En esta historia David ha vencido a Goliat. David, en este caso, se llama Fernando Clemente, y es letrado del Tribunal de Cuentas. Goliat es el propio Tribunal de Cuentas que, el 26 de septiembre de 2013 creó una plaza específica, de subdirector técnico de la Dirección Técnica de la Presidencia de ese órgano, para Enrique Medina Guijarro, hermano del consejero Javier Medina Guijarro (PP), «número 2» de la institución y presidente de la Sección de Fiscalización.
Clemente recurrió el nombramiento ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y solicitó que fuera anulado.
Los magistrados Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala, Jorge Rodríguez-Zapata, José Manuel Sieira, Pablo Lucas Murillo, Celsa Pico, José Díaz Delgado, y Nicolás Maurandi, este ponente de la sentencia, finalmente le han dado la razón.
El tribunal sentenciador considera «fundada» –se puede leer en la sentencia- «la desviación de poder que es denunciada para apoyar la pretensión anulatoria» del letrado Clemente «frente a la convocatoria que aquí es objeto de impugnación».
Los siete magistrados que compusieron el tribunal consideran probada «una finalidad torcida en la convocatoria aquí combatida, pues demuestran que lo pretendido», dicen, «es facilitar su adjudicación al señor Medina y no al candidato más idóneo para su desempeño».
UNA VICTORIA EN TODA REGLA
Para Fernando Clemente la sentencia supone el “triunfo de la justicia frente al nepotismo. Una victoria en toda regla”, declaró a Confilegal minutos después de conocer la sentencia. “Siempre dije que estas cosas no pueden admitirse y hay que combatirlas porque son semillas de corrupción”.
Enrique Medina Guijarro, sin embargo, no tendrá que dejar el Tribunal de Cuentas por la puerta de atrás. El pasado mes de septiembre fue nombrado director de auditoría interna en la empresa pública Mercasa y abandonó éste órgano fiscalizador, previniendo así este desenlace.
“Son datos especialmente elocuentes de esa finalidad desviada” –dicen los magistrados en su sentencia- “prescindir, sin haberse ofrecido una razón que pudiera justificarlo, de las exigencias referidas al dominio de los idiomas inglés y francés y de otros perfiles técnicos de la plaza”.
El falló, asimismo, destaca los intentos de excluir de la misma a funcionarios de Cuerpos propios del Tribunal de Cuentas –a uno de los cuales pertenece Clemente- “que por tal razón tienen un perfil más próximo a las exigencias de puesto objeto de polémica”.
De la misma manera, señala la previa designación en comisión de servicios para un puesto del Tribunal de Cuentas de Enrique Medina, que pertenecía a un cuerpo funcionarial ajeno al Tribunal de Cuentas, prescindiendo de los funcionarios del propio Tribunal.
A todo esto, prosigue el tribunal, hay que sumar “los intentos frustrados por la inadecuada vía de la rectificación de errores la inicial convocatoria de 7 de marzo de 2013, de dejarla sin efecto, y, por último, de dejar desierta la plaza controvertida”.
Sin olvidar, la ausencia de una explicación de esas decisiones, tanto en la contestación formalizada por el Tribunal de Cuentas en el actual proceso jurisdiccional como en el expediente administrativo remitido.
“Todos estos datos ofrecen una base objetiva para asumir la convicción más razonable que la nueva convocatoria estuvo dirigida a suprimir los obstáculos que frente a otros aspirantes pudiera tener el señor Medina para obtener la plaza objeto de discusión”, concluye la Sala Tercera.
UN INFORME DECISIVO
En el proceso de litigación contra el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Supremo facilitó a Clemente un informe sobre este asunto elaborado por Javier Borrego, abogado del Estado Jefe en el Tribunal de Cuentas y exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, uno de los juristas españoles internacionales más prestigiosos y respetados en la Unión Europea.
En dicho informe, que había estado guardado bajo siete llaves por la Secretaría General del Tribunal de Cuentas, Borrego enumeraba las “serias irregularidades” que se produjeron en el nombramiento de Enrique Medina y proponía de forma clara, directa y contundente su anulación.
El combativo letrado del Tribunal de Cuentas es el mismo que consiguió que el Supremo anulara el nombramiento, como subdirectora nivel 30, de Carmen de Vicente, hermana del entonces consejero del Tribunal de Cuentas a propuesta del PSOE, Ciriaco de Vicente, en un caso que guarda muchas similitudes con el actual.
