Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP de Madrid, era un hombre de confianza de Esperanza Aguirre; tuvo que dimitir de su puesto por el escándalo de las tarjetas black. Tele 5.
El exgerente del PP en Madrid, imputado por las «tarjetas black», acusa a los medios de conculcar su derecho a la intimidad
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14/3/2016 18:31
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Actualizado: 14/3/2016 18:31
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Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP de Madrid e imputado en el caso de las «tarjetas black», ha acusado a los medios de comunicación de conculcar el derecho a la intimidad de los representantes de Caja Madrid que disponían de ese tipo de tarjetas de crédito y de crear una «infundada alarma social». Gutiérrez gastó 58.000 € con su «black».
De esta forma se expresa en su escrito de defensa, en el que reclama su absolución y pone de manifiesto que Caja Madrid «jamás» ha alegado sufrir perjuicio alguno por la utilización de las ‘visas’. Dándose la «kafkiana circunstancia de que era la titular de la tarjeta y recibía todos los meses la información de donde se gastaba».
Recientemente hicieron lo mismo, echar la culpa al mensajero, antiguos miembros de ese mismo Consejo de Administración de Caja Madrid, como Miguel Ángel Abejón, Carmen Cafranga (PP), Darío Fernández-Yruegas (PP), Miguel Ángel Araujo (PP), Beltrán Gutiérrez (PP), Jorge Gómez (PSOE), José María de la Riva (PSOE) o Virgilio Zapatero(PSOE).
Todos ellos hicieron uso de sus “tarjetas black”. Todos ellos se han quejado del maltrato recibido desde los medios de comunicación y del hecho de haber sido tratados “peyorativa e insistentemente” por los informadores en sus respectivos escritos de defensa, en los que, igual que Gutiérrez, solicitaban su absolución. Todos ellos argumentaron que desconocían que esta práctica fuera ilícita y “desleal” para la entidad.
Gutiérrez, por su parte –investigado también en la trama ‘Púnica’-, critica que la Fundación Especial Caja Madrid o Bankia no hayan aportado los comprobantes originales de los gastos y la causa se base en un «listado de gastos excel, cuya cadena de custodia es más que dudosa por los complejos sistemas de implementación informática, tras la cesión del negocio bancario de Caja Madrid a Bankia».
Por ello, ha impugnado dichos listados al entender que se trata de una prueba obtenida por medios «ilícitos» y asimila su remuneración a la percibida por los cargos del Congreso de los Diputados. Además, dice «no saber cómo Caja Madrid no pudiese tener los nombres y apareciesen los listados individuales de los cargos en las tarjetas con luz y taquígrafos en prensa, conculcándose el derecho a la intimidad de las personas».
Gutiérrez entró en 1997 a formar parte de la Comisión de Control. Mantiene que actuó con «pleno» conocimiento de su legalidad y que nunca le reclamaron ni la caja de ahorros, ni la Agencia Tributaria ni tampoco el Banco de España, cuyos inspectores tenían acceso a la documentación de forma permanente «¡¡¡desde 1988 a 2012!!!».
«¿Cómo podría imaginar siquiera que su actuación con la tarjeta podría ser constitutiva de una eventual infracción penal?», se pregunta.
El exgerente del PP pone de relieve que la existencia de las tarjetas era «pública y notoria» para la prensa y denuncia que esta haya repetido, a su juicio, un «mantra» que ha llevado a la «confusión» a la opinión pública, que ha creído que Bankia era la «sucesora» de Caja Madrid.
Finalmente, rechaza que sea tenida en cuenta la declaración «con finalidad ejemplar» del consejero delegado de Bankia Francisco Verdú puesto que no formó parte de la caja madrileña y solicita que testifique durante el juicio.
UN HOMBRE FIEL A ESPERANZA AGUIRRE
Beltran Gutiérrez era uno de los hombres de confianza de Esperanza Aguirre. La dirección nacional del PP, cuando supo de su imputación, fue dado de baja como gerente del PP. Al día siguiente, sin embargo, el PP de Madrid le dio de alta como empleado regional, lo que provocó un choque de trenes con la secretaria general de esta formación, María Dolores de Cospedal.
Aguirre le explicó a Cospedal que Gutiérrez seguía trabajando en el PP de Madrid como empleado del partido, en el que lleva 20 años, sin que hubiera «baja encubierta ni despido ni contratación». CONFILEGAL/EUROPAPRESS.
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