Loreto Ochando, periodista especialista en tribunales
Esta semana ha llegado a Valencia el tema del presunto amaño del partido entre en Levante UD y el Zaragoza. Un tema de fútbol es intrascendente porque a nadie le importa en España, ya que aquí aquí todos leemos a Solzhenitsyn por las noches y el Marca no es el periódico más vendido.
Pero volviendo a la realidad que nos rodea, y, como es normal, todos los medios de comunicación se han puesto en contacto con el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para recibir información al respecto. Pero…. ¡Oh!, ¡¡¡sorpresa!!!! Este es el correo que la jefa de prensa ha enviado sobre este asunto a todos los periodistas de tribunales y de deportes:
“Buenas tardes
Tras numerosas gestiones, ponemos en vuestro conocimiento que el Gabinete de Comunicación no va a tener ningún acceso a ninguna información de la causa que investiga el juzgado de instrucción número 8 de Valencia relacionada con los clubes deportivos Zaragoza y Levante por expresa decisión de la titular del citado órgano judicial. Por tanto, este Gabinete de Comunicación no podrá facilitaros información alguna.
En caso de que sea puesta a nuestra disposición alguna información, os la remitiremos a la mayor brevedad.”
Y aquí llega mi enfado. ¿Quién es doña Isabel Rodríguez, la señora magistrada, para sustraer información a los ciudadanos? Asumo que cuando preparó las oposiciones aprendió el artículo 20 de la Constitución en el que “se reconocen y se protegen los derechos: d) a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.
El derecho a la información es una pieza fundamental de cualquier democracia porque permite a los ciudadanos adquirir la información necesaria para poder formar una opinión sobre la gestión de los hombres y mujeres que dirigen la “cosa pública”. Información que, para la ciudadanía, es fundamental a la hora de votar a nuestros representantes al parlamento europeo, al parlamento nacional, a los parlamentos autonómicos y a los ayuntamientos.
Y no solo para saber cómo opera la clase política, también la Administración de Justicia y, en especial, los jueces y magistrados, garantes máximos de nuestros derechos.
Es al pueblo al que los medios de comunicación sirven informando. Y esto me recuerda otro artículo de la Constitución que la señora Rodríguez también debe conocer muy bien. Es el 117: “la justicia emana del pueblo”.
La magistrada ha decidido motu proprio que ella no va a facilitar datos de una información de interés público. Unos datos que nadie pide que sean los del secreto sumarial. Queremos la información objetiva que no afecta a la investigación, es decir, si hay imputados, si hay autos etc, tal como establece el Protocolo de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial, que debe conocer.
Y ahora yo me pregunto ¿La presidente del Tribunal Superior de Justicia no va a hacer nada?
Asumo -con toda la indignación que soy capaz- que, como siempre, se olvidará del tema y dejará a la magistrada que haga de su capa un sayo y sustraiga información a los ciudadanos.
Con esto, estamos asistiendo a un evidente recorte de un derecho fundamental.
Me encantaría que alguien les facilitara a estas dos señoras magistradas la resolución de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el que se dice, entre otras cosas:
“La Administración de Justicia debe mantener un contacto permanente y fluido con los medios de comunicación”.
“Sencillamente, ya no es tolerable que el acceso a la información de los medios dependa del talante personal del Juez que conoce de cada concreto asunto. El papel que los medios de comunicación cumplen en el marco del derecho fundamental que reconoce el art. 20 de la Constitución no precisa de ningún género de explicación.”
Por otra parte, me gustaría avanzar lo que, con toda seguridad, sucederá. La investigación se refiere al supuesto amaño de un partido de fútbol entre dos equipos de la Primera División de fútbol. En la historia no hay apenas precedentes de este tipo. Es, por lo tanto, un caso que posee un alto perfil mediático, como el de la llamada “Operación Puerto”, sobre dopaje de deportistas.
Las principales cadenas de televisión, de radio, prensa, internet, buscarán la información del caso hasta de debajo de las piedras. La información fluirá de donde sea y por donde sea.
Y no soy pitonisa. Hablo por una experiencia de muchos años en este campo.
Esto lo debería saber la señora magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, y si no, alguien debería habérselo explicado. La colaboración con los medios ha dado grandes réditos al Poder Judicial español. Es la diferencia entre hacer las cosas bien y hacerlas mal.
Quizá la señora Rodríguez ha tomado esta decisión tratando de ser invisible para los medios de comunicación. Con el fin de evitar que la publicidad del caso se concentre sobre su persona.
Pasará todo lo contrario. Precisamente, esto va a hacer que los periodistas se interesen mucho más por su persona.
Le voy a dar un consejo, de mujer a mujer, señora Rodríguez –por si me está leyendo-: a partir de ahora trate de ir mucho a la peluquería y cuide su guardarropa. Porque se va a ver en televisión sí o sí. Y si no, pregúntele a su colega Pablo Ruz, que de esto le puede contar.
