Las asociaciones progresistas Jueces para la Democracia (JpD), Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) reclaman la»derogación íntegra» de la Ley de Tasas de 2012 después de que el Congreso de los Diputados aprobara ayer casi por unanimidad el inicio del proceso de una proposición de ley para suprimir las tasas para pymes y ONGs.
Estas tres asociaciones consideran que la Ley de Tasas aprobada orginalmente por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón «pretendía generalizar el llamado repago» en un modelo «mercantilista» de la Justicia.
«Las reformas parciales constituyen un avance, pero suponen una solución parcial, sin perjuicio de conllevar una mejora respecto de la actual redacción», defienden.
«La Ley de Tasas culpabilizaba a la ciudadanía y profesionales que la asisten de ser los causantes de la precaria situación de la Administración de Justicia, cuyo ineludible proceso modernizador paralizó el Ejecutivo en funciones», han añadido estas tres asociaciones, que cuestionan la limitación del derecho a la tutela judicial efectiva.
Pese a la reforma de 2013, JpD, SISEJ y UPF censuran que la actual norma vincule la recaudación por tasas a las partidas destinadas con el derecho de asistencia jurídica gratuita.
«Ni la justicia gratuita debe quedar supeditada a una concepción mercantilista de la justicia, ni es cierto que la recaudación obtenida se haya destinado a este concepto», concluyen.
