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Bolsillos y puñetas: sobre los cursos impartidos por jueces y fiscales

Susana Gisbert GrifoSusana Gisbert es fiscal en la Audiencia Provincial de Valencia.
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Lo reconozco. Llevo conteniéndome días. Pero, como decimos en mi tierra, hasta aquí llegó la riada. No me muerdo las uñas, los puños ni las puñetas ni un minuto más. Si siguen leyendo verán por qué, si es que no lo han adivinado.

Ya van varios días con el tema de los famosos cursos impartidos por jueces y fiscales, días de insinuaciones que no hacen otra cosa que ensuciar la fama de algunos y arrojar sobre nuestras personas una sospecha permanente, que ya se sabe eso de “injuria, que algo queda” y el daño que hacen las medias verdades o verdades a medias y las consabidas generalizaciones. No vamos a descubrir América a estas alturas.

Titulares del tipo “Jueces (y fiscales) cobran por impartir cursos” o “la entidad X pagó a jueces y fiscales por asistir a cursos” han colmado el vaso de mi paciencia. Que andaba a punto de rebosar, por cierto.

Pero vayamos por partes. Que un juez o un fiscal cobre por dar un curso es tan poco noticiable como que un fontanero cobre por arreglar un grifo, un panadero por hacer panes o un tornero fresador por lo que quiera que haga en su oficio. O que un periodista por escribir artículos, vaya.

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Si está claro que la ley, que nos obsequia con uno de los regímenes de incompatibilidades más severos que hay, nos permite la docencia, nada tiene de extraño que la ejerzamos y que cobremos por nuestro trabajo.

Y eso cuando cobramos, porque en gran parte de los casos se hacen gratis et amore –perdónenme los señores de la comisión latinoamericana por emplear el latín- por razón de amistad o compromiso con quien nos lo pide, por entrega y colaboración con determinadas causas o, simplemente, porque nos da apuro preguntar a priori –repito las disculpas- si nos van a pagar o nos darán luego un detalle de agradecimiento.

Seguro que más de un compañero podría contar de algún cajón donde tiene guardados bolígrafos, plumas o placas conmemorativas con que saldaron una ponencia.

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O ni eso.

Que a alguien le paguen por prestar un servicio es tan raro como que llueva en Galicia, pero si un titular dijera que llueve en Galicia, tengamos por seguro que daría que pensar en algún mensaje oculto o subliminal que se nos escapa.

Y eso es lo que ocurre aquí, cuando se generaliza y se deja sobreentender cosas que ni son ciertas ni justas. Como decía, si la ley nos permite ejercer la docencia, nada tiene de malo que lo hagamos. Se cobra por dar ponencias en los cursos que organizan el propio Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado, por dar clases en la universidad –pública o privada-, o en cursos de los Colegios de Abogados o cualquier otro colegio profesional o por escribir un sesudo tratado doctrinal.

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También cuando se imparten cursos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a personal de los Servicios Sociales o a cualquier otro que lo demande. En la mayoría de casos, no se cobra ni siquiera por acudir a dar charlas formativas a Ayuntamientos y nunca –o casi nunca- si se trata de asociaciones sin ánimo de lucro u ONG’s. Así que nada tiene de raro que si alguien hace un trabajo y quien lo demanda está en condiciones de pagar, reciba ese emolumento.

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Y esto no solo no es malo, sino que es positivo. Los jueces y los fiscales poseen una formación y una experiencia que puede aportar mucho a otros campos de conocimiento, como ocurre también a la recíproca.

Pensar otra cosa sería fomentar la falta de comunicación y los compartimentos estancos, algo impensable en una sociedad de la información y la comunicación como la que vivimos. Defender lo contrario sería apostar por la endogamia, algo nada recomendable cuando el futuro está en la transversalidad del conocimiento.

SE DESLIZA LA SOSPECHA, Y ESO SÍ QUE NO

Pero sigamos analizando titulares. Ha habido otros que lo que dicen es que se pagó a jueces y fiscales “por asistir a cursos”. Y ello desliza la sospecha de que se nos trata como concursantes de Gran Hermano, incentivados por lucir palmito en bolos discotequeros para atraer al personal.

Y eso sí que no.

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Esa asistencia a la que hacen referencia sibilinamente no es a modo de florero, sino para impartir una ponencia, charla o participar en una mesa redonda. No mezclemos churras y merinas.

Aunque tal vez lo que más me preocupe y entristezca de este asunto es la imagen que se da de nosotros. Algo así como unos mercenarios del derecho que, descontentos con el sueldo con que el estado tiene a bien pagar nuestro trabajo y nuestra responsabilidad, necesitamos complementarlo a cualquier precio. Vendiéndonos al mejor postor.

Y a ello he de protestar enérgicamente.

Porque si bien a nadie le amarga un dulce, hay muchas otras razones para aceptar ser ponente en unas jornadas. Algunas altruistas, como el amor a la docencia o las ganas de colaborar con una causa justa, y otras más prosaicas, como engrosar un currículum, compartir conocimientos o conocer a personas que puedan resultar enriquecedoras.

Todas ellas legítimas, por cierto, y nada reprochables.

Lo que no voy a negar es que pueda haber supuestos irregulares, al menos teóricamente. Pero si existe tal irregularidad es ésa la que hay que constatar y no meter a todos en el mismo saco.

Unos emolumentos desproporcionados, percibidos de quien tiene o puede tener un proceso pendiente con ese juez o fiscal concreto, pueden ser una infracción y como tal debe denunciarse ante quien corresponda, y no dedicarse a esparcir al vuelo la sombra de la sospecha sobre cualquier profesional que realice lo que la ley le permite.

También podría ser de dudosa ética aceptar pagos de entidades que son objeto de, al menos, una investigación judicial, siempre que sea conocida, pero no se puede pretender que se haga un juicio ex ante –de nuevo disculpas a los señores que pretenden salvar la justicia eliminando el latín- sobre la probidad de la persona o entidad organizadora de los cursos en cuestión.

No parece razonable ni exigible.

UN PAR DE EJEMPLOS

Así que concluiré con un par de ejemplos. ¿Alguien echaría a los perros de la ignominia a un odontólogo que hubiera trabajado con una franquicia caída en desgracia por los excesos de quien la dirigía?

¿Debemos hacer una investigación previa si un ayuntamiento nos pide impartir una charla por si luego deviene como corrupto?

¿O quizás debo negarme a asistir a un coloquio de una asociación de lucha por los Derechos Humanos sin tener previamente información completa de todas sus actividades, tanto públicas como ocultas?

Me entristece profundamente que se nos tilde de mezquinos y cicateros, que se nos describa como pobres personas descontentas de su sueldo y ansiosos por encontrar otras fuentes de financiación.

Y también me entristece la condescendencia de quienes pretenden comprendernos con una palmadita en la espalda, como si admitieran que nuestro sueldo es tan magro que es comprensible que hagamos la vista gorda ante estas pequeñeces.

Pues no, señores.

Ser juez, fiscal, letrado de la Administración de Justicia, o cualquiera otra profesión jurídica nos confiere cierto prestigio profesional ganado a pulso con nuestro trabajo.

Y por ello merecemos un respeto.

Y más aun aquellos cuya trayectoria y trabajo se han demostrado sobradamente y por eso se les demanda.

Al infractor, si lo hay, duro con él.

Pero a los demás déjennos en paz, y no nos ensucien con sus sospechas ni nos pongan en listas negras reales o imaginarias.

Al césar, lo que es del césar. Y conste que no rebato expresamente eso de que la mujer del césar no sólo tenga que ser honrada sino además parecerlo porque no me gusta usarlo: no carguemos a la mujer de nadie con la obligación de salvaguardar la fama de su esposo, que entraremos en un jardín peligroso.

Ya se cuidará ella de su fama, y que el esposo haga lo propio, que ya hace tiempo que dejamos de ser una prolongación de aquel con quien compartimos nuestras vidas, sea césar o no.