Pricewaterhousecoopers (PwC) ha presentado un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Sala de lo Civil, de fecha 11 de marzo pasado, que le obliga a pagar más de dos millones de euros al empresario canario, Félix Santiago Meilán, por un mal asesoramiento en materia fiscal y contable.
La presentación del escrito paraliza el pago, hasta que la Sala se pronuncie, de 1.200.293 euros, que corresponden a la cuota del ejercicio 1998 establecido por la Agencia Tributaria, los 718.570,16 euros de intereses de demora y los 230.796 euros, correspondientes a los gastos de la defensa jurídica desembolsados por el empresario.
La defensa letrada de PwC, que dirige Adrián Dupuy, socio del Departamento de Derecho Procesal de la auditora, basa su argumentación en que el tribunal admitió «de facto» las alegaciones del despacho que representa al empresario –González-Cuellar Abogados– sobre un acuerdo, aportado como «Documento 1» al escrito de oposición de los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación sin darles la consabida audiencia.
Por ello, consideran que, según el artículo 271.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se ha producido una indefensión material para su cliente, infringiendo el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución.
La sentencia, considerada histórica por las razones de su imposición, cayó como una bomba en el sector en el que opera la consultora multinacional por el precedente que ha establecido. Porque establece que las grandes consultoras-auditoras tienen responsabilidad civil. Por ello, a nadie ha extrañado que desde PwC hicieran un último intento, como éste, para tratar de «descarrilar» la mencionada sentencia.
Según fuentes del Tribunal Supremo, la mayor parte de los incidentes de nulidad suelen ser desestimados.
