La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrá que decidir próximamente si prorroga otros seis meses más a Pablo Ruz al frente del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional (AN), hasta junio de 2015, o si saca a concurso la plaza, en cuyo caso en enero próximo el Juzgado que hiciera famoso Baltasar Garzón tendría un nuevo titular.
En la actualidad el citado juez está en comisión de servicio en la AN, periodo que terminará el próximo mes de diciembre. La “propiedad” de la plaza de este Juzgado pertenece a Miguel Carmona, ex vocal del CGPJ, hoy en servicios especiales, destinado en Londres como juez de enlace de España con el Reino Unido.
Miguel Carmona cumplirá los 70 años el 9 de mayo de 2016, con lo que le resta todavía un año y medio para su jubilación.
Hasta ese momento el juez Ruz podría seguir al frente del Juzgado Central 5, con prórrogas de seis meses, tal como ha venido ocurriendo desde el 24 de junio de 2010, cuando la citada Comisión Permanente le confirió la comisión de servicio ante la suspensión provisional de funciones de su entonces titular, el magistrado Baltasar Garzón.
La última vez que se tomó esta decisión ocurrió el pasado 25 de junio. Y podría volver a suceder, en virtud del artículo 355 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que “Los destinos cuyos titulares se encuentren en situación de servicios especiales se podrán cubrir por los mecanismos ordinarios de sustitución, mediante comisiones de servicio con o sin relevación de funciones o a través de los mecanismos ordinarios de provisión, incluso con las promociones pertinentes, para el tiempo que permanezcan los titulares en la referida situación”.
Sin embargo, son muchas las voces, dentro del poder judicial, que dicen que el tiempo de Ruz ha llegado a su fin dentro de la Audiencia Nacional. Lo que supuso una situación excepcional se ha convertido en una “anomalía permanente” y piensan que “es el momento de rectificarla”. De devolver a Ruz a su verdadero destino, el Juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles.
Ruz es el instructor de algunos de los casos que generan más atención mediática en la Audiencia Nacional: el “caso Gurtel”, el “caso Forum Filatélico”, el “caso Neymar”, el “caso SGAE” y el “caso de los papeles de Bárcenas”, con su reciente giro, imputando al ex secretario general del PP y ex ministro del Interior, Ángel Acebes.
Ese “momento” es el concurso de 282 plazas que saldrán próximamente al “mercado judicial”, en el que se encuentran muchos destinos cuyos titulares están en servicios especiales, como Miguel Carmona.
La situación administrativa de “servicios especiales” fue diseñada para posibilitar el desempeño de cargos de especial responsabilidad a los que así lo soliciten. A efectos prácticos es como una excedencia, con la diferencia de que el titular puede pedir el reingreso en el destino que le hubiera correspondido si hubiera seguido durante ese tiempo en su puesto. No supone ninguna merma ni de derechos ni de oportunidades.
El Consejo General del Poder Judicial tiene ahora la “patata caliente” de tomar esta decisión.
Es un verdadero dilema de consecuencias evidentes: Porque, por una parte, mantener a Ruz en su actual puesto, en un año caliente de elecciones municipales y generales, con un “Podemos” en alza y un Partido Popular perseguido por las pesadillas judiciales podría contribuir a mantener la tensión pública y la atmósfera de caza de brujas contra la corrupción. Y porque, por otra parte, sacar la plaza a concurso, como sería lo natural, sería difícil de justificar ante la opinión pública, máxime cuando Ruz acaba de imputar a Acebes. Aunque eso, a cambio, daría oxígeno al Partido Popular. Al menos, hasta que el nuevo se ponga al día.
Una cosa es segura: no hay unanimidad en el seno del poder judicial. Se avecinan tiempos de tormenta.
