«Si existiera un estatus de defensa jurídica del denunciante se podría atajar una parte importante del fraude fiscal, sin duda alguna». Es la opinión de Julio Ransés Pérez Boga, inspector de Hacienda, expresidente de la Organización de Inspectores de Hacienda. Economista y actualmente concejal del Grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid.
«Tenemos buenos ejemplos en la OCDE y en el mundo Occidental. Por ejemplo, en Estados Unidos llevan muchos años garantizando al denunciante un estatus jurídico. Se recompensa a los denunciantes con indemnizaciones y pluses. Se suele hablar, aproximadamente -y los norteamericanos son muy generosos-, de que a cada persona que denuncia se le da un premio de un 10 por ciento de lo recuperado; el Estado se queda con el 90 por ciento restante», explica Pérez Boga.
«Lo que hacen es tremendamente rentable. Si lo hiciéramos aquí ayudaría muchísimo. Porque un señor que trabaja en un banco de un paraíso fiscal, o que es corresponsal en un paraíso fiscal, si se decide a denunciar, el banco lo despide, seguro. Y posiblemente nadie vuelva a contratarlo jamás», continúa explicando Pérez Boga. «Si esta persona tiene la garantía de que va a obtener una indemnización para su jubilación, la resolución de grandes casos de fraude sería infinitamente más fácil. Y hablamos, repito, de grandes operaciones internacionales que hacen mucho daño a los países».
LA FORMA DE COLABORACIÓN DE PANAMÁ NO ES EFECTIVA
Sobre el Convenio de colaboración entre España y Panamá, el inspector de Hacienda no tiene mucha fe. «En estos casos suelen colaborar de una forma muy limitada. Cualquier pega que pongas, no te la dan. Porque se debe crear una comisión rotatoria que debe solicitar a ese país datos muy concretos. Estamos obligados a identificar la cuenta corriente, a identificar al intermediario que gestiona la cuenta corriente… Lo que se debería hacer es una expedición genérica, lo que se denomina la ‘phishing factory’, la expedición de pesca, en traducción literal. Es decirles a los señores de Panamá: miren, queremos saber todas las cuentas que tienen en su sistema bancario con estos señores. Esto sería lo suyo».
Eso es lo que precisamente se hace en España. «Nosotros aquí podemos ir a un banco, pedir las cuentas de una determinada persona y los movimientos. Sin embargo, en una paraíso fiscal, no. En la práctica, a pesar de existir un convenio, no colaboran de forma efectiva».
