Juan Carlos Campo
Juan Carlos Campo: «Invertir en Justicia es invertir en salir de la crisis»
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14/12/2015 08:00
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Actualizado: 02/2/2016 22:56
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Es el número 3 de la lista del PSOE por Cádiz al Congreso de los Diputados. Por su conocimiento y por su experiencia -ha sido vocal del CGPJ y secretario de Estado de Justicia- sería la apuesta más clara como ministro de Justicia si Pedro Sánchez fuera presidente del Gobierno. Y tiene las cosas muy claras de lo que hay que hacer para que la Justicia funcione. Desde el minuto uno de partido.
En materia de Justicia, cuando muchos van, Juan Carlos Campo ya ha ido y regresado tres veces. Fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y también secretario de Estado, con Francisco Caamaño, durante la última legislatura socialista. En esta última época, este magistrado con destino en la Audiencia Provincial de Cádiz, ha sido secretario de Relaciones con el Parlamento en la Junta de Andalucía.
Lleva 25 años en la carrera judicial y afirma con rotundidad que la Justicia tiene remedio y que puede funcionar como debería.
En una campaña electoral donde la Justicia ha quedado relegada a un segundo término, Campo tiene muy claro que debe de estar en la lista de prioridades para la próxima legislatura.
Para hacerlo realidad, tiene un plan. Aquí lo cuenta.
Si fuera usted nombrado ministro de Justicia, ¿cuáles sería la primera medida que tomaría en los primeros cinco minutos?
Con independencia del lugar que se ocupe, si el PSOE obtiene el apoyo de la ciudadanía el próximo 20 de diciembre, convocaría un gran acuerdo social, institucional y político contra la violencia de género, potenciando la Ley Orgánica 1/2004, aprobada bajo gobierno socialista.
Habrá que derogar la reforma laboral que ha generado tanta desigualdad y convocarse a los agentes sociales para la elaboración de un nuevo Estatuto de los trabajadores, derogar la ley de seguridad ciudadana para devolver los derechos a los ciudadanos, así como eliminar los residuos de la ley de tasas para pequeñas y medianas empresas.
También suprimiríamos la prisión permanente revisable y otras tantas medidas que han sido fruto de una mayoría no dialogante. En esos cinco minutos habría que activar la preparación del nuevo modelo de Justicia y abordar el paquete normativo, organizativo y tecnológico que lo haga posible.
¿Eliminaría los plazos impuestos para la instrucción, introducidos por el PP? ¿Le parece que son contraproducentes?
Hemos asistido en esta última legislatura a muchas reformas sin ningún tipo de consenso. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ha entrado en vigor los primeros días del mes de diciembre, ha unido a todo el sector Justicia contra ella. Todas las asociaciones de fiscales y jueces han pedido públicamente al Ministerio de Justicia que se modificara el sistema de plazos para cerrar investigaciones. Sistema que es calificado de “absurdo” y supondrá, en muchos casos, la «impunidad» de hechos delictivos.
Con los medios actuales es imposible.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un plazo de seis meses para concluir las investigaciones. Para las que se califiquen de complejas, será de 18 meses. En ambos casos los plazos pueden prorrogarse a petición del fiscal -y sólo del fiscal- hasta los 18 meses en las causas sencillas y los cuatro años y medio en las complejas.
Baste decir que desde el asociacionismo judicial y fiscal se califica de una auténtica ley de punto final de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que deben ser castigados.
Es muy llamativo que la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial, criticara de manera enérgica la reforma. Dado que, además, la instrucción sigue aun en el juez no resulta coherente que la prórroga del tiempo de investigación se condicione a que lo pida el Ministerio Fiscal.
¿Conoce alguna fórmula magistral para acabar con la corrupción?
Es muy difícil hablar de fórmulas magistrales pero con el objetivo de tolerancia cero sí es fácil ver el camino. Y pasa por dotar a la Administración de Justicia y los cuerpos policiales de instrumentos eficaces para combatir todas las formas de corrupción, pública y privada, incorporando los instrumentos internacionales que proporcionan las respuestas jurídico penales más operativas y adecuadas a estas conductas. Potenciar todos los instrumentos que impidan que las personas jurídicas puedan servir de impunidad al delito. Incorporar en las personas jurídicas programas de cumplimiento de normas penales. Aumentar los plazos de prescripción para evitar la impunidad.
Desde luego, acortando los plazos de la investigación como se ha hecho en la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no parece se esté siguiendo este camino.
De las reformas que el PP ha aprobado en el último año, sin contar con ninguno de los partidos de la oposición, ¿cuáles preservaría y cuáles derogaría?
Desde mi punto de vista, ha habido un uso excesivo de una legítima mayoría absoluta por parte del PP.
No consiste en hacer repaso de todas y cada una de las medidas aprobadas, que ya habrá tiempo de hacerlo, pero sí marca una forma de hacer política.
Recuerdo el año 2009 donde el gobierno socialista no contaba con mayoría suficiente y, sin embargo, logró el acuerdo unánime para llevar a cabo lo que se denominó el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2012.
Se hizo con el más absoluto acuerdo de todo el arco parlamentario, todos los afectados y la propia sociedad civil. Se emprendieron reformas normativas, organizativas y tecnológicas que todos han calificado como el esfuerzo más importante hecho jamás para la modernización de la Justicia.
Es una pena que el cambio de gobierno supusiera el cambio de método y el debilitamiento de órganos tan necesarios en nuestra democracia como el CGPJ, aunque es cierto que se impone el dicho de que alguien vendrá que bueno te hará. Pienso en la oferta programática de Ciudadanos de supresión del órgano constitucional y me dan escalofríos.
Las democracias se asientan en pilares muy rocosos y hacer desaparecer el CGPJ supondría un debilitamiento de nuestra democracia.
Retomo su pregunta, Ley de tasas, reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Ley de Seguridad Ciudadana, Código Penal y la prisión permanente revisable.., en fin, es muy preocupante y hay mucha tarea por hacer.
«LAS DEMOCRACIAS SE ASIENTAN EN PILARES MUY ROCOSOS Y HACER DESAPARECER EL CGPJ SUPONDRÍA UN DEBILITAMIENTO DE NUESTRA DEMOCRACIA»
¿Los jueces tienen ideología?
Claro que la tienen, sería horrible que no la tuvieran, que no la tuviéramos. La sociedad quiere jueces y juezas que tengan ideas sobre lo que les rodea ya sea en lo político, en lo económico, en lo moral, en lo cultural, y un largo etcétera. Cuestión muy diferente es que cuando se resuelven los litigios se ha de atender exclusivamente a lo que diga la ley.
La gente no entiende que ustedes tengan ideología porque creen que retuercen las leyes en función del interés político. ¿Cómo les convencería de que no es así?
No creo que los ciudadanos piensen eso. Soy de los convencidos de que los ciudadanos lo único que nos piden es que sus asuntos se resuelvan en tiempos razonables, que se resuelvan como dice la ley y que además que ellos entiendan las causas de su razón o la falta de ellas.
No basta la motivación de las resoluciones judiciales, como dice nuestra Constitución, es necesario que esas resoluciones sean entendibles.
El derecho a comprender es un tema al que no se le ha prestado mucho interés en esta última legislatura y es una pena, porque la anterior acabó con un despliegue enorme sobre lo que se llamó la modernización del lenguaje jurídico. También los recortes llevaron a su paralización.
¿El problema de la justicia española es de organización y estructura, de leyes o de dinero? ¿Póngalas en línea de importancia?
La Justicia ha preocupado a los gobiernos de desigual manera desde la advenimiento de la democracia, pero en todo caso y con independencia del signo político del gobierno, lo cierto es que ha estado basado en políticas incrementas claramente insatisfactorias, más presupuesto, más jueces, más de todo. Esto se ha demostrado que no es suficiente, pues nadie duda de que sean necesarios, pero lo cierto es que además de todo eso, hace falta una nueva manera de conjugarlos.
En ese sentido debe construirse un modelo de justicia. Ese modelo de manera ambiciosa se recoge en el programa para la modernización de la Justicia del PSOE y pasa por tres cimientos: el normativo, el organizativo y el tecnológico. A partir de ahí y sobre unos ejes centrales levantar el edificio de la Justicia. Justicia como servicio público, Justicia de calidad; justicia que mira al ciudadano, Justicia con consenso, Justicia de marcado carácter internacional y una Justicia que se sirva de la tecnología. Y la importancia la pongo en el referente, el ciudadano. Un ciudadano que nos reclama una tutela judicial efectiva y en tiempos razonables y, además, comprensible.
Usted ha sido vocal del CGPJ y secretario de Estado de Justicia. Ha estado en todas las orillas. Conoce como pocos la maquinaria interna. ¿De verdad que es viable una justicia dividida en 14 trozos –CGPJ, Ministerio (5 CC.AA.) y 12 CC.AA. con competencias transferidas?
Nuestro modelo de justicia es un modelo complejo pero realizable, y no es tanto un problema de que haya muchos intervinientes, sino de la viable cohonestación de esfuerzos entre ellos. El método del consenso funcionó en el 2010 y se vio que con voluntad, ideas y presupuesto las cosas salen.
El programa del PSOE marca detalladamente su ruta. Eso, y la experiencia de que se hizo hace muy pocos años son el mejor aval para la esperanza de que podremos contar en un tiempo razonable con un nuevo modelo de justicia con el que resolver los problemas.
¿Se cree usted que el 1 de enero de 2016 habrá papel cero?
Es obvio que no. Lo del papel cero el 1 de enero de 2016 es un brindis al sol. Muy pronto veremos que el papel seguirá siendo una realidad contumaz. No se da ninguna de las circunstancias que lo avalen. La experiencia existente en la Audiencia Nacional, orden Contencioso, no fue fruto del marcar una fecha sino de unir muchos esfuerzos y contar con la paciencia de los operadores. Eso y un programa muy detallado de gestión del cambio lo hicieron posible. Hoy eso no existe en ningún órgano judicial.
En la actualidad tenemos 8 sistemas informáticos diferentes en España en Justicia, que no hablan entre sí. ¿Cuál es la solución que usted pondría en marcha, si existe solución?
Ya se inventó y es el esquema judicial de interoperabilidad y seguridad. Un sistema firmado por todos y con refrendo normativo. Otro de los recortes del actual equipo de Justicia dejo sin operatividad tal realidad.
De cero a diez, ¿qué nota le daría al PP en la asignatura de Justicia ahora que llegamos a fin de curso legislativo?
Hay dos etapas claras en ese Ministerio. La etapa del ministro Ruiz-Gallardón, que puede calificarse de auténtico desaguisado y donde, a mi entender, y creo que el de todos los que saben de qué hablamos, el ciudadano se vio ninguneado, los operadores desatendidos y donde vimos como se pueden aumentar las cotas de frustración de una ciudadanía a la que no se la dejaba litigar si no se contaba con medios.
Con Gallardón la desigualdad llegó también a la Justicia. La ley de Tasas fue el broche de oro.
La segunda etapa es la del ministro Catalá que con mejor talante y un espíritu más dialogante daba a entender que se retomarían sendas más certeras para el servicio público. Se produjo la enmienda de la Ley de Tasas (no completa), la retirada definitiva de la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, etc.
Los nervios de fin de legislatura han llevado, nuevamente, a la aprobación de un paquete normativo sin real discusión parlamentaria y nuevamente al desencanto.
¿Por qué el PP no ha sido capaz de aprobar una nueva ley de enjuiciamiento criminal, teniendo un proyecto y 186 diputados de mayoría absoluta?
Pues porque era sabedor que no estaba dispuesto a poner el esfuerzo organizativo y presupuestario. Ha preferido cubrir otros intereses como hemos visto en la reforma parcial que acaba de entrar en vigor.
«CON GALLARDÓN LA DESIGUALDAD LLEGÓ TAMBIÉN A LA JUSTICIA. LA LEY DE TASAS FUE EL BROCHE DE ORO»
¿La lucha contra la violencia de género tiene ideología? ¿Qué no se ha hecho todavía para acabar con la violencia de género?
Todo lo tiene, pero lo más importante es la capacidad de los demócratas para unirse y erradicar, con una batería de medidas, algo que nos avergüenza, o nos debería avergonzar a todos. Cuando el presidente Zapatero impulsó la reforma que determinó la Ley Intregral de Medidas de Protección contra la Violencia de Género, puso los cimientos y los instrumentos para que eso fuera una realidad. Es una ley que contó con todo el apoyo del arco parlamentario.
Desde aquel momento se fueron conformando un haz de medidas para el fin de la erradicación de la violencia machista. Se aportaron fondos para la aplicación de tales políticas en el orden educativo, social, sanitario y penal. Hoy, en el compromiso socialista con el que se concurre a las elecciones del próximo día 20, esa realidad adquiere enorme protagonismo y preocupación. Con muchas ideas, acciones y presupuestos y un solo objetivo.
¿Considera usted importante la supresión de las tasas para pymes y ONGs?
Por supuesto que sí. La Ley de Tasas fue un artilugio para recaudar, también en Justicia, y dar la sensación de bajada de la litigiosidad.
El Partido Popular olvidó que la Justicia es un pilar y valor de nuestro Estado de Derecho y el acceso igualitario de los ciudadanos a la Justicia, un derecho fundamental.
La ley de Tasas quiso fundarse en un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que dijo que era constitucional pero para empresas con un enorme volumen de facturación. No todo debe valer.
En materia de lucha contra el yihadismo, ¿han sido acertadas las reformas?
Debe decirse que sí. El Partido Socialista firmó el acuerdo con el Partido Popular. Hoy se han sumado otros partidos. La Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de septiembre de 2014 ya marcó por donde se debían acomodar las legislaciones penales de los países y nuestro país aprobó la Ley Orgánica 2/2015 .
Dichas medidas se incardinan en lo que se conoce como Derecho Penal del enemigo y en claro ambiente bélico. Los acontecimientos de París, y otros tantos lugares, el último en nuestra embajada en Kabul con dos españoles asesinados por el terrorismo yihadista, justifican unas respuestas penales verdaderamente excepcionales. Pero además del Código Penal se están reforzando los planos de inteligencia y especialización de nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
¿Está usted de acuerdo con lo que algunos se plantean ahora, lo del Pacto por la Justicia? Sin embargo, ya hubo uno, y no dio para mucho. ¿Por qué cree que fracasó?
Sin duda, la construcción de un modelo de justicia sólo puede hacerse desde las bases del consenso. El Pacto de Estado del año 2000 fracasó. No creo que importen mucho ahora las razones, siendo mucho más importante la realidad propiciada por el Gobierno del Presidente Zapatero y ya mencionado, y la oferta del programa electoral con las que el PSOE concurre a las elecciones.
En estas elecciones no hemos oído hablar mucho de Justicia, de su reforma. ¿Por qué? ¿Es que no da votos?
Habría que preguntárselo a los medios de comunicación y a los propios partidos. Pero importar, importa y mucho. Desde el programa socialista se articula la primera propuesta global que se realiza desde una opción política. Cambio de leyes, cambio de maneras de organizarse y tecnología sientan las bases de un ambicioso proyecto de Administración de Justicia.
¿Le interesa al poder político que la justicia funcione?, porque no lo parece…
Espero que sí, y desde luego a algunas opciones políticas, sin dudarlo. Una Justicia que funciona es una sociedad que crece en todos los sentidos, también en el económico. Una justicia ágil libera capitales que se ponen en circulación y generan puestos de trabajo y riqueza.
Vengo diciendo hace años que invertir en Justicia es invertir en salir de la crisis.
Como jurista, tengo la convicción de que Justicia y ciudadanía son dos nociones indisolubles.
Es más, son dos principios que se refuerzan mutuamente, interaccionan: una justicia eficaz equivale a una ciudadanía convertida en el centro de la actividad económica y social; y una ciudadanía fuerte genera necesariamente una justicia cada vez más eficiente.
¿La culpa de la imagen de hiperpolitización de la Justicia la tiene la última reforma del CGPJ? ¿Fue un error esa reforma?
La última reforma del CGPJ ha desnaturalizado un órgano constitucional absolutamente imprescindible. El CGPJ es, en nuestro país y en los de nuestro entorno, un órgano Constitucional de doble dimensión; de un lado, es órgano de gobierno del poder judicial y, de otro, instrumento de garantía de la independencia judicial.
Desde ese doble cometido se pretenden colmar las funciones de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de la carrera judicial pero también, y como expusiera el Tribunal Supremo, las de la administración judicial, es decir, toda actividad de dirección y de gestión de cuantos medios personales y materiales son necesarios para que los jueces puedan desarrollar su función.
Romper la idea fuerza del plenario potenciando la labor presidencial no lo considero un acierto.
Juan Carlos Campo, magistrado.
«LA ÚLTIMA REFORMA DEL CGPJ HA DESNATURALIZADO UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE»
¿Qué opinión le merece la existencia de vocales de primera y de segunda?
Es establecer una diferencia donde la Constitución no la hace y es entorpecer la labor de los Vocales que no integran la Comisión Permanente, que tienen dificultad para estar al día en los enormes asuntos que el Consejo asume competencialmente.
¿Se entiende en la carrera judicial el carácter presidencialista que tiene el CGPJ?
Yo creo que no. Desde luego mayoritariamente a través de las asociaciones han mostrado su desencanto por esa deriva presidencialista del órgano constitucional claramente plural y colegiado. En el Consejo que hemos conocido desde la Constitución del 78 la fuerza residía en el Pleno. Ahora, el Pleno ha sido despojado de muchas de sus competencias potenciando el papel de la Comisión Permanente, cuyos miembros son propuestos por el propio Presidente.
¿Cree usted que se llevó a cabo para castigar a los miembros del anterior Consejo por no apoyar a Carlos Dívar en sus horas bajas?
No lo sé, espero que no. Pero lo cierto es que son acontecimientos que precedieron a su reforma y en donde se ha cambiado su naturaleza jurídica. El Consejo, como he dicho, pasa a tener un enfoque claramente presidencialista. Esperemos que el Tribunal Constitucional se pronuncie pronto sobre el recurso que sobre tal cuestión planteó el PSOE.
¿La gente confunde el CGPJ con el Poder Judicial?
Sí, y es en cierta medida lógico. Pero el Poder Judicial es el que juzga y hace ejecutar lo juzgado y el CGPJ es un órgano de gobierno que no ostenta representación, ni de los jueces y magistrados, ni de las instancias que participaron en su designación, ni de la sociedad, siendo unánime, en la mejor doctrina, que debe dar cabida a distintas sensibilidades judiciales, jurídicas y políticas. Desde esas premisas cumple sus cometidos constitucionales.
¿Cree usted que la propuesta de Ciudadanos de suprimir el CGPJ está bien fundamentada?
El CGPJ es, en nuestro país y en los de nuestro entorno, un órgano Constitucional de doble dimensión; de un lado, es órgano de gobierno del poder judicial y, de otro, instrumento de garantía de la independencia judicial.
Justo el que nuestra Constitución instauró en el 78 y ahora se pretende eliminar. Me parece un debilitamiento de nuestra democracia inaceptable.
Tras la Segunda Guerra Mundial son las Constituciones francesa y después la italiana y por su influencia muchas otras, las que idearon un órgano con la misión nuclear, que no única, de reforzar la posición institucional del poder judicial garantizando su independencia.
¿Qué opina usted de volver al sistema de elección de 1980, que los jueces elijan a sus 12 representantes en el CGPJ –Jueces para la Democracia lo apoya?
Siempre me he manifestado a favor de la elección parlamentaria con transparencia y rendición de cuentas.
¿Cómo recuperaría la confianza de sus compañeros jueces en su órgano de gobierno?¿Y de la ciudadanía?
Es una ardua labor, pero realizable. Vale la receta de consenso en su conformación y rendición de cuentas y transparencia en su funcionamiento.
¿Qué cambiaría para que los nombramientos que se hacen no fueran percibidos como la traducción política del Parlamento?
Muy simple, reforzando mecanismos tan democráticos como los que le acabo de decir de la rendición de cuentas y transparencia. Ello unido a la idea compartida de que deben ir a los puestos de mayor responsabilidad aquellos que por mérito y capacidad sean los mejores.
Recientemente, el ministro Catalá estudió la posibilidad de impedir que ustedes los jueces, se pasaran a la política, después de enterarse de que Yllanes, el juez que iba a juzgar a la infanta y a su marido, iba de número 1 por Podemos en Baleares. ¿Se calentó por el revés que eso suponía para el PP o iba bien intencionado?
Ignoro sus motivos, pero no son muy atendibles. Eso se hizo precisamente para prestigiar la clase política muy desprestigiada. La vuelta al mundo judicial no debería ser problema pues ya la ley establece mecanismos como la abstención y la recusación. Se hace chocante oír eso cuando acabamos de ver como dos magistrados de la Audiencia Nacional han sido apartados por sus propios compañeros.
Es más, supone ir contra sus propios actos pues su partido apoyó por dos veces la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que facilitaba esa realidad, por lo que creo que no deja de ser una incoherencia.
De otro lado, lamento lo supone de debilitamiento de las instituciones y órganos constitucionales, pues decir lo que dijo, sabiendo todos que el actual presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ estuvo ocho años de alto cargo en los Gobiernos del presidente Aznar, no fortalece al órgano constitucional.
Se habla mucho de las puertas giratorias en política, pero también las hay en Justicia. ¿Cómo vería usted que un juez que regresa a la judicatura tuviera que pasar por una ‘cuarentena’, por un periodo alejado del ejercicio jurisdiccional?
Sería un desperdicio. Ya se intento y fue todo un absurdo monumental.
Los jueces que ejercen jurisdicción tienen una misión constitucional y si no están en otros cometidos amparados por la ley es lo que deben hacer. El sistema normativo ya es lo suficientemente severo para velar por su imparcialidad. Ello es así y funciona diariamente.
Próximamente, su sucesor en el Ministerio de Justicia podría ser nombrado magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la que revisa y enjuicia los actos del Gobierno. Un Gobierno que podría ser del mismo partido por el que fue fichado. ¿No le parece que la apariencia de imparcialidad queda muy tocada?
Es una pena que magistrados con unas dilatadas carreras por haber servido a la cosa pública o formado parte de un gobierno puedan ver cercenadas sus trayectorias profesionales. Siempre he dicho que mérito y capacidad, además del cumplimiento de los requisitos legales es lo que debe permitir acceder al Tribunal Supremo. Y lo digo desde la tranquilidad que me da haber ostentado cargos políticos y seguir en el mismo destino judicial desde hace 25 años.
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