Sobre estas líneas, la abogada Emilia Zaballos.
La abogada Zaballos denuncia ante el CGPJ y el TSJM supuestas irregularidades cometidas por un magistrado y una secretaria judicial
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27/4/2015 00:00
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Actualizado: 17/12/2018 17:56
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La abogada Emilia Zaballos ha presentado sendos escritos ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) denunciando supuestas irregularidades cometidas por el magistrado del Juzgado de Primera Instancia 35 de Madrid, César Tejedor Freijo y por la secretaria judicial, Adoración Turel García.
El objetivo es que, tanto el CGPJ como el TSJM, puedan “adoptar las medidas disciplinarias o de cualquier otro tipo que tenga a bien incoar, ante la falta de apoyo, colaboración, ayuda, atención, trato degradante y residual” recibido por la letrada en su función de Administradora Única designada por ese Juzgado en la gestión de la mercantil Inmobiliaria de Proyectos Pérez Pillado, S.L.
A consecuencia, precisamente, de esa gestión, la letrada Zaballos –socia directora de Zaballos Abogados- interpuso dos querellas contra José Pedro Alonso Pérez, propietario de la empresa, que posee, a su vez, tres edificios en el centro de Madrid valorados en más de 20 millones de euros.
Para impedir que se subasten y que no se paguen los impuestos que adeuda a la Hacienda Pública, la Tesorería de la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Madrid, que superan los 1,7 millones de euros.
La primera querella tiene fecha de noviembre de 2014, y la segunda, de abril de 2015.
Ambas fueron admitidas a trámite.
Ahora, la abogada da un paso más al frente, poniendo en conocimiento de las máximas autoridades judiciales la conducta, a su entender, irregular, del juez y de la secretaria del Juzgado de Primera Instancia 35.
LO QUE DICE EN LOS ESCRITOS
“En el informe final presentado [a ese Juzgado] por la que suscribe, se pusieron de manifiesto las numerosas irregularidades cometidas por el anterior administrador de la sociedad, hasta que fue cesado por el juez, incluso con relevancia penal por presuntos delitos graves cometidos por dicho administrador de alzamiento de bienes, delitos societarios, insolvencia punible, delitos contra los trabajadores y la Hacienda Pública, apropiación indebida y administración desleal, insolvencia punible, concurso culpable”, dicen los dos escritos.
“Su señoría, a fecha de hoy, no nos consta haya tomado conocimiento de los citados hechos al Juzgado Decano de Instrucción para su investigación”, se puede leer.
De acuerdo con la abogada, ella fue nombrada por ese Juzgado Administradora Única Judicial de la empresa Inmobiliaria de Proyectos Pérez Pillado, S.L., en junio de 2014 y no fue recibida por el juez Tejedor hasta abril de 2015. Nueve meses y veinticuatro días.
El juez, según los escritos, “no conocía en modo alguno nada del procedimiento desde mi nombramiento, como allí mismo acreditó pidiendo hasta la copia de mi designación, para poder saber qué competencias me otorgó la secretaria judicial, o, dicho sea de paso, la propia ley, pues es esta las que las marca”.
En este sentido, la abogada relata que en la única reunión que mantuvo con el juez Tejedor en el despacho de éste “al no poder darnos explicaciones lógicas de lo ocurrido, me echó de su despacho junto a otro compañero testigo de lo ocurrido, mientras la secretaria no dejaba de dar voces y él pedía que ‘se callara e hiciera el favor de no hablar’”.
Sobre la secretaria judicial, la abogada afirma que Adoración Turel no quiso saber nada de ella y no se prestó ningún auxilio, cosa que sí hizo con el representante de la empresa Pérez Pillado, S.L. La secretaria de este Juzgado “ha resuelto todos y cada uno de los escritos de la ejecutada [Pérez Pillado, S.L.] casi en el mismo día, tras ser atendida por ella y personaciones constantes en el Juzgado”.
La administradora judicial, que fue cesada en sus funciones en enero de este año, mantiene también que tanto el juez como, de forma muy especial, la secretaria judicial ni le han ayudado ni le han atendido, de acuerdo con las funciones que le tiene encomendadas la ley.
Turel, según Zaballos, dio “por saldada la deuda íntegra del ejecutante [la empresa Tecnogrout, S.L., a la que Pérez Pillado, S.L. debía 140.000 euros, incluyendo intereses]”, pero no los emolumentos que le corresponden como administradora única.
“¿Qué extraño interés le llevó a ejecutar de una manera tan poco ética y ortodoxa en el ejercicio de la profesión y tanta insistencia diaria en su despacho, por parte del ejecutado, de que me cesara sólo con dicho pago?”, se pregunta la letrada.
En opinión de Zaballos, se está preparando una venta de los mencionados edificios que dejaría a la mayor parte de los acreedores de Pérez Pillado, S.L., sin cobrar.
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