Antonio Jesús Fonseca-Herrero, promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), considera que no se han producido retrasos injustificados en la instrucción por la causa seguida por la celebración de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, celebrada en Cataluña, que previamente había sido prohibida por el Tribunal Constitucional.
En consecuencia, ha acordado archivar las diligencias abiertas tras la denuncia presentada por Manos Limpias contra Joan Manel Abril Campoy, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), instructor de esta causa.
Para este sindicato, la lentitud del magistrado Abril Campoy en la investigación de este caso ha sido palmaria.
Esa lentitud estuvo, precisamente, en el origen de las circunstancias que contribuyeron a la sustitución del anterior presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, por el magistrado Jesús María Barrientos.
La instrucción de este asunto, que comenzó a tomar vida tras el 22 de diciembre de 2014, con la presentación de la querella de la Fiscalía de Cataluña contra el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, su vicepresidenta, Joana Ortega, y su consellera de Educación, Irene Rigau -a la que se acumularon siete querellas de acusaciones populares, de las que la de Manos Limpias era la más antigua- no despegó hasta después del 27 de septiembre de 2015, cuando se produjeron las últimas elecciones autonómicas.
Según relata El País, en el acto de entrega de despachos judiciales a la 65 Promoción de jueces, celebrado el 23 de julio de 2015 en el Palacio de Congresos de Barcelona, el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, le preguntó a Gimeno sobre el avance de la instrucción del caso.
Éste le contestó que, ya que se habían convocado las elecciones autonómicas para el 27 de septiembre, el tribunal había preferido no interferir y esperar a que se celebraran antes de actuar. A cuarenta y ocho horas del 27-S, Gimeno llamó por teléfono a Madrid para hablar con Lesmes para explicarle que el Abril Campoy citaría a Mas después del domingo 27 de septiembre.
NO HUBO LENTITUD, SEGÚN EL PROMOTOR
Fonseca-Herrero, en el acuerdo de archivo de la denuncia de Manos Limpias, argumenta que la instrucción no sufrió ningún retraso. O lo que es lo mismo, que no hubo lentitud.
Según el promotor de la Acción Disciplinaria, desde que las primeras querellas fueron admitidas a trámite por el TSJC, el 8 de enero de 2015, y que Abril fuera designado instructor, el magistrado ha dictado un total de 43 resoluciones. Todas ellas «suficientemente motivadas», quedando a 21 de enero de 2016 únicamente cuatro solicitudes o escritos por proveer.
«A la vista de lo anterior, no se observa la existencia de un retraso o una paralización relevante en la tramitación de las diligencias», señala el promotor.
Y añade que, durante este tiempo, «han sido numerosas las incidencias procesales acaecidas», en referencia a las impugnaciones y recursos presentados por las partes.
A eso hay que sumar, señala, la necesaria tramitación y resolución de 88 denuncias que se sumaron a las querellas iniciales, así como de 6.000 auto-denuncias, que requieren un pronunciamiento individualizado.
En cuanto al momento en que fueron citados los testigos y los investigados en las actuaciones, el promotor recuerda que se trata de una decisión que «corresponde en exclusiva al magistrado instructor, quien, en el ámbito de sus competencias, ha de ponderar la conveniencia de las diversas diligencias para el buen fin de la tramitación de la causa penal y el momento de su práctica».
Abril, que fue elegido magistrado para el TSJC a propuesta del Parlament -con el apoyo de CiU- admitió a trámite las querellas sobre la consulta independentista en enero de 2015 y no citó a los primeros testigos hasta julio del pasado año.
Interrogó a Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau -investigados por la presunta comisión de un delito de desobediencia- tres meses después, en octubre, una vez celebradas las elecciones autonómicas.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, responsable de la instrucción del caso, al haber sido aforados los investigados, estaba, a finales de 2014, a poco más de la mitad de su carga de trabajo, concretamente un 56 por ciento, según datos de la estadística del CGPJ, a los que ha tenido acceso Confilegal. CONFILEGAL/EP.
