El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá este miércoles una proposición de ley de Democràcia y Llibertat (DL) que reforme el Reglamento de la Cámara Baja para crear un registro donde deban inscribirse los grupos de interés o ‘lobbies’ que se reúnen con diputados.
Los independentistas catalanes subrayan en su iniciativa que, para tomar la decisión más adecuada para la sociedad, los representantes públicos «necesitan escuchar» los posicionamientos, preocupaciones y argumentos que los distintos agentes le plantean, lo cual hace necesario la «normalización» de la actividad del lobby y, por tanto, su correspondiente regulación para que ésta sea «transparente».
De ahí que propongan un texto que persigue poner en marcha un Registro de Grupos de Interés o Lobbies en la Cámara Baja que garantice el ejercicio legítimo del derecho de los distintos agentes sociales para poder acceder a las instituciones con el objetivo de trasladar a sus intereses, recabar información, defender su situación o solicitar cambios en la normativa que les afecta, especificando los límites de estas actividades.
La coalición que encabezó Convergència (CDC) recalca que la proposición, que no contempla únicamente el comportamiento de las organizaciones, empresas o colectivos sino también el de los representantes públicos, deberá complementarse con dos reformas adicionales para regular también los lobbies a través del Reglamento del Senado, así como la actividad del Gobierno.
En el Registro de los Grupos Interés o Lobbies planteado por los independentistas catalanes han de inscribirse todas las personas físicas y jurídicas que accedan a los diputados o al personal adscrito a la labor parlamentaria para trasladar o representar sus intereses.
LAS NORMAS A CUMPLIR
La inclusión en el citado Registro conllevará el acatamiento de una serie de normas de conducta cuya supervisión correrá a cargo de la Secretaría General del Congreso. Entre ellas, la de no poder obtener ni tratar de obtener información o decisiones de forma «deshonesta» o de un comportamiento «inadecuado», la de no dar a entender, en su relación con terceros, que tiene relación con los diputados ni con las personas adscritas a la labor parlamentaria, o la de no vender a terceros copias de documentos obtenidos del Congreso.
Además, la proposición sugiere que las personas debidamente acreditadas en el Registro tengan acceso a una tarjeta de visita permanente que les permitirá acceder a las zonas públicas de la Cámara Baja. Por su parte, el acceso a los despachos de los diputados requerirá previa autorización o invitado del parlamentario. (EP)
