, la  nula política de creación o modificación de órganos judiciales, la supresión de un número importante de  la llamada Justicia interina, la ley de tasas, (con una cuantías tan elevadas que han sido medidas desincentivadoras del acceso a la Justicia), la tramitación de proyectos de Ley sin ningún acuerdo parlamentario y lo que es peor, que no contentan a nadie, salvo a sus impulsores.

En suma, acciones que demuestran que por ese camino no hay más consenso que el del rechazo.

Desde hace escasos días el Ministerio de Justicia tiene nuevo titular y observamos con curiosidad interesada la  conformación del nuevo equipo.

Se abre, pues, un tiempo nuevo y las primeras palabras del responsable del Departamento dan lugar a la esperanza.

Han de ser tiempos para reanudar diálogos, rememorar trabajos conjuntos, priorizar necesidades y conformar el tan necesario Plan Estratégico que lleve a la tan ansiada modernización o adecuación de la Justicia, y su Administración, a los tiempos que vivimos.

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