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El nombramiento de Fernando Román, como magistrado de la Sala Tercera, podría verse contestado con un recurso

El presidente Carlos Lesmes y su amigo, Fernando Román, candidato a magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo un año y siete meses después de dejar el Gobierno.El presidente Carlos Lesmes y su amigo, Fernando Román, candidato a magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo un año y siete meses después de dejar el Gobierno.
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Nadie en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) duda que Fernando Román podría ser nombrado magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el Pleno que se tiene que celebrar el próximo jueves, 28 de enero.

Tiene el apoyo completo del presidente Carlos Lesmes, su amigo.

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Y también de una buena parte del sector conservador, que cuenta con una mayoría de 11 votos frente a 9 del sector progresista. En este caso el presidente Lesmes se abstendrá, después de comunicar, el pasado 8 de enero al secretario general su decisión «por razón de amistad con uno de los aspirantes, Fernando Román García«.

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No en vano, Fernando Román fue uno de los principales valedores de Carlos Lesmes desde su puesto de número 2 del anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para el puesto que ahora ocupa.

Como secretario de Estado, además, fue el principal impulsor de la implementación de las tasas a personas físicas, pymes y ONGs en la reforma de la ley que entró en vigor en 2012.

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Román dejó su puesto en septiembre de 2014, con la dimisión de Ruiz Gallardón, y regresó a su destino, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Ahora, apenas un año y siete meses después, aspira a un puesto en la Sala del Tribunal Supremo que enjuicia los actos del Gobierno de la nación y del CGPJ, en lo que algunos no han dudado en calificar de «puertas giratorias» judiciales.

Apenas un año y siete meses después de haber dejado de ser secretario de Estado de Justicia aspira a ser magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la que enjuicia los actos del Gobierno

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De obtener el nombramiento, podría verse en la tesitura -si el Partido Popular finalmente formara gobierno- de tener que enjuiciar a antiguos compañeros en el Ejecutivo. O a políticos rivales que estuvieron en la oposición durante su tiempo como secretario de Estado.

Sin embargo, según ha podido saber Confilegal, «no todo está atado y bien atado».

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Su elección podría provocar un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tanto por parte de alguno de los aspirantes que concursan al mismo puesto que Román como por parte de alguna de las cuatro asociaciones de jueces.

Una de las razones que se podrían esgrimir es, precisamente, méritos. Fernando Román es el magistrado que menos sentencias ha puesto de los cinco pretendientes al puesto: un total de 594.

O lo que es lo mismo, 4.331 menos que Santiago de Andrés Fuentes, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien es autor de 4.925; 2.883 menos que Fernando de Mateo Menéndez, compañero suyo en la  Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que cuenta con 3.477; 859 menos que Juan Pedro Quintana Carretero, igualmente colega en la misma Sala, con 1.453; y 5.254 menos que Rafael Toledano Cantero, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, que figura, como todos ellos, en la base de datos del Centro de Documentación Judicial del CGPJ, con 5.848, y que cualquiera puede consultar.

Las aspiraciones del «futurible» miembro de la Sala Tercera, Fernando Román fueron, además, puestas en tela de juicio recientemente con la sentencia del Tribunal Supremo 4783/2015, de fecha 6 de noviembre, de la que fue ponente el magistrado Jorge Rodríguez-Zapata Pérez. 

De la misma puede deducirse que el tiempo que pasó el magistrado como jefe del Gabinete Técnico del Alto Tribunal -noviembre de 2004 a diciembre de 2011- y el tiempo en el que ejerció como secretario de Estado -diciembre de 2011 y septiembre de 2014- no puede computarse como “ejercicio de la potestad jurisdiccional en el sentido estricto de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”.

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Román tiene que tener un mínimo de 15 años en la carrera judicial para acceder a ese puesto.

De darse por válida esa interpretación, Román no cumpliría esos requisitos; su antigüedad sería de poco más de ocho años y medio. No podría convertirse en magistrado del Tribunal Supremo.

En la reunión de la Comisión Permanente del pasado 14 de enero, en la que se hizo la selección de la terna final de candidatos para ese puesto, la vocal Nuria Díaz Abad, votó en contra porque quería que el Gabinete Técnico emitiera «un informe sobre si el tiempo que algunos de los candidatos han estado en la situación de servicios especiales o en régimen de comisión de servicios computa como servicios efectivos en el orden contencioso-administrativo”.

LA VOTACIÓN

A estos nubarrones oscuros se añaden los de la votación. Román contaría, de salida, con los 11 votos del grupo conservador, frente a los 9 del grupo progresista. Pero esto tampoco es matemático y nada está asegurado hasta que se realice el recuento de votos, que tiene que ser a mano alzada.

Podría ocurrir que los 9 votos del sector progresista se concentraran en uno de los candidatos, como Rafael Toledano, el que más sentencias ha puesto, y que uno de los conservadores vote con ellos, produciendo un empate. Algo en lo que Lesmes está ejercitándose a fondo para que no suceda.

Lo que sí parece haberse descartado, a día de hoy, es que Ángel Juanes presida el Pleno del CGPJ, como hizo con la Comisión Permanente citada, para no añadir leña al fuego de la controversia.

Sea como fuere, el partido por el nombramiento de Fernando Román, que parecía ganado antes de saltar a la hierba, está bien lejos de estar ganado.

Y, sobre todo, hay que jugarlo.

Lo mismo que el de la renovación de Ángel Calderón en la Presidencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, a quien le habían buscado un sustituto más joven: el magistrado de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta.

Hace un mes y medio, la continuidad de Calderón estaba en entredicho; su salida estaba cantada, con casi seguridad. Sin embargo, el magistrado ha sabido moverse en todo este tiempo y podría contar con una mayoría holgada de 11 a 13 votos en el Pleno del órgano de gobierno de los jueces.

Sobre quien no parece haber ninguna duda en la elección para el puesto de magistrado de la Sala de lo Penal es en Pablo Llarena, presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona y expresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, que tiene todas las bendiciones del presidente.

Llarena tiene como rivales a Enrique López, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Leopoldo Puente Segura, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, José Jaime Tapia Parreño, presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava y a Eloy Velasco Núñez, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

JUEGO DE TRONOS

Sobre los nuevos presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Andalucía, Ceuta y Melilla, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana, hay claros oscuros.

Los claros: Lorenzo del Río, que se presenta en solitario al TSJ de Andalucía, y Vicente Rouco, que renovará con un ciento por ciento de seguridad en la Presidencia del TSJ de Castilla-La Mancha -aunque él preferiría un puesto como al que aspira Fernando Román en el Tribunal Supremo.

Los oscuros: Castilla-León. Son tres los contendientes: Carlos Javier Álvarez Fernández, magistrado de la Audiencia Provincial de León, José Luis Concepción Rodríguez, actual presidente, y María José Renedo Suárez, presidenta de la Sala de lo Social de ese TSJ. Dependerá mucho de la división del voto que se produzca en el sector conservador. En especial de Vicente Guilarte y de Fernando Grande-Marlaska, que apoyan a Renedo, y del lado que tomen el resto del grupo así como de la alineación de los progresistas. Parte de ellos podría votar a Álvarez, uno de los «popes históricos» de Jueces para la Democracia, y otra parte a Concepción.

El resultado está, por lo tanto, en el aire.

Y lo mismo ocurre en la Comunidad Valenciana, donde compiten Pedro Castellano Rausell, presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, a quien apoya una parte del PP tradicional de la Comunidad Autónoma, Vicente Magro Servet, presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, que cuenta con el apoyo de la parte «progresista» del partido conservador, Juan Francisco Mejías González, titular del Juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia, que parte sin apoyos predefinidos, y Pilar de la Oliva Marrades, presidenta del TSJ de la Comunidad Valenciana, que, paradójicamente, tiene el apoyo de la izquierda y de una parte de la judicatura.

Las apuestas están entre Pilar de la Oliva y Vicente Magro.

La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quizá sea la más problemática. Lesmes quiere sustituir a Miguel Ángel Gimeno por su inacción en la instrucción de los hechos del 9N. Sin embargo, podría ocurrir que, a pesar de todo, el grupo progresista votara en bloque por él, lo cual son 9 votos. Quedaría por ver lo que votarían Lesmes y los 11 vocales conservadores, si por Jesús María Barrientos Pacho, presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona -el hombre que juzgó el otro día al central del Barcelona C.F., Javier Mascherano, por fraude fiscal, o por Fernando Lacaba Sánchez, presidente de la Audiencia Provincial de Girona. 

De acuerdo con las fuentes consultadas por Confilegal, lo más probable es que el bloque conservador vote en bloque por Barrientos.