Aumenta la percepción de la corrupción en España, según Transparencia Internacional
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27/1/2016 15:17
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Actualizado: 27/1/2016 15:17
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España empeora su posición en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2015 publicado este miércoles por la ONG Transparencia Internacional (TI), que destaca que más de un tercio de los 168 países evaluados suspenden.
España es junto junto con Hungría, Macedonia y Turquía uno de los países europeos que más preocupa a Transparencia Internacional. De acuerdo con el informe de TI, se sitúa en el puesto 36 tras obtener 58 puntos, dos menos que en 2014.
A la vista de este estudio, Manuel Villoria, miembro del comité ejecutivo de Transparencia Internacional, asegura que aunque España no está inscrita en el llamado sistema de «corrupción sistémica» -en el que policías, médicos y profesores aceptan sobornos-, la corrupción en la contratación pública desde entes instrumentales está «bastante generalizada», como expresa «claramente» el caso Acuamed, ha dicho.
Y ha puntualizado que «Se están haciendo reformas, pero hasta ahora son insuficientes», ha dicho el catedrático al tiempo que ha planteado que es necesario que esas reformas y leyes a favor de la transparencia y la prevención de la corrupción se desarrollen para que sean eficaces.
POR COMUNIDADES
Sólo tres -Castilla-La Mancha, Cataluña y País Vasco- de las diecisiete comunidades autónomas españolas cumplen con la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP). Dicho informe, realizado en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública, refleja asimismo que el 74% de los ayuntamientos tampoco lo hacen, ni tres de cada cuatro parlamentos autonómicos.
Para el presidente de TI España, Jesús Lizcano, es significativo que ayuntamientos como los de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia incumplan este mandato legal (recogido en la ley de garantía de la unidad de mercado de 2013). En el caso de los 110 mayores ayuntamientos de España, únicamente 29 cumplen la ley: Algeciras, Ávila, Avilés, Badalona, Barakaldo, Cornellà de Llobregat, Cuenca, Elche, Fuengirola, Gijón, Girona, Granada, Jerez de la Frontera, Logroño, Lorca, Málaga, Manresa, Mataró, Oviedo, Pontevedra, Roquetas de Mar, Rubí, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugas Vallés, Santa Coloma Gramenet, Soria, Talavera de la Reina, Tarragona y Teruel.
En cuanto a los parlamentos, cumplen la ley los de Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y Murcia, y tampoco lo hacen ni el Congreso ni el Senado. A la vista de los datos, TI España ha instado hoy a todas las instituciones públicas a cumplir en el «menor breve plazo posible» esta obligación legal, de cara a que la información general y detallada de los contratos y licitaciones que llevan a cabo las entidades públicas se encuentra centralizada y a disposición de todos, con el fin de aumentar la transparencia y prevenir la corrupción.
MÁS JUECES
Para Jesús Sánchez Lambás, especialista en derecho de empresas y miembro de la dirección de TI, la solución pasa por resolver el «cuello de botella» de la justicia.
Lambás ha subrayado que, frente a la ratio europea de 23 jueces por cada 100.000 habitantes, la española es de once, lo que supone que la «intensa mediatización» de los casos de corrupción no se refleja después en resultados. «El poder judicial está inerme, ni siquiera se cumple la tasa de reposición de los jueces que se jubilan», ha lamentado.
Para este experto, la corrupción que se descubre «no llega a ser el diez por ciento de lo que ocurre» y es el IVA el «instrumento que permite detectar el mayor volumen de fraude».
En su opinión, la estructura de jueces y fiscales es «manifiestamente insuficiente», como demuestra que «tarden cinco, seis, siete o diez años en dictar una sentencia».
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